Tras los incendios que tuvieron en vilo a Salta, el Gobierno provincial se replantea crear una Fiscalía para el tema. Podría existir desde hace años, pero la durmieron durante la gestión de Santiago Godoy en la cámara baja. La historia de la iniciativa y su urgencia, más actual que nunca.
L.S.
Ahora, que todavía hay brasas en nuestros cerros y humo en el aire, se vuelve a plantear la necesidad de crear una Fiscalía de Medio Ambiente.
El tema, en realidad, no es nuevo. Ya debería existir hace rato.
El 29 de noviembre de 2018, el Senado de la provincia dio media sanción al proyecto que impulsa la creación de fiscalía con competencia en protección del medio ambiente, maltrato de animales y patrimonio cultural; una iniciativa sin precedentes en el país.
El proyecto pertenece a un grupo de legisladores liderados por el senador Enrique Gramaglia. La idea era emular las modernas líneas de trabajo de las fiscalías ambientales integrales como el caso de las españolas, brasileras y peruanas, entre muchas otras.
La iniciativa surgió en una época en que Naciones Unidas ha hecho dramáticos llamados a la conservación ambiental, como el basado en el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de reducir el calentamiento global antes de 2030.
A nivel nacional existen fiscalías especializadas como el caso federal de la UFIMA que tiene competencia solo penal y sede en la Capital Federal, por lo que realiza investigaciones delegadas y remite antecedentes a los fiscales federales del interior. Otro caso es la UFEMA de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene competencia solo para contravenciones y faltas ambientales y de animales.
El proyecto aprobado en el Senado tenía dos cuestiones esenciales y superadoras para atacar de raíz el problema ambiental, que es complejo e involucra cuestiones de tipo ecológicas y técnicas, pero también económicas, laborales, culturales y sociales.
Por un lado, según ese proyecto, el fiscal podía abordar el caso en todas sus dimensiones, más allá de las competencias administrativas, civiles, contravencionales y penales. Las personas a cargo de esta fiscalía tendrían la obligación usar todas las herramientas técnicas, jurídicas y mediadoras para resolverlo y asegurar la protección ambiental y social, más allá de que el hecho provenga de actividad industrial, minera, de servicios públicos, domiciliarios, agrícolas, forestales o turísticos.
Por otro lado, estos cargos judiciales no tienen los límites de las jurisdicciones políticas sino que trabaja por cuencas hídricas, haciéndose cargo de todo el problema contaminante más allá de las fronteras municipales o departamentales, siguiendo y abarcándolo desde su origen hasta cubrir todos los efectos perjudiciales.
Por otra parte, a diferencia de la provincia de Jujuy, donde se ha creado un fuero con Juzgados y Fiscalías ambientales, el proyecto de Salta opta por no tener justicia especializada, por cuanto se busca no recibir las objeciones que se le hace a un Juzgado Ambiental del que puede sospecharse de parcialidad “verde”.
Según la media sanción, los reclamos integrales contra empresas y estado de los fiscales de protección ambiental creados deberán interponerse en juzgados ordinarios, con lo cual se asegura el más pleno derecho de defensa de los imputados y demandados.
Pero algo pasó. Ese «algo» podría tener nombre y apellido: Manuel Santiago Godoy, presidente de la Cámara de Diputados. El proyecto se cajoneó en la cámara baja y ahí quedó durmiendo. Todo ese esfuerzo por poner a Salta en la vanguardia ambiental se sepultó de un solo saque. Y podría perder estado parlamentario en breve.
Eran los últimos años de la gestión Urtubey y una buena fiscalía de Medio Ambiente pondría en aprietos a muchas empresas contaminantes en la provincia. Había que elegir entre el bienestar del pueblo y los que aportan a la campaña. Ya sabemos qué se eligió.
El proyecto resurge
Los distintos incendios que afectaron la provincia llevaron al gobernador, Gustavo Sáenz, decir que le parece bien la creación de una Fiscalía de medio ambiente. En una entrevista el mismo mandatario admitió que el norte grande no está preparado para afrontar este tipo de incendios como el que padece el cerro 20 de Febrero y añadió que ya sucedió en Corrientes, Formosa y Catamarca. “Cuando hay viento zonda y no hay lluvia, todo se complica”, aseveró.