La varias veces anunciada y nunca concretada terminal de ómnibus de Gral. Güemes es un ejemplo claro de la metamorfosis de la obra pública en Salta. A siete años de su anuncio, la obra es una deuda fundamental para el desarrollo del municipio y la región.

A lo largo de siete años, el desarrollo de una obra pública en Salta puede transitar por las más inauditas etapas y fases. Bien lo saben los güemenses, que ya llenaron sus oídos de promesas sobre la construcción de una nueva terminal de ómnibus; obra que, por cierto, no requiere mucha fundamentación considerando el lugar estratégico y de paso en el que está ubicado el municipio. Desde la gestión de Daniel Segura, pasando por la de Alejandra Fernández hasta llegar a Sergio Salvatierra, la obra experimentó una serie de mutaciones que, como siempre, derivan en un mismo interrogante: ¿Dónde fue a parar la tarasca?

Todo comenzó en 2013, cuando la provincia anunció que iniciaría la obra en conjunto con el municipio a través de la secretaría de Obras Públicas. Del acto participaron, además del ex-gobernador Juan Urtubey, el secretario Sergio Zorpudes y el intendente Segura. Para el trabajo, cuya inversión se estimó en $ 4.615.458,82 presentaron su oferta económica dos empresas salteñas: AL INGENIERIA S.R.L e INVLAC CONSTRUCCIONES SRL. En los papeles, el proyecto preveía: nuevas boleterías, depósitos, dársenas y núcleos sanitarios.

Siete años después, el gobernador Sáenz junto al ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni se fotografiaron para lo que sería un triste remake de aquel anuncio. Esta vez bajo el título: «En Güemes se construirá una playa multimodal de cargas y una nueva terminal de ómnibus». Más abajo, la descripción del proyecto alude a «una necesidad histórica y un compromiso del gobernador Sáenz en campaña. La misma será el primer proyecto a ejecutarse en un plan nacional». En resumen, dos postales de una misma noticia separadas por siete años.

No obstante, en el medio hubo una serie de situaciones que enrarecieron el desarrollo de una obra que no debía llevar más tiempo del previsto inicialmente. De los pedidos de informe, a las apuradas de Urtubey para terminar los trabajos antes de 2018, de los rumores de demolición a investigaciones sobre presuntos robos de materiales. Cada año, la nueva terminal de Ómnibus se convertía en la oferta estrella para los ciudadanos del municipio y ameritaba fotogénicas «recorridas» de fiscalización.

En 2017, luego de transitar cuatro años de espera, aparecieron las primeras explicaciones oficiales sobre la paralización de la obra. Por entonces, el arquitecto autor del proyecto Alejandro Núñez se excusó: «Se trata de mi segundo proyecto de esta terminal; el primero que presenté comenzó a construirse, pero por distintos motivos que son ajenos a mi competencia quedaron inconclusos. Hace algunos meses acordamos algunas modificaciones para adaptar el proyecto a un nuevo presupuesto que consiste en dos etapas, la primera de ellas va a permitir un correcto funcionamiento de la terminal, con todas las comodidades necesarias tanto para las empresas como para los pasajeros. Esta etapa ya está en marcha. La segunda etapa estará condicionada a nuevos fondos que deberán renegociarse más adelante”. En pocas líneas, el profesional además de explicar los motivos del retraso, abrió la cancha para la concreción de nuevos desembolsos.

Unas pobres estructuras de concreto en forma de «Y» son todo lo que se pudo ver y categorizar como «avance» de la millonaria obra. En paralelo a la terminal, el municipio fue avanzando con un proyecto de «Centro Cultural» que luego devino en cine teatro. Muchos sugirieron que el atraso de una obra iba directamente vinculado al avance de la otra, por lo que se denunciaron desvíos de fondos. Como si fuera poco, lo escasamente hecho dejaba mucho que desear: No coincidían las medidas, como si se hubiesen utilizado distintos planos y las dársenas donde tenían que ingresar los colectivos estaban notoriamente mal hechas.

Todo esto llevó a que en el departamento comience a circular fuerte el rumor de que había que demoler y empezar de nuevo. “La primera empresa hizo toda la parte del piso y la segunda empresa hacía la parte del techo de la terminal, donde había una parte nueva y otra que se había acondicionado”, explicó el periodista Eduardo Martel en una entrevista radial. «Las dársenas también estaban mal hechas… o sea que es cierto que hay que demoler”, aseguró.

 

A fines del año pasado, la controvertida terminal volvió a las tapas de los diarios luego de que se descubriera que se encontraba «enganchada» a la luz y que Edesa dispuso el corte del servicio. Para subsanar la emergencia, el municipio debió colocar un equipo generador. La explicación del jefe de Obras Públicas Néstor Galíndez fue:  “No tenemos luz porque Edesa interrumpió el servicio y al cual nosotros nos encontrábamos conectados con un medidor de obra. Lógicamente, no es lo correcto, pero también debemos decir que las boleterías y los quioscos no pagan la luz que utilizan”.

Finalmente, en mayo de este año, antes de que la obra se anunciara por última vez, un verdadero escándalo se suscitó en el concejo deliberante. Las sospechas de que los materiales utilizados para la construcción del techo de la terminal habían sido vendidos, motivaron una serie de pedidos de informe al Departamento Ejecutivo Municipal. En ellos se exigía al intendente Sergio Salvatierra que «explique los detalles de la presunta operatoria de venta del antiguo techo de la terminal de ómnibus de esa localidad, ocurrida el 14 de este mes». Lo que reflejaron los portales güemenses fue que el 14 de mayo a mediodía un camión de la empresa Altos Hornos Zapla cargó y se llevó techos, perfiles y otros materiales que habían sido retirados de la terminal de ómnibus en ocasión de su remodelación. La chatarra retirada tendría un peso 2 toneladas y media y se especula que la venta podría haber alcanzado los 3 millones de pesos. También aclararon que la operación de venta no contó con la autorización del Concejo Deliberante y mucho menos con el llamado a licitación.

Al igual que las innumerables obras desaparecidas o nunca concretadas en los Fondos Bicentenario y de Reparación Histórica, otros trabajos de suma envergadura para el desarrollo de los municipios son objeto de espurios manejos que enlodan la transparencia del proceso de obra pública.

 

 

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