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Gorra en ascenso

El gobierno anunció la incorporación de casi 300 nuevos agentes a la Policía de la provincia. De esta manera, la cantidad de efectivos ascendió a 10.579. Sólo en 2014 ingresaron 900. El crecimiento de las filas no se relaciona necesariamente con la mejora en el servicio. (Aníbal Roldán)

Con el ingreso de 285 agentes, el número de efectivos policiales en la provincia asciende a 10.579. Se trata de un crecimiento sostenido dentro de la gestión de Juan Manuel Urtubey.

Los datos oficiales ofrecidos por el Gobierno de Salta indican que desde 2007, la Policía de la provincia tuvo un crecimiento del 40% en recursos humanos. Entre enero y mayo de este año habían ingresado 600 nuevos agentes. De este modo, sólo en ocho meses, casi 900 se incorporaron a la Fuerza.

“Estamos liderando las estadísticas en cuanto a la cantidad, ahora el desafío que estamos planteando de cara al año que viene es mejorar la calidad de los integrantes de la fuerza”, manifestó el ministro de Seguridad, Alejandro Cornejo D’Andrea esta semana, cuando se informó la incorporación de los agentes. Agregó que “este sistema que cambió desde hace ya seis años está brindando una mayor seguridad para todos los salteños”.

El número de agentes que ingresan anualmente a la Policía salteña viene sosteniéndose desde la era de Pablo Kosiner como ministro de seguridad. Hasta entonces las designaciones eran como en toda fuerza estatal: de acuerdo a las necesidades.

En los años de gestión de Juan Manuel Urtubey, la notoriedad policial se dio en situaciones poco favorables para la institución azul. Desde asesinatos y desapariciones no resueltas, hasta casos de corrupción interna, narcotráfico, muertes dudosas, represiones, torturas y abuso de poder. Sucesos que son tomados por el gobierno como casos aislados que no representan el espíritu de la fuerza.

Dos de los casos más notorios de los últimos años en la provincia, el asesinato de las turistas francesas y los narcopolicías, no dejan bien parada a la institución. En ambas hay polémica por el accionar policial. Desde la separación de 21 miembros de la Policía en junio pasado por haber sido acusados de torturar a los imputados para que se incriminaran, hasta el descubrimiento de que altos oficiales estaban implicados en el narcotráfico.

El suicidio del comisario Néstor Píccolo, que estaba involucrado en la investigación de las dos causas, no ayudó a disipar la sensación de turbiedad en la Policía salteña.

Las represiones varias ocurridas a lo largo de los años de la gestión Urtubey (a los trabajadores de El Tabacal, a estudiantes secundarios, en desalojos barriales) fue una constante que nunca se cortó.

Por eso no fue tan sorprendente la aparición de videos que mostraban a agentes de la Policía salteña torturando a detenidos (en General Güemes) o golpeando y abusando de su poder (Orán). Ante esto, la reacción habitual de las autoridades siempre fue la de aislar y condenar moralmente a los efectivos protagonistas de este tipo de excesos. El gobierno nunca reconoció que dentro de las filas policiales existan personas capaces de torturar salvajemente. Siempre se trata de anormales que manchan la integridad.

Un informe de la Correpi publicado en julio de 2012 analizaba la situación: “Funcionarios como Urtubey, [el ex ministro de Seguridad, Eduardo] Sylvester, [la ex ministra de Derechos Humanos, María] Pace, utilizando la teoría de la ‘manzana podrida’, salen a hablar de estos policías como ‘bestias’, ‘miserables’ o a decir que ‘no son policías sino delincuentes vestidos de policías’, en una doble maniobra: en principio, para correr el foco de la responsabilidad del estado, entregando así, ante la mirada de la opinión pública, al engranaje más débil y reemplazable: los policías, pretendiendo ocupar el lugar de víctima o de afectado cuando en realidad son los victimarios. Por otra parte, aplican la herramienta legal que los legisladores ponen al servicio de los jueces para que éstos puedan garantizar impunidad a mismos verdugos: siempre ‘apremios ilegales’, nunca tortura, basándose en la explicación de que, como estamos en democracia, el submarino seco, el submarino mojado, la picana eléctrica, los golpes, etc., no son torturas”.