Un informe de la ONG Ruido revela que en el 70% de las provincias argentinas persiste la figura de “gastos reservados”, propiciando hechos de corrupción y discrecionalidad. En Salta, el ítem no figura en el presupuesto como tal, pero existen partidas que escapan a toda forma de control.
Nicolás Bignante
17 de las 23 provincias argentinas más CABA manejan gastos reservados o algún otro tipo de fondo sin control, un contexto que puede propiciar eventuales casos de corrupción y manejo discrecional de dineros públicos. Así se desprende de un detallado informe realizado en todo el país por la red Ruido y que incluye a Salta como uno de los distritos con partidas que carecen de control.
El estudio define la categoría “gastos reservados” como “aquellas erogaciones de las administraciones públicas que, por razones de confidencialidad, permanecen ocultos al escrutinio público. Se trata, por lo general, de fondos que se utilizan para seguridad o para investigaciones policiales”. A su vez, existen otras partidas presupuestarias que, con otros nombres y por distintas razones, no se rinden con los mismos mecanismos que establecen los Tribunales de Cuentas provinciales para el resto de los gastos.
La figura de “Gastos reservados” propiamente dicha aún persiste en 11 provincias (45% del total), mientras que 10 (41%) tienen otros montos presupuestarios o agencias o sociedades estatales con fondos que no se rinden ante los Tribunales de Cuentas locales con los mismos mecanismos de control que otras partidas. Algunos distritos cuentan con ambas figuras.
Fiduciarias, agencias y «Sapem»
El informe detectó que en muchas de las provincias existen organismos descentralizados que no efectúan rendiciones de gastos de la misma manera que el resto. Adquieren la forma de “fondos fiduciarios” (Chaco), “agencias” (Córdoba) o “Sapem” (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, como en San Luis o Tierra del Fuego) que, en la práctica, o tienen socios privados en porcentajes exiguos, o bien carecen de ellos.
Son entes que manejan gran parte de los presupuestos provinciales y que, a diferencia de los ministerios, sólo presentan balances y libros generales, pero no las rendiciones al nivel de detalle que exigen los tribunales de cuentas para toda la administración pública.
Por lo general, los gastos reservados aparecen en los presupuestos bajo el ítem “Servicios no personales”, que en algunos casos sirve para ocultar partidas cuyo destino se desconoce.
650 palos reservados
La Nación también mantiene aún gastos reservados. Al comienzo de su administración, el presidente Alberto Fernández impulsó un nuevo protocolo para transparentar esos fondos, que en casos como los de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) eran casi el total del presupuesto.
Según la AFI, ya en enero de 2020, del 100% del presupuesto ejecutado ($ 125.146.235), el 95% ($119.875.962.75) revistió carácter “público”. Eso fue así debido a la aplicación del decreto 52/2019, dictado por el Presidente apenas asumió. Antes de esa fecha, la relación era inversa: casi la totalidad de los gastos eran de carácter secreto.
Actualmente, los gastos reservados representarían sólo el 9% del presupuesto de este organismo. El informe relevó en el presupuesto nacional 2023 las siguientes partidas de gastos reservados:
Ministerio de Seguridad: $64.300.000.
Presidencia: $650.000.000.
Ministerio de Defensa: Hay seis ítems con $29.781.037, $7.602.896, $13.734.527, $4.352.750, $3.933.022 y $156.842.
Poder Legislativo: $650.000.000.
Información poco accesible
Apenas cinco de los 24 distritos nacionales (las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires) respondieron el pedido de acceso a la información presentado en agosto de 2023 por la ONG Ruido: Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Entre Ríos y Salta. Igualmente, destacan, “ello no significa que hayan brindado información útil en todos los casos”.
En esos pedidos se solicitaba información sobre si existían gastos reservados -y en ese caso, los montos-, y sobre otros fondos no sometidos al mismo esquema de rendición que otras partidas en los tribunales de Cuentas locales.
Advertencias
Para Germán Emanuele, consultor experto en gobernanza, integridad y sustentabilidad; y exdirector de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la fundación Poder Ciudadano, “los gastos reservados debieran estar afectados a cuestiones específicas, ser sometidos a los máximos controles por parte de los órganos de auditoría (tanto internas como externas) y cumplir con las garantías consagradas en las normas de acceso a la información pública, en lo que respecta a su difusión y rendición de cuentas”.
A su vez, afirma que los gobiernos “deben generar las condiciones para que la sociedad pueda conocer el origen y destino de los fondos reservados. Los principios y garantías en materia de acceso a la información pública exigen ciertas condiciones para que esos fondos se encuentren, igualmente, disponibles para el control por parte de la comunidad, ya sea mediante el sistema de tachas, a través de mecanismos de información que no pongan en riesgo cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, y siempre bajo el estricto control de daños y de interés público que se debe hacer en términos de si su divulgación pesa más que la necesidad de su reserva”.
Hallazgos y conclusiones:
-El 70% de los gobiernos provinciales manejan gastos reservados o algún otro tipo de fondo sin control total de los tribunales de Cuentas.
-Los «gastos reservados» aún figuran en 11 provincias argentinas.
-En 10 provincias existen además otros tipos de fondos que no rinden cuentas: figuras jurídicas como «fiduciarias», «agencias» o sociedades con participación estatal mayoritaria que a lo sumo presentan balances generales, pero no efectúan rendiciones de sus gastos a través de los mecanismos reglamentados para el resto de la administración pública.
-Algunas provincias usan estas empresas para distribuir -y ocultar- el detalle de la pauta oficial.
-Sólo 5 provincias respondieron el pedido de acceso a la formación de RUIDO.
-La Nación, si bien inició un protocolo de reducción de gastos reservados, aún dispone de ellos. Sólo Presidencia de la Nación tiene un fondo de $650 millones presupuestado para 2023, en ese ítem.
-Esta falta de controles es un factor que propicia casos de corrupción y manejo discrecional de dineros públicos.