La defensa corporativa que la liga de Intendentes hizo de Julio Jalit, sumada al señalamiento a los medios como responsables de las denuncias por corrupción que afrontan, hizo que las miradas se posen nuevamente en los municipios y el manejo feudal de los recursos públicos. ¿Quién es quién entre los que defienden al patrón de Pichanal? (Nicolás Bignante)
Decía Carlos «Indio» Solari en una de las pocas entrevistas que supo dar en la década de los 90’s: «Uno recién conoce a sus amigos ladrones cuando suena la alarma». El músico hacía referencia por entonces a que, más allá de los ensayos, los pingos se ven en la cancha; o en este caso, en el escenario. La frase podría describir perfectamente, aunque con tintes menos metafóricos, la solidaridad de casta expresada en estos días por los integrantes del Foro de Intendentes a su par Julio Jalit de Pichanal.
Aunque el señor feudal del norte provincial enfrenta denuncias mucho más serias que haberle pifiado en un discurso de apertura de sesiones, la reacción oficial llega después de que el escándalo estallara en medios y redes. De esta forma, la auditoría al municipio se realizará después de varias irregularidades detectadas desde la última inspección en 2014.
Así y todo, lo más llamativo de las repercusiones del caso Julio «para robar hay que ser inteligente» Jalit, fue la explicación que sus colegas le encontraron al asunto. Y es que el Foro de Intendentes, además de defender ante la prensa al pichanalense, convocó de urgencia a una reunión para tratar de manera especial el «tema medios de comunicación». En resumidas cuentas, para los jefes municipales los «errores de transparencia» -como alguna vez supieron llamar a los hechos de corrupción en los municipios- son esencialmente un problema de la prensa.
Como no estaba previsto que la convocatoria trascendiera, los motivos de la reunión fueron desmentidos rápidamente. A su vez, desde el Foro negaron que el aquelarre tuviera que ver con el caso Jalit. Fue el presidente de la institución, Mario Cuenca, quien se encargó de bajarle la espuma a la polémica asegurando que «si hay algún intendente en particular que tenga algún problema con algún medio, que lo denuncie. Pero que no utilicen la institución para hacerlo».
«Colas de paja» que le dicen…
La recomendación de Cuenca parece no haber llegado a oídos de algunos intendentes que aprovecharon el caso para denunciar operaciones mediáticas en su contra y/o respaldar a Jalit. Tal es el caso de Rubén Méndez, quien aguarda junto a los 21 mil habitantes de Salvador Mazza, la resolución judicial que determinará si sigue en su cargo o es destituido. El jefe comunal de la localidad norteña, que aseguró que los medios «le están haciendo mucho daño a los municipios», ostenta un prontuario bastante coherente con su perfil de amedrentador de periodistas.
Además de la destitución votada por los concejales, el intendente pociteño afronta un pedido de intervención solicitada por el diputado Manuel Pailler. La misma está relacionada a irregularidades en el desempeño de la función pública y malversación de fondos. Uno de los hechos más resonantes tuvo lugar en 2016, cuando la provincia giró 3,8 millones de pesos de un total de 12 millones contemplados en el Fondo del Bicentenario para obras en la Avenida Mariscal Santa Cruz. La empresa que trabajó en la primera etapa no pudo cobrar por sus trabajos porque los cheques entregados no tenían respaldo. Al día de hoy, la calle se encuentra igual que hace tres años. El jerarca de Salvador Mazza enfrenta además denuncias por nepotismo -cerca de 23 parientes trabajan en el municipio-, violencia de género y por pagar cifras siderales a conjuntos como Los Kjarkas o Los Tekis por presentaciones en fiestas patronales.
Junto a Méndez y Jalit, otros intendentes abultan la lista de culposos señaladores de medios. El secretario General, Roberto Vázquez Gareca (Intendente de San Carlos), es uno de los tantos alcaldes que demuestra una aversión por presentar rendiciones. En 2016 fue muy criticado cuando decidió dejar el municipio acéfalo para vacacionar en Brasil sin que ninguno de los tres concejales supiera de su partida. La escapada del intendente se dio cuando debía presentar las rendiciones de ingresos del festival de San Carlos y responder informes sobre obras inconclusas.
El vocal 3°, Daniel Alejandro Escalera (Intendente de La Caldera), se encuentra denunciado por la venta irregular de 40 hectáreas en el dique Campo Alegre. La maniobra denunciada por los concejales de La Caldera consistió en aprobar el contrato de compra-venta de terrenos que habían sido cedidos por la provincia en 2012 al exintendente Luis Mendaña. La donación se realizaba bajo condición de ser utilizada para el desarrollo integral de la zona. Se trata de un inmueble valuado en $80 millones que fue vendido en $10 millones. El cuerpo deliberativo de esa localidad tomó la determinación de impulsar el juicio político al intendente Escalera y a su antecesor Mendaña.
El vocal 8° del Foro, Sergio Gerardo Oliva (Intendente de Aguas Blancas), se encuentra procesado nada menos que por habilitar una Aduana paralela en el municipio fronterizo. El delito por el que fue imputado en primera instancia era: “autor prima facie del delito de contrabando de mercaderías agravado por la calidad de funcionario público”. Según consta en el expediente: «la Dirección Regional Aduanera de Salta informó sobre un incremento en el flujo de personas que ingresan y egresan del territorio por pasos no habilitados en el sector denominado “El Paltal”, del cual se advirtió un significativo tránsito de personas que circulan desde la ciudad de Bermejo (Bolivia) hacia Aguas Blancas y viceversa”. El joven intendente manifestó ante la justicia que desconocía que la arteria en cuestión era un paso fronterizo ilegal y que «de buena fe» mandó las máquinas a allanar el camino.
El prosecretario de Actas, Leopoldo Cuenca (Intendente de Rivadavia Banda Sur), fue carnicero, colectivero y dueño de un ciber. Pero su andar en las finanzas cambió radicalmente desde que se inmiscuyó en la política. Hace cinco años fue denunciado por malversación de fondos y la causa todavía duerme en la justicia. La denuncia fue el resultado de una auditoría que detectó falta de rendiciones, compra-ventas irregulares, contrataciones directas y ejecuciones presupuestarias de todo tipo. Las irregularidades detectadas por la auditoría realizada en el municipio contrastan fuertemente con la vida de jeque árabe que lleva el jefe comunal. Según comentan en el pueblo, los baños de su suntuosa mansión tienen las dimensiones del rancho de cualquier parroquiano de la zona. Cuenca se encuentra, además, denunciado desde 2012 por intentar adueñarse mediante maniobras fraudulentas de unas 35.000 hectáreas pertenecientes a familias campesinas y originarias.
El intendente de Santa Victoria Este, Moisés Balderrama, es el secretario de actas del foro y actualmente enfrenta denuncias por incumplimiento de la carta orgánica al negarse a responder los pedidos de informe del Concejo Deliberante. El jefe municipal además fue denunciado por el incumplimiento en la realización de obras que fueron incluidas en el informe anual de gestión como ejecutadas. Entre ellas se encuentran: los playones deportivos de Alto La Sierra, de Misión La Paz, de La Puntana y Santa María. Los centros de salud de Aguas Verdes y Misión La Gracia, los centros de integración de Puntana y Santa María, y la red de agua potable de Alto La Sierra.
El intendente Alberto Fermani, de Las Lajitas, se encuentra imputado junto a la gerenta del hospital de esa localidad, Estelina Aguirre, por asociación ilícita. En 2012, dos viviendas estatales destinadas a médicos de la zona quedaron a nombre de Aguirre y Fermani, este último pagó la exigua cifra de $80.000. En esa causa, quedaron imputados también la sobrina del intendente y un empresario de la construcción que figuraba como comprador en la cadena de venta de inmuebles.
El cafayateño Fernando Almeda suma denuncias de toda naturaleza. Una de las más resonantes fue presentada en 2017 por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por no presentar el presupuesto municipal y el cálculo de gastos y recursos. Por otro lado, Almeda fue duramente cuestionado por no haber intercedido ante la usurpación que la firma Pernod Ricard (Bodegas Etchart) hiciera de 32 hectáreas pertenecientes al municipio. La fiscalía penal de Cafayate, por entonces, respondió a los denunciantes: «esto es política, no se puede hacer nada».
La liga de los indenDientes
Ese parece ser el derrotero de casi todas las causas que involucran a la liga de los intendentes, por lo que continuar con esta lista resultaría interminable. Páginas enteras se han escrito sobre el manejo feudal de Atta Gerala en Rivadavia Banda Norte, los vínculos con el agronegocio y los beneficiarios de planes truchos de Gustavo Solís en Rosario de la Frontera, o las innumerables causas contra Marcelo Lara Gros en Orán -3 por el vencimiento de larvicidas, una por falsificación de instrumento público, una por sobreprecio en la compra de camiones, entre otras-.
El nepotismo, el tráfico de influencias, el desmanejo de los fondos públicos, los pedidos de informe no respondidos y el abuso de autoridad en los municipios están bajo la lupa del periodismo de manera especial al menos desde 2007 y no son un síntoma exclusivo del clima pre-electoral. El fenómeno responde a la discrecionalidad en el manejo de los fondos municipales que el gobierno provincial le confirió a sus alfiles territoriales bajo el pretexto de la «descentralización». Los intendentes se convirtieron de esa forma en un enclave fundamental para el armado político en un territorio donde 45 de los 60 jefes comunales llegaron al poder de la mano del oficialismo provincial en alguna de sus variantes. En ese contexto, los hechos de corrupción en los municipios afloran sin necesidad de fraguar operaciones tal como imaginan los patrocinadores de Jalit. En otros términos, el periodismo no posaría sus ojos sobre los municipios si sus representantes no le aportaran tanto material.
