Las familias de las víctimas del accionar policial volvieron a reunirse con el procurador Abel Cornejo. Denunciaron la existencia de una forma de actuar sistemática en cada uno de los hechos y reiteraron el pedido de cárcel común para los efectivos.
De la reunión participaron: Alicia Salas, Mariel y Jennifer Gallardo, quienes son la madre y hermanas de Cristian Gallardo; el padre de Jorge “Guri” Farfán, Jorge Farfán; la madre, padre y hermano de Martín Carreras, Rosa Lidia Cabrera, Ramón Carreras y Facundo Carreras, y la hija de David Alfonzo Neri Ovejero, Agustina Alfonzo.
Según informó el sitio web del ministerio público fiscal, los familiares insistieron con manifestar su intención de que se agraven las calificaciones contra los imputados y la agilización e información sobre el estado de las causas, pero remarcaron especialmente a la necesidad de que el Poder Ejecutivo Provincial reaccione y disponga, a través del Ministerio de Seguridad, la modificación de la metodología de detención de personas sospechadas de la comisión de delitos, porque la vigente y tolerada por la cartera de Seguridad, puede terminar con la vida de las personas.
Los familiares reiteraron su preocupación ante el Procurador al considerar que existen elementos en común que unen todos los casos y que no se tratan de hechos aislados entre sí, sino que hay elementos conexos y puntuales, que habrían desencadenado en la muerte de las víctimas.
Además, criticaron que el Tribunal de Impugnación haya rechazado esta semana la apelación realizada por el Ministerio Público Fiscal, al beneficio de la prisión domiciliaria de los efectivos imputados en el caso Gallardo, “porque sienta precedentes de beneficios de personas que tienen graves acusaciones en su contra”, afirmaron.
Por otra parte, los familiares coincidieron en la necesidad de que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales sea dirigido por un fiscal, porque eso garantizará que no deban pedir reiteración de informes, pericias y otras tareas que lleva adelante el CIF, especialmente cuando se trata de autopsias, a las cuales el Procurador las calificó como “pruebas fundamentales” de una investigación.