En la búsqueda de ambientes laborales seguros y respetuosos, el juez de Violencia Familiar y de Género de Metán, Carmelo Eduardo Paz, tomó medidas cautelares contra un funcionario municipal de Rosario de la Frontera. Surgen a raíz de dos denuncias por violencia laboral presentadas por empleadas bajo su supervisión.
La situación revela la importancia de abordar la violencia en el ámbito laboral, un fenómeno que no siempre recibe la atención que merece. Las denunciantes alegan haber sido amenazadas con la pérdida de empleo debido a supuestas designaciones en la gestión anterior.
Las medidas impuestas al funcionario subrayan la gravedad de la situación. Se le prohíbe ejercer cualquier forma de violencia, ya sea física o psicológica, y se le restringe el contacto mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o publicaciones en redes sociales. Además, se le impide acercarse al domicilio de las denunciantes y se establece una distancia específica en el entorno laboral.
La inclusión de una capacitación en realidades y perspectiva de género o la Ley Micaela es un paso crucial. Esto destaca la necesidad de concientización y educación para prevenir y abordar la violencia de género en todas sus formas. Asimismo, la intermediación de un tercero para transmitir disposiciones laborales demuestra el compromiso de garantizar un entorno laboral saludable.
Esta situación en Metán sirve como recordatorio de que la violencia laboral no debe tolerarse ni pasarse por alto. Las medidas cautelares son un paso en la dirección correcta, pero también subrayan la urgencia de implementar políticas y prácticas laborales que fomenten la igualdad, el respeto y la seguridad para todos los trabajadores.