La cámara empresaria que proveerá los aparatos para labrar fotomultas en Salta tuvo integrantes que forman parte de la actual gestión de Seguridad Vial. Antecedentes y denuncias que develan un negocio multimillonario y confiscatorio. 

 

En junio de este año la intendenta Bettina Romero junto al secretario Legal y Técnico Daniel Nallar firmaron un convenio con la CECAITRA (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito) para restablecer el sistema de fotomultas en la ciudad. Una de las cláusulas del convenio establecía que por cada multa cobrada, la cámara empresaria se llevaría el 45%, independientemente del valor de la prestación del servicio. En resumen, de cada infracción que pague un ciudadano, casi la mitad irá a las arcas de las 15 empresas que conforman el consorcio.

La organización que presenta como «sin fines de lucro», en realidad facturará millones al estado municipal a lo largo de los cuatro años que dure el convenio y con la posibilidad de prorrogarlo otros dos más. Pero además, se encuentra denunciada y seriamente cuestionado por haber albergado durante años en sus filas a quienes hoy forman parte de la gestión en Seguridad Vial. Esto es, tienen miembros a ambos lados del escritorio.

Un informe del programa PPT reveló los nexos entre la entidad empresario y los funcionarios de la Agencia. En primer lugar se menciona al director interjurisdiccional de la ANSV, Martín El Tahham, quien hasta el 31 de diciembre de 2019 trabajó en relación de dependencia con la cámara. También estaría involucrado el director ejecutivo de la misma agencia, Pablo Martínez Carignano. Si bien no trabajó en relación de dependencia, le facturó en reiteradas oportunidades. Incluso era columnista en programas de radio donde la entidad era auspiciante

El flujo de dinero derivado de estas operaciones/negocios se estima sólo para el AMBA en $14 mil millones. Extendida a todas las jurisdicciones en las que se firmaron convenios similares, la cifra es inestimable.

Otras denuncias

La Oficina Anticorrupción (OA) emitió un dictamen el pasado 16 de julio, según el cual El Tahham, a partir de su reciente relación laboral con la cámara, debió haberse abstenido de firmar dicho convenio. No se pronunciaron respecto a Martínez Carignano, dado que el funcionario no presentó las facturas emitidas en 2019 para la cámara ante la OA.

Cecaitra ya había sido denunciado en otras oportunidades por estos manejos. En efecto, están investigados en la justicia federal de Morón por un caso similar. En ese caso, tenían vínculos con municipios que estaban “tercerizados” a través de otro organismo estatal, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Así, ellos eran contratados por diferentes municipios para dar su servicio. Como los montos no permitían que las contrataciones se hicieran de manera directo con un ente privado, aparecía la UTN, pero era la Cecaitra la que prestaba el servicio. Felipe Yanaduoni, directivo de la cámara, figuraba como responsable.

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