La principal característica del narcotráfico, es su capacidad de corrupción e infiltración en los circuitos económicos, políticos y judiciales, que les aseguran la protección necesaria para su arraigamiento.

El gran negocio para las organizaciones criminales es, sin duda, el mercado de las drogas. Los patrones de violencia, el crimen organizado y las pautas de incumplimiento de la ley no son azarosos ni imprevisibles. Anclado en un fuerte poder económico y en la predisposición, permite que políticos, policías y funcionarios judiciales sean sobornados, y que el dinero ingrese al circuito institucional.

Salta, no es la excepción y a modo de ejemplo cercano en el tiempo, se puede tomar la condena a 13 años de prisión para el ex juez de Orán Raúl Reynoso, por liderar una organización dedicada a favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales.

Como dijimos, el crimen organizado tiene una enorme capacidad de coptación de los recursos institucionales, derivada de la relación entre prácticas delictivas e integrantes de las fuerzas de seguridad, sumándose complejas relaciones entre crimen, control territorial y financiamiento de la política.

La mira en los fiscales

En los últimos tiempos, la férrea actuación de los fiscales salteños se ha convertido en una seria amenaza para este complicado andamiaje. El avance de las investigaciones que prometen llegar hasta la médula en causas emblemáticas, ponen a la defensiva a este sector de poder, que teme que sus principales piezas corran la mala suerte de quedar al descubierto; y con ellos, la organización criminal.

La intervención de los fiscales, inquieta. Sólo basta con dar un repaso a lo ocurrido con la Dra. Verónica Siemesen de Bielke, quien logró derribar la protección de la que gozaba el cuestionado comisario Walter Mamaní (conocido armador de causas) con acusación formal y requerimiento de juicio. La funcionaria judicial denunció en su momento, una constante presión de «ciertos sectores, sobre todo políticos”, a favor del procesado.

Pero como dijimos anteriormente, el componente policial necesita del judicial, y la investigación se posó sobre el auxiliar fiscal Sergio Dantur, quien supuestamente mantenía informado al comisario, sobre los pasos de la investigación en su contra.

Fiscal Sergio Dantur.

Como no hay dos sin tres, entra en acción el juez Luciano Martini, quien eligió apuntar contra la fiscal y ponerse del lado que en ocasiones anteriores le quedó cómodo, e incurriendo en prevaricato. Situaciones como estas, son recurrentes por ejemplo, en Rosario de Santa Fe, donde integrantes de la temida banda de Los Monos, son beneficiados por distintas actuaciones judiciales.

Volviendo al caso del juez Martini, en los últimos días se escucharon algunas apreciaciones de solidaridad con la fiscal mencionada, pero nadie habló de iniciar lo que correspondería: un juicio político. Gran facilidad para predicar, y escasa inclinación para actuar en una situación donde queda claro que si se debilita la actuación de los fiscales, las convivencias corruptas seguirán siendo parte del paisaje de Salta.

¿Qué esconde el teléfono de Dantur?

En una nueva arremetida contra la fiscal Siemesen, es ahora Sergio Dantur quien decide denunciarla por incumplimiento de deberes de funcionario público. Con esta maniobra, lo que intenta el auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, es lo que en la jerga judicial, se conoce como “la apertura de su teléfono”.

¿Pero la fiscal Siemensen no accedió al aparato de Dantur? Sólo de manera primaria, pero la gran capacidad de almacenamiento que tienen los teléfonos móviles y sus diversos tipos de usos, han hecho que la información contenida, se haya convertido en una pieza clave en las investigaciones criminales. No queda duda, por tanto, que lo que Dantur pretende, es evitar con esta nueva acusación, que los peritos accedan a la información que alberga su aparato, y puede ser muy valiosa para la pesquisa.

Sin dudas, la relación entre el crimen organizado y los nichos de corrupción entre policía, políticos y justicia, viene de larga data. Instituciones fuertes, funcionarios honestos y la garantía sobre la investigación que llevan adelante los fiscales, son la pieza clave, si se quiere dar una verdadera lucha.