“El 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado. Se debe garantizar la continuidad de todos los contratos”, exigió Rodolfo Aguiar, referente de ATE Nacional
El 31 de diciembre próximo caducarán alrededor de 50.000 contratos en la administración pública nacional. El Estado, en su rol de empleador, no definió aún la continuidad o la baja de los empleados, aunque se prevé un fuerte recorte, en línea con lo que sucedió la semana pasada en el Ministerio de Justicia, que echó a 2400 personas.
A la incertidumbre por los contratados, se suma las 10.000 intimaciones a jubilarse que ordenó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, hace unos meses. A mitad de año, el presidente Javier Milei se planteó como meta reducir 75.000 puestos en la administración pública nacional.
Según ATE, uno de los gremios estales junto con UPCN, el Gobierno ya avanzó con casi 30.000 despidos. Es decir, si la amenaza retórica del Presidente se traslada a los hechos, serán muy pocos los contratos de ese universo de 50.000 que se terminan los que se renueven en 2025.
“El 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado. Se debe garantizar la continuidad de todos los contratos”, exigió Rodolfo Aguiar, referente de ATE Nacional, en un comunicado.