En medio de un periodo de austeridad proclamado por el Gobierno Provincial, destinado a contener los estragos de la crítica situación económica en el país, ciertas decisiones parecen contradecir los esfuerzos por restringir el gasto público. Tal es el caso de las recientes adjudicaciones realizadas por la Dirección General de Rentas, que levantan dudas sobre la coherencia en la administración de los recursos.
Bajo la premisa de reducir los costos y priorizar las necesidades más apremiantes, resulta sorprendente observar la aprobación de la Adjudicación Simple No 95/2023, que autoriza la compra de un equipo de aire acondicionado por la suma de $2.093.053,46 para el Salón del Subprograma Grandes Contribuyentes. En un contexto donde se esperaría un mayor control del gasto, la adquisición de este tipo de bienes plantea interrogantes sobre la prioridad de las inversiones.
La desconexión con la realidad se profundiza con la Adjudicación Simple No 96/2023, que aprueba la compra de dos equipos de aire acondicionado por un total de $2.120.000,00 para la Oficina de División Gestión de Calidad y el Salón del SAF de la Dirección General de Rentas. Aunque la necesidad de un ambiente confortable puede ser justificada, la adquisición de estos equipos en un momento de austeridad genera cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de los recursos.
La adjudicación de catorce sillas giratorias por un monto de $1.956.795,00, según la Adjudicación Simple No 99/2023, para el Subprograma Gestión Contribuyentes Generales también suscita inquietudes. Si bien la comodidad y ergonomía son importantes, la pregunta persiste: ¿es este el momento adecuado para realizar este tipo de inversiones?
Estas decisiones, tomadas en aparente inconsciencia de la situación económica actual, plantean la necesidad de una revisión más cuidadosa de las prioridades y el uso de los fondos públicos. En un periodo de restricciones y dificultades financieras, la transparencia y responsabilidad en la gestión de recursos se vuelven más cruciales que nunca. La ciudadanía merece una explicación clara sobre estas acciones que parecen contradecir los principios de austeridad proclamados.