El escándalo actual en torno a las auditorías fallidas del Fondo de Reparación Histórica no debería sorprender a nadie: hace seis años, este medio ya había documentado el desvío de fondos y las inconsistencias estructurales del programa. Aquella investigación —basada en relevamientos territoriales, cifras concretas y documentación oficial— fue desoída. Hoy, en medio del ruido político y la reaparición de viejos actores, surge una pregunta inevitable:
¿por qué la corrupción se investiga siempre a destiempo, cuando el daño ya es irreversible?
Jerson De Cecco
Quince años después de su pomposo lanzamiento en la plaza principal de Embarcación, el Fondo de Reparación Histórica (FRH) comienza, recién ahora, a mostrar con cierta nitidez lo que durante años fue evidente para quienes se tomaron el trabajo de mirar más allá de los partes oficiales: un esquema atravesado por ineficiencia, opacidad y, en numerosos casos, un manejo directamente irregular de recursos públicos.
El dato más contundente, y a la vez más inquietante, es que el destino de cerca de 800 millones de pesos (que hoy serían más de $260 mil millones) permanece aún en la penumbra. No se trata de una cifra menor ni de una discusión meramente técnica: es dinero proveniente de endeudamiento internacional que la provincia continúa pagando, con intereses, sin que exista una correspondencia verificable en infraestructura efectiva.
La polémica reciente se desató a partir de una auditoría inicial firmada por Marcos Segura Alzogaray, cuyo informe —lejos de esclarecer— optó por una cautela que roza la inacción: el auditor se excusó de emitir opinión alegando falta de información suministrada por los organismos involucrados. Este punto, lejos de ser un tecnicismo, revela una falla estructural: si los entes ejecutores no pueden o no quieren proveer información básica, cualquier intento de control queda automáticamente desvirtuado.
Sin embargo, lo más problemático no fue la abstención en sí, sino la reacción política posterior. Sectores vinculados al urtubeycismo tardío celebraron el informe como si se tratara de una absolución implícita. Pero el problema de fondo no es ideológico, sino metodológico: un análisis basado en muestras del 15% o 20% del universo de obras, sin criterios de selección explicitados ni márgenes de error definidos, carece del rigor necesario para sostener conclusiones de alcance general. Verificar la existencia física de una obra no equivale a auditar su costo, su eficiencia ni la trazabilidad de los fondos. Confundir esos planos es, en el mejor de los casos, una simplificación; en el peor, una forma de encubrimiento.
La auditoría que confirmó lo que ya se sabía
El escándalo, no obstante, obligó a una reacción. Y así apareció una segunda auditoría, encabezada por Gustavo Ferraris, que buscó corregir —o al menos contrapesar— el descrédito del primer informe. El resultado fue significativamente más contundente: de las 176 obras programadas e incluidas en el universo auditado, solo 84 fueron finalizadas. Es decir, menos de la mitad. Las restantes 92 —un 52%— no se completaron con los recursos originalmente asignados.
Este dato, por sí solo, debería haber encendido alarmas hace años. Pero no lo hizo. Y allí radica el verdadero problema.
Porque lo que hoy se presenta como revelación ya había sido expuesto en 2020 por este semanario, tras una investigación de campo que incluyó recorridas por municipios del norte provincial, entrevistas con actores locales y análisis de documentación oficial. En aquel momento, se identificaron más de veinte obras pagadas, certificadas y, sin embargo, inconclusas o directamente inexistentes.
Obras fantasma, cifras concretas
Los números, actualizados a valores actuales (considerando que el dólar pasó de $4,32 en 2011 a aproximadamente $1450 en la actualidad), adquieren una dimensión aún más alarmante:
La planta depuradora de Orán, presupuestada en $33 millones (equivalentes hoy a más de $11.000 millones), nunca se inició, pese a haberse desembolsado un 35% del monto original.
El Nuevo Mercado Municipal de Orán, que mutó en un “Paseo de los Artesanos”, pasó de $2,5 millones a casi $15 millones (hoy más de $5.000 millones), sin resolver el problema estructural que pretendía atender.
La terminal de ómnibus de Morillo, valuada en $2 millones (cerca de $700 millones actuales), quedó reducida a una estructura abandonada.
La escuela especial de Coronel Juan Solá, presupuestada en $4,6 millones (más de $1.600 millones actuales), nunca se terminó y hoy es un cascarón en ruinas.
La planta cloacal de Pichanal y su colectora máxima, por $14 millones (unos $4.700 millones actuales), apenas avanzaron en la demarcación del terreno.
Las redes cloacales de Santa Victoria Este, por $3 millones (más de $1.000 millones actuales), registraban un 50% de ejecución financiera frente a un 21% físico antes de desaparecer de los registros.
La planta depuradora de Hipólito Yrigoyen, por $6,5 millones (más de $2.200 millones actuales), recibió adelantos sin que se colocara una sola piedra.
La electrificación Tartagal–Tonono, por $7 millones (más de $2.400 millones actuales), se tradujo en algunos postes aislados y múltiples presupuestos superpuestos.
Estos no son casos aislados, sino patrones repetidos: adelantos financieros sin correlato físico, duplicación de proyectos en distintos programas, eliminación de registros oficiales y contrataciones reiteradas a las mismas empresas, incluso cuando las obras anteriores no habían sido concluidas.
Reacciones tardías en tiempos electorales
Las reacciones institucionales, cuando llegaron, lo hicieron tarde. En octubre de 2020, un informe presentado ante la Cámara de Diputados reconocía que, de siete obras de agua y saneamiento iniciadas en 2013, solo una estaba finalizada. Cinco permanecían paralizadas. Es decir, el propio Estado confirmaba, con retraso, lo que ya había sido documentado en territorio.
Hoy, en 2026, el tema resurge en un contexto preelectoral. Viejas figuras reaparecen con discursos moralizantes, como si la indignación fuera nueva y no una deuda acumulada. Pero la pregunta central sigue sin respuesta: ¿por qué los mecanismos de control fallan sistemáticamente en tiempo real? ¿Por qué las auditorías llegan cuando los fondos ya se evaporaron y las responsabilidades se diluyeron?
El Fondo de Reparación Histórica nació con la promesa de saldar deudas estructurales en las regiones más postergadas de la provincia. Quince años después, esas deudas no solo persisten, sino que se agravan bajo el peso de un endeudamiento que sí fue ejecutado con precisión.
La historia, en este caso, no es la de una auditoría fallida ni la de una gestión cuestionable. Es la de un sistema que tolera —y en ocasiones habilita— que la corrupción se investigue siempre tarde. Demasiado tarde.