La clausura de tres talleres de revisión Técnica vehicular obligatoria, además de graves inconsistencias, esconde un detalle pasado por alto: de las dos plantas que quedaron en pie, una pertenece al tío de la intendenta Bettina Romero. Aquí una nueva entrega de «Negocios familiares y conflicto de intereses». (Nicolás Bignante)
La resolución publicada en el Boletín Oficial municipal para inhabilitar a tres talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), no fue un hecho fortuito para los titulares de las firmas RTV Salta y V-Tec Norte. Más bien significó la materialización de lo esperable. El hostigamiento constante a través de notificaciones, artículos periodísticos, escraches y hasta ilícitos como la rotura de carteles e instalaciones, conforman una realidad que azota a los titulares de las firmas afectadas desde hace meses.
A entender del coordinador Jurídico y Legal de la Municipalidad de Salta, Daniel Nallar, las firmas mencionadas otorgaban certificados sin respaldo de los organismos nacionales competentes; concretamente, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Por tal motivo, dispuso la prohibición de la emisión de obleas bajo amenaza de iniciar acciones penales.
Sin embargo, la motivación detrás de las clausuras lejos está de vincularse con el buen transitar y la seguridad de los circulantes. De ser así, los desvelos de la administración municipal pasarían por reparar -al menos parcialmente- las detonadas arterias del ejido urbano. Pero un somero repaso por los apellidos involucrados permite vislumbrar otras variables, en las que asolan intereses y negocios familiares que friccionan con la función pública. La dimensión del beneficio no es menor si se considera que, año a año unos 160.404 vehículos deben someterse a las correspondientes revisiones, según datos de la Dirección General de Estadísticas.
De las dos firmas en pie, luego de la clausura de los talleres de RTV Salta y V-Tec Norte, una pertenece al tío de la intendenta Bettina Romero. Se trata de PLANTA REVESA S.R.L. de propiedad de Aldo Juri, ex-esposo de Liliana Romero Di Gangi (quien a su vez es hermana del ex-gobernador Juan Carlos Romero) y amigo personal de Daniel Nallar. Junto a Tecnobus, REVESA es la única planta operativa luego de que se suscitaran las mencionadas inhabilitaciones, pero con un minúsculo detalle: se trata de talleres CENT (dependientes de la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte) y sólo deberían verificar técnicamente transportes de carga o de pasajeros.
Por su parte, las denominadas unidades particulares (UP) están a cargo de los llamados Talleres Jurisdiccionales. Dentro de este grupo, que involucra a todas las plantas que tributan a la comuna y se someten a sus controles, se encontraban las dos empresas clausuradas.
Los talleres jurisdiccionales comenzaron a trabajar a instancias de habilitaciones municipales emitidas durante la gestión anterior, tras lo cual, la Municipalidad de Salta se constituyó como la única autoridad competente para exigir requerimientos. Según establece la legislación, de no poder cumplir el municipio con las tareas de contralor, deberá firmar un convenio con la ANSV para que sea el organismo nacional es que realice los controles. Desde la comuna reconocieron no contar con los medios para poder fiscalizar el funcionamiento de los talleres, pero el acuerdo con la ANSV nunca se concretó. En resumen, es el ejecutivo municipal el que debe destrabar el conflicto y acordar con Nación o designar un tercero para esa función.
Ahora bien, el funcionamiento de las plantas de REVESA y Tecnobus se dio a instancias de un arreglo firmado con el municipio cuando todavía no existían firmas jurisdiccionales que se hagan cargo de los vehículos particulares. El acuerdo tenía carácter de provisorio, es decir, hasta tanto haya opciones dentro del distrito para encarar las revisiones de UP. Una vez habilitadas las VTV locales, ambas firmas debían abocarse exclusivamente a vehículos de carga y de pasajeros. Pero el convenio persistió pese a la apertura de talleres con jurisdicción municipal, contraviniendo expresamente lo dispuesto por la ley 24.449.
PLANTA REVESA SRL
La firma dispuesta a acaparar la mayor parte del negocio de las RTO en Salta tiene como socios a Aldo Luis Juri y Antonio Melquíades Ruiz. La descripción de actividades detallada en el contrato societario es verdaderamente desconcertante:
- A) Agropecuaria: Explotación de bosques y establecimientos rurales. Administración y explotación de campos.
- B) Servicios: De organización, asesoramiento y atención agropecuaria, laboreos, siembras, fumigaciones y en general.
- C) Industrial: Explotación del ramo de la industria agropecuaria y de concesiones de servicios públicos.
- D) Inmobiliaria: Realizar toda clase de negocios inmobiliarios, compra, venta, permuta, consignación de inmuebles urbanos y/o rurales, explotación, arrendamiento, loteo, etc.
- E) Constructora: Construir y/o remodelar obras en terrenos propios y/o de terceros, ejecutar obras públicas y/o privadas.
- F) Financiera: Financiar, o de cualquier modo intervenir en empresas comerciales y/o industriales, de cualquier tipo.
De todos los negocios posibles, el único que quedó afuera es el que efectivamente realiza: revisiones técnicas vehiculares. Un auténtico tributo a la filosofía Poli-rubro. Recién en 2016, se modificaría el objeto social de la firma incorporando a la lista de actividades la «revisión integral técnica, mecánica y documentacional de vehículos» y sumando al multi-kiosco a los socios Nicolás y Joaquín Juri.
Desde entonces, y tras la apertura de nuevas casas de verificación, Juri aprovecha cuanto micrófono le ponen en frente para despacharse en contra de sus colegas del rubro, a los que considera «ilegales» o directamente «truchos». En 2016 fue un fervoroso portavoz del proyecto de ordenanza para la obligatoriedad de la RTO en motocicletas, lo que incluyó campañas publicitarias y un fuerte trabajo de presión mediática. Su proclama anti-competencia, además, no conoce fronteras y, en ocasiones, llegó a expedirse sobre un taller de la localidad jujeña de Perico.
Desde las casas de verificación jurisdiccionales aseguran que el aporte tributario al que el estado municipal renuncia por no suscribir el convenio con la ANSV es de $12 millones, puesto que son los únicos que pagan impuestos a la comuna. Los talleres CENT, según afirman, sólo tributan al estado nacional. De allí que el perjuicio derivado de la preservación del negocio familiar alcance, por extensión, a las arcas públicas.
En un comunicado difundido por redes sociales, RTV Salta SRL concluye: «La Resolución emitida por Daniel Nallar es absolutamente contradictoria, ya que, fuimos nosotros quienes le solicitamos al municipio a través de expediente la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dado que ningún taller puede inscribirse en la ANSV en forma particular, siendo este, un trámite que solo el Municipio puede efectuar. Esto demuestra que es el municipio quien está en falta, no nosotros».
Mientras tanto, los vecinos de Villa Mitre cuentan que, en una de las avenidas más importantes del barrio, el tio de la intendenta monitorea cada tanto el armado de una nueva planta. Se trataría esta vez de un taller de VTV, que por supuesto no correrá la suerte de sus colegas vetados.