La reciente muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, excampeona mundial de boxeo, agitó las aguas del fitness nacional. Si bien la causa oficial fue un accidente cerebrovascular, allegados a la deportista pidieron frenar la cremación del cuerpo ante la sospecha de un posible consumo prolongado de anabolizantes. Aunque aún no hay confirmaciones periciales, el caso alcanzó para activar un debate tan necesario como incómodo: el uso y abuso de sustancias para aumentar el volumen muscular. Salta, aunque guste negarlo, no es ajena a esta realidad. De hecho, algunos gimnasios VIP de la capital son una especie de oasis químico donde se esculpen no solo cuerpos, sino también silencios institucionales.
Allí entrenan —con discreción y proteínas en polvo— legisladores, empresarios, jueces, funcionarios y algún que otro político con pasado (y presente) de causas judiciales. La imagen saludable que proyectan se acompaña, a menudo, con dosis semanales de compuestos ilegales que se consiguen en el mismo lugar donde se hace press de banca. Y si alguien cree que se trata de casos aislados, basta con echar un vistazo a los perfiles de redes sociales: musculaturas que desafían los límites de la biología, glúteos torneados por la química, y abdominales que aparecen de un día para el otro. Todo, claro, bajo el aplauso digital y la complicidad real.
Un cóctel con receta, pero sin control
La ciencia no discute que los esteroides anabólicos tienen usos médicos legítimos: recuperación muscular tras enfermedades graves, pérdida severa de masa corporal o tratamientos hormonales específicos. Pero cuando estos mismos compuestos son usados para lucir como modelo de fitness en Instagram, el asunto se vuelve más sombrío. Los consumidores “recreativos” suelen multiplicar por 10, 20 o hasta 50 las dosis recomendadas. Los resultados pueden ser tan vistosos como letales: desde brotes psicóticos hasta fallos hepáticos; desde hipertrofia mamaria en varones (ginecomastia) hasta riesgo de infarto o ACV. Como si la búsqueda del “cuerpo ideal” no tuviera freno ni retorno.
El vacío legal también ayuda. La normativa nacional más relevante en la materia —la Ley 24.819 de 1997— se enfoca en el juego limpio deportivo. No en la salud pública. Recién en 2002, con la Ley 25.627, se reguló parcialmente la venta bajo receta archivada de productos con esteroides anabólicos. Pero nada de esto impide que, en los gimnasios de barrio o de elite, el mercado negro de estos compuestos florezca con impunidad quirúrgica. En Salta, donde los controles brillan por su ausencia, la fiscalización es un chiste de mal gusto. Y el silencio, una estrategia de marketing.
Vigorexia: la trampa del espejo
El trastorno es conocido, pero pocas veces tratado con seriedad: vigorexia. Obsesión con el cuerpo musculoso, alimentada por un algoritmo que premia la imagen y castiga lo ordinario. En las redes sociales, la vida sana se transforma en culto al cuerpo. Influencers, entrenadores y hasta nutricionistas promocionan rutinas, batidos, suplementos y, en voz baja, sustancias milagrosas. La presión es constante. El que no se ve bien, no vale. Y el que no entrena, no existe.
“El perfil ideal del consumidor de anabólicos es alguien con baja autoestima, que necesita reconocimiento externo”, explica el dueño de un conocido gimnasio del macrocentro salteño. “A veces me pedían la llave en feriados, porque si pasaban un día sin entrenar, se veían desinflados”. Lo que empezó como una rutina saludable, termina en una dependencia similar a la de cualquier droga: primero gratis, luego obsesiva, finalmente destructiva. Los dealers del músculo conocen muy bien ese ciclo. A veces son entrenadores. Otras, los propios dueños del lugar. Todos tienen claro un punto: no se sostiene un gimnasio con cuotas mensuales. El verdadero negocio está en el sótano, y no precisamente del edificio.
Cuerpos públicos, egocios privados
Uno de los gimnasios más exclusivos de Salta es, paradójicamente, uno de los más opacos. Ubicado en zona centro, con cuotas que triplican el promedio, funciona como un club privado del músculo VIP. Allí se entrenan —según testimonios coincidentes— al menos un legislador provincial, un concejal capitalino, un ex funcionario judicial caído en desgracia y varios empresarios locales. Algunos se sacan selfies mostrando bíceps; otros prefieren pasar desapercibidos. Incluso hay quien pide explícitamente no ser fotografiado por temor a que su transformación física levante sospechas.
En los baños de ese gimnasio se han visto —dicen— escenas dignas de un quirófano clandestino: jeringas, viales sin rotular y, en algunos casos, el propio dueño administrando las inyecciones. Nadie denuncia. Nadie controla. Y nadie —en el mejor de los casos— pregunta.
Un rumor persistente asegura que allí también se entrenan hombres vinculados a causas resonantes por corrupción. Quizás para mantener la tonicidad muscular mientras esperan tiempos mejores. O simplemente para escapar del estrés judicial con una buena dosis de testosterona sintética. Lo cierto es que el anabolismo selectivo —como el silencio institucional— no distingue partidos ni ideologías.
Estado ausente, cultura presente
El fenómeno, aunque preocupante, no forma parte de la agenda pública. Ni el Ministerio de Salud provincial, ni los organismos de control farmacéutico, ni el Poder Legislativo local han manifestado inquietud alguna por el avance del mercado negro de esteroides. Tampoco hay campañas de prevención, ni controles sistemáticos en los gimnasios. En Salta, como en otras provincias, la salud parece ser una responsabilidad exclusivamente individual. La vigilancia estatal brilla por su ausencia, mientras el culto al cuerpo se vuelve cada vez más peligroso.
Algunos gimnasios, vale decir, intentan poner freno: colocan límites de peso en sus máquinas para evitar lesiones y desincentivar a quienes buscan resultados inhumanos. Pero son una excepción. La regla es otra: cuanto más volumen, más likes; y cuanto más likes, más ventas.
El músculo como símbolo
El uso de esteroides en Salta no solo es un problema de salud. Es también un síntoma cultural. Vivimos en una época donde la imagen vale más que el esfuerzo, donde el cuerpo es la credencial de éxito, y donde hasta los funcionarios públicos parecen entrenar más los pectorales que sus capacidades institucionales. No es casual que los mismos que impulsan leyes en la Legislatura o sentencias en Tribunales compartan sala de pesas con vendedores de sustancias ilegales.
En una ciudad donde el poder se exhibe con vehículos importados, relojes suizos y músculos aceitados, la vigilancia sobre el mercado negro de anabolizantes es una causa perdida. Y el silencio —político, judicial, periodístico— termina siendo más escandaloso que cualquier bíceps inyectado.
La muerte de “Locomotora” Oliveras, aunque trágica, abrió una hendija. Mostró que detrás de los cuerpos esculpidos también hay un negocio sucio, y detrás del músculo, muchas veces, un ser humano al borde del colapso. Tal vez sea hora de que Salta se mire al espejo. No para admirar sus abdominales, sino para preguntarse hasta cuándo seguirá tolerando que la salud sea un lujo, y el anabolismo, un negocio de familia.