En Salta convivimos con acciones antiéticas que hasta que no se descubren parecen normales. Tal es el caso de una funcionaria de primera línea, que además es copropietaria de una empresa de construcción beneficiada con obras que hace su propia gestión.
La Organización Internacional del Trabajo informó que, desde el inicio de la pandemia por coronavirus, en el mundo se perdieron aproximadamente 400 millones de empleos a tiempo completo. Y claro, Salta no escapa a las lúgubres estadísticas globales por lo que “hay que rebuscárselas para ganar el mango”. Y, en esa pesquisa, algunos encuentran la oportunidad, aunque ello implique torcer algunas leyes.
Tal parece ser el caso de TodoConstrucción S.R.L –una modesta empresita dedicada a la construcción, venta de materiales y de huevos (sí, huevos)- que fue creada en el año 2011, y cuya propietaria no es otra que la presidenta del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS), Gladis del Socorro Sánchez y su marido, Ernesto Jesús Hernández. Su casa matriz está ubicada en la zona Norte de la ciudad, más precisamente en la avenida 17 de Junio Nº 475, y el capital con el que fue creada ascendía a 300 mil pesos, dividido en 300 cuotas de mil pesitos.
A lo largo de los años, TodoConstrucción se convirtió en proveedora del Estado y en el 2014 realizó tres obras: dos en la capital salteña y una en General Pizarro, departamento de Anta. Por las tres, la Provincia le pagó $ 2.265.075,35. Luego vendrían los años de sequía, hasta que en marzo de 2019, la empresa de la presidenta del IPSS ganó un llamado a licitación para pavimentar con hormigón simple el acceso a la localidad de Tuyunti, en Aguaray. El precio convenido a pagar era de $ 3.896.369,08, pero meses después la Unidad Central de Contrataciones lo redeterminó en $ 4.482.731,24.
En resumen, por cuatro obras, la Provincia le pagó a Gladys Sánchez $ 6.747.806,59 hasta el año pasado. Pero la suerte quiso que el 2020 fuera el año del matrimonio Hernández Sánchez: el 19 de diciembre, Sánchez fue nombrada presidenta del directorio del IPPS con remuneración de secretario.
Además, el 22 de abril de este año, “por resultar conveniente a los intereses del Estado Provincial”, la Secretaría de Obras Públicas adjudicó a la empresa «TodoConstrucción S.R.L.», la ejecución de la obra «Refacciones varias en Escuela Nº 4.811 – Ara Gral. Belgrano – 2 De Mayo – Salta Capital”, por un monto de $ 210.458,68, a valores correspondientes al mes de abril de 2020.
Si bien la acumulación de expedientes de la administración pública que denuncian “abuso del cargo público a cambio de una ganancia privada” -que es la definición que asigna el Banco Mundial a la corrupción- puede llevar a pensar que no existe una incompatibilidad entre ser funcionario público y prestador del Estado, la ley nacional de Ética en la función pública es contundente.
En el capítulo de “Incompatibilidades y conflictos de intereses”, establece que quien ocupa un cargo en el Gobierno no debiera “prestar servicios a personas que gestionan o tienen una concesión del Estado, siempre que el funcionario tenga competencia directa para contratar, obtener, gestionar o controlar esas actividades” ni “ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeña sus funciones”.
Pero claro, como Salta no adhirió nunca a la ley de ética en la función pública, todo quedaría en la nebulosa de lo que “debiera ser”.
Sin embargo, días antes de que Gustavo Sáenz asumiera, desde el legislativo provincial se sancionó la ley 8171 de Ministerios, que en su artículo 12 reza que “durante el desempeño de sus cargos, el gobernador, el vicegobernador, los ministros, el secretario General de la Gobernación, los secretarios y subsecretarios de Estado deben abstenerse de ejercer, con la sola excepción de la docencia, todo tipo de actividad comercial, negocios, empresas o profesión que, directa o indirectamente, tengan vinculación con los poderes, organismos o empresas públicas provinciales y nacionales.
Si la presidenta del IPPS es dueña del 40% de TodoConstrucción y su socio en la vida y en los negocios del otro 60%, y el manual del buen funcionario público dice que no debe “intervenir en cuestiones relacionadas con las personas o actividades incompatibles con las que estuvo relacionado en los últimos 3 años” o “en las que tenga participación societaria” y que, de ser así, la adjudicación es “nula de nulidad absoluta”.
Sólo queda preguntarse qué sucedió con la presentación de la declaración jurada de Sánchez, y si fue tenida en cuenta por la Provincia a la hora de analizar a quién otorgarían la obra.