Las comunidades originarias de la Quebrada del Toro otra vez son blancos de aprietes por parte de la empresa Foxter S.A. El conflicto por las tierras se suscitó a raíz de la instalación de una planta fotovoltaica con una inversión de 250 millones de dólares. (Nicolás Pantaleón Abalos)
Los comuneros Bartolomé Burgos, Cristóbal Ramos, Esteban Vilca y Epifanio Martínez recibieron la mala noticia durante semana santa. Apenas unos días después de la notificación el Concejo del Pueblo de Tastil decidió reunirse los días siguientes para llamarse a estado de alerta ante otra acción intimidatoria de Foxter S.A.
El suelo que está en jaque es la finca El Gólgota, que comprende los parajes de Ingeniero Maury y Gobernador Solá, hasta el río de las Capillas, incluida esa zona. Finca el Toro, ubicada más arriba, también dice ser propiedad de la empresa. En total se trata de 140 mil hectáreas en disputa.
La situación de cada denunciado es particular. En el caso de Esteban Vilca, referente de la comunidad de Solá, la empresa lo denunció en 2017 para que devuelva sólo 500 metros cuadrados de un total de diez hectáreas. “Para mí esto ha sido un apriete para asustarnos porque no querían que todo vaya a juicio sino se iba a tardar”, explicó Vilca.
Lo mismo sucedió con el resto de los implicados en la devolución de tierras en Gobernador Solá. Sin embargo no pasó lo mismo en el paraje de Ingeniero Maury, donde los puesteros llegaron a acuerdos con la empresa -mediante dinero o contrato de comodatos- por temor a enfrentar largos y costosos juicios.
Por el momento los abogados del Estudio Macaron que llevan la causa, pidieron la suspensión del inicio de los juicios de desalojos a los denunciados, con un recurso de “interdicto” para recobrar la posesión. “Se trata de una acción rápida para que el juez ordene que la comunidad conserve la posesión del lugar por actos turbatorios de un año hacia atrás”, explicaron los abogados del estudio a cargo de la defensa.
El conflicto por las tierras se suscitó a raíz de la instalación de una planta fotovoltaica en Campo Carachi también en la misma zona. Justamente el lugar elegido para el emprendimiento es atravesado por el “Camino del Inca”, declarado Patrimonio de la Humanidad, y a través del cual también cruzan las líneas de alta tensión.
Lo peculiar es que el proyecto apareció publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y consiste en una Planta solar de 200MW con una inversión de 250 millones de dólares.
Todo a favor de la comunidad
Mientras apenas avanza la justicia los pobladores de los cerros ven todo con bastante optimismo. Por un lado la defensa del Estudio Macaron realizó presentaciones relacionadas con la cuestión indígena y la conservación de los sitios arqueológicos. “Se realizó una inspección ocular con la jueza y constató la efectiva posesión de la comunidad”, dijeron desde el estudio a pesar de que no hubo un pronunciamiento oficial. Por otro lado hay una posible segunda defensa, en caso de ser necesario, que apunta al reconocimiento de las familias y su “posesión veinteñal” por derechos adquiridos.
Pero, quizás la prueba más significativa tiene que ver con la resolución 98/2018 publicada en Boletín Oficial de la Nación en marzo del año pasado. En el documento se reconoce “la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Aborigen Pueblo de Tastil en el paraje de Gobernador Solá”.
El escrito oficial da por terminado “el relevamiento técnico, jurídico y catastral en la Comunidad Aborigen Quebrada del Toro, Personería Jurídica Resolución Ministerio del Gobierno de Salta Nº 325/04”. Según Vilca los relevamientos (arqueológicos, sociológicos y antropológicos) como lo prevé la ley 26.160 se realizaron en 2012, “pero nunca hubo ninguna resolución del Instituto de Asuntos Indígenas”. Ahora es una realidad y significa “un paso más para la entrega definitiva de los territorios” agregó.
Con este relevamiento el Estado reconoce efectivamente que las tierras pertenecen a la comunidad ancestralmente. Sin embargo, “es el mismo Estado que dice que la comunidad habita ahí y es el mismo Estado que está turbando poniendo una planta fotovoltaica en medios de los puesteros”, sentenciaron los abogados.
Historia de una usurpación
Todo comenzó en 1835 con la llegada de la familia Torino y Diez a la zona y la apropiación de las tierras. Sin embargo en la quebrada ya había personas viviendo de los cultivos y la cría de ganado.
En 1921, con la fundación de Campo Quijano y la instalación del Ramal C 14, los Torino terminan de adueñarse de las tierras. Recién en 1976 las venden a una empresa denominada Foxter S.A. que nunca tomó posesión y en ese proceso de transición, los terratenientes hicieron y deshicieron a voluntad el destino final de los originarios, lo que produjo un gran movimiento migratorio en la región.
Durante la década del 90, es decir casi 20 años después, a los originarios se les apareció un gaucho de nombre Guillermo García y que adujo ser el nuevo dueño de la finca; al mismo tiempo que exigía -con un abogado de por medio- que le firmaran la propiedad de las extensas tierras. La sorpresa vino después, cuando los comuneros se enteraron que el guacho buscaba acreditar su residencia en la zona para reclamar la “posesión veinteñal” ante la justicia, cuando se lo veía esporádicamente en el paraje de Ingeniero Maury.
Pasaron unos años y otro personaje, proveniente de Buenos Aires, saltó a escena para reclamar las tierras: Carlos Arini. Las negociaciones no tuvieron frutos y en 2011 apareció Bernardo Solá con las mismas intenciones y asegurando ser el director de la empresa Foxter S.A.
Durante todo este tiempo las negociaciones se llevaron de manera pacífica, hasta que llegó un nuevo administrador de la empresa de apellido Robles. Junto a otro hombre amenazaron a los comuneros, mataron animales y rompieron los cercos de los pobladores de la zona; todo esto denunciado en la policía y ante la justicia.