El 2025 estuvo atravesado por una serie de investigaciones periodísticas de Cuarto Poder que expusieron tramas de corrupción, contrabando y negociados oscuros. A pesar de las revelaciones, la justicia parece haber hecho oídos sordos. Este artículo repasa las causas más impactantes del año, señalando la falta de acción en casos que desnudan la realidad
de nuestra provincia.
Desde 2022, Cuarto Poder viene siguiendo el escándalo de Compañía Privada S.A., que dejó a cientos de inversionistas estafados. En junio de 2025, Cuarto Poder reveló una de las investigaciones más desafiantes del año, titulada “De la Financiera VIP Salteña al Lavado de Dinero: Plata Dulce”. Aquel trabajo destapó una red de financieras que operaban con total impunidad en Salta, utilizando empresas ficticias como fachada para lavar dinero proveniente de diversas actividades ilícitas. Los nombres de empresarios locales y figuras políticas comenzaron a aparecer en la trama, destacándose la connivencia de altos funcionarios que se beneficiaban de estas operaciones.
En este artículo se revelaba cómo las transacciones fraudulentas y las inversiones en propiedades de lujo eran una fachada perfecta para el blanqueo de dinero sucio. Sin embargo, a pesar de las pruebas contundentes, el caso se encuentra en un estado de estancamiento judicial, donde la justicia salteña ha mostrado una preocupante lentitud. En la comunidad, se escucha la creciente sensación de impunidad que afecta tanto a la ciudadanía como al periodismo que ha expuesto la magnitud de este fraude.
Mejicaneo de Vino: El Fraude de la Vendimia
El 29 de junio de este año, Cuarto Poder publicó “Mejicaneo de Vino en Cafayate”, un artículo que desnudó uno de los fraudes más impactantes en el corazón de la producción vitivinícola de Salta. El desfalco involucra al conocido empresario del rubro, Diego Valsecchi, propietario de la bodega Ritmo Lunar. También a la enóloga, Rosa Semke y su marido, José Barroso, jefe local del INV (Instituto de Vitivinicultura de la Nación).
La historia se remonta a una finca vitivinícola ubicada en el departamento Cafayate, explotada por la sociedad anónima Altos San Isidro. La firma fue vendiendo progresivamente partes del inmueble donde funcionaba la bodega, hasta que, entre 2016 y 2017, Diego Valsecchi adquirió el 98,85 % del predio. La empresa original retuvo el 1,15 % restante y continuó, por acuerdo, utilizando la bodega para la producción de vinos propios y de terceros, conforme a la normativa del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Pasado un tiempo, se concretó la venta del pequeño remanente, pero en la bodega aún permanecían almacenados unos 57.000 litros de vino, debidamente registrados ante el INV a nombre de Altos San Isidro. Fue entonces cuando se produjo el conflicto.
Valsecchi se negó a permitir el retiro del producto y afirmó que, al adquirir el inmueble, también se le había transferido la propiedad del vino almacenado. Un argumento, a todas luces, inaceptable desde el punto de vista jurídico. Pero que, aun así, encontró sustento gracias a la intervención directa del organismo estatal encargado de controlar justamente ese tipo de operaciones.
A lo largo de la investigación, Cuarto Poder demostró que las autoridades locales estaban al tanto de la situación, pero en lugar de actuar con la rapidez necesaria, preferían mirar hacia otro lado. El fraude no solo afectó a los consumidores nacionales e internacionales, sino que también dañó la reputación de toda la región. Sin embargo, las acciones judiciales en contra de los responsables fueron mínimas, y el sistema judicial no parece estar dispuesto a dar una respuesta contundente.
Metalnor y la Trama del Cobre
En noviembre, Cuarto Poder publicó el artículo “Operación Contrabando al Descubierto: Metalnor y la Trama del Cobre”, un informe que desveló una red de contrabando que involucraba a la empresa Metalnor, conocida en el norte del país por la compra y venta de materiales ferrosos. Una serie de despidos en la empresa terminó por develar que, lo que parecían operaciones legítimas, eran en realidad acciones de una red de contrabando internacional que impactaba no solo en la economía local, sino que también ponía en peligro la integridad de las relaciones comerciales de Argentina con otros países.
A pesar de que se encontraron pruebas suficientes para proceder con investigaciones más profundas, la respuesta judicial fue nula y, hasta la fecha, los responsables siguen operando con una total impunidad. La falta de medidas decisivas frente a este tipo de casos alimenta la sensación de que, cuando se trata de intereses económicos poderosos, la justicia prefiere no mover ficha.
De Orozco a Espert: Volare, ¡Oh, Oh!
En octubre, este semanario sacó a la luz el artículo titulado “De Orozco a Espert: Volare, ¡Oh, Oh!”, donde se pusieron en evidencia los antecedentes de financiamiento espurio de las campañas de La Libertad Avanza, tanto a nivel local como nacional.
Nueve meses antes de que estallara el escándalo de Espert, la diputada nacional Emilia Orozco, también de La Libertad Avanza, generó polémica en Salta al trasladarse a zonas del Chaco salteño en un helicóptero propiedad de Carlos Juncosa, vinculado a Flightventure SRL. El contrato que permitió el uso del helicóptero y de instalaciones aeronáuticas en el aeropuerto internacional General Martín Miguel de Güemes fue firmado en 2020 por el vicegobernador Antonio Marocco y la empresa de Juncosa. La cesión incluía casi ocho hectáreas por 15 años, sin contraprestación económica clara y sin que se comprobara la construcción de hangar o el cumplimiento de otras obligaciones.
El costo por hora de vuelo en este tipo de helicópteros oscila entre 780 y 1.500 dólares, lo que genera un debate sobre la idoneidad de utilizar recursos vinculados a empresarios con conexiones políticas para traslados de campaña. Orozco reconoció que la aeronave era propiedad de Juncosa, lo que desató cuestionamientos sobre conflictos de interés, favoritismo y posible influencia empresarial en la actividad política local.
En un año marcado por denuncias de corrupción, este caso se destacó por la gravedad de las pruebas encontradas y por la relación directa entre el poder político y el dinero sucio. Sin embargo, la justicia aún no ha avanzado de forma significativa. Los responsables políticos y empresariales continúan disfrutando de su impunidad, mientras la sociedad observa sin respuestas claras.
Celulosa, Urtubey y el sanatorio
El 14 de septiembre pasado, Cuarto Poder publicó la investigación “Se hunde Celulosa, Florece el Sanatorio: Piedra, Papel o Jeringa”, donde se destapó una trama que involucra la quiebra de la empresa Celulosa, dejando a cientos de trabajadores sin empleo, pero también a una nueva estructura empresarial que aprovechó la situación para fundar un sanatorio, vinculado a los mismos empresarios responsables del colapso de la industria.
¿Los nombres? Ningunos desconocidos. José Urtubey, hermano del exgobernador y ex candidato Juan Manuel Urtubey, estaría preparando el terreno para ingresar en el Sanatorio Parque, un emblemático centro médico que actualmente atraviesa una difícil situación económica.
Urtubey, junto con Marcelo Figueiras y Luis Galli, CEO de Newsan, adquirieron el paquete accionario de Farmacias San Francisco, un grupo farmacéutico que integra farmacias, clínicas y laboratorios. Esta compra, que se ubica dentro de un circuito cerrado de negocios de salud, no solo asegura rentabilidad, sino también un constante flujo de dinero estatal. La operación ya está sellada, y la pregunta es: ¿por qué Urtubey no se detendría ahí?
Este nuevo negocio, aunque aparentemente legítimo, levantó serias sospechas de tráfico de influencias y de relaciones turbias entre la política local y los empresarios.
“Vitto” y los Negocios Grandes
Finalmente, a comienzos de diciembre, este medio Cuarto Poder destapó cómo Sergio Chibán, exsecretario de Deportes y presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes, ha construido un imperio basado en la recaudación opaca y el control absoluto del deporte local. Similar al caudillismo de Claudio “Chiqui” Tapia en la AFA, Chibán ha manejado la Agencia como una empresa pública, generando ingresos a través de contratos privados, bingos millonarios y una falta total de transparencia.
Chibán también preside la Liga Salteña de Fútbol, una entidad que ha generado grandes sumas de dinero con prácticas cuestionables, como el cobro obligatorio a todos los asistentes a los partidos, sin presentar balances claros ni mecanismos de control. El negocio más lucrativo son los bingos, con una recaudación que supera los 9.000 millones de pesos anuales, sin justificación oficial de esos fondos.
Un episodio destacado fue la denuncia de un intento de apropiación de un subsidio estatal de 90 millones de pesos, destinado al exjugador Marcos Milinkovic. Chibán, acusado de maltrato y abuso de poder, ha logrado mantenerse en el cargo gracias a maniobras políticas, incluyendo reformas estatutarias y votos inventados. Su modelo de gestión se ha sostenido con total impunidad, mientras el fútbol salteño sigue hundido en la falta de infraestructura y apoyo real.
De Espaldas a la Sociedad
El 2025 fue testigo de revelaciones que han dejado al descubierto una red de corrupción, fraude y contrabando que atraviesa todos los rincones de Salta. Sin embargo, la respuesta judicial ante estas denuncias ha sido alarmantemente escasa. Mientras que los casos de corrupción continúan creciendo, la justicia parece estar de espaldas a la sociedad, sin ofrecer respuestas claras ni medidas eficaces.
El llamado de atención es claro: la justicia salteña necesita actuar con urgencia y dar señales de que no hay impunidad para aquellos que abusan del poder y del dinero. El periodismo independiente ha cumplido su rol, revelando la verdad detrás de estas tramas oscuras, pero sin una respuesta contundente de la justicia, el círculo de impunidad parece seguir girando sin cesar.