El 23 de julio de este año finalizará el plazo establecido por la ley para acceder a la moratoria previsional que permitió, según ANSES, alcanzar la cobertura del 97 por ciento de las personas en edad jubilatoria. Qué impacto produce en las mujeres. (Andrea Sztychmasjter)
Una mujer logró que sus hijxs estudiaran gracias al dinero ganado haciendo empanadas y vendiéndolas al costado de la ruta. Otra aportó cada día dinero de la venta de bollos en su propia vivienda, con un pizarrón afuera que una y otra vez escribió con tizas y donde agregó “pan dulce, humitas, huevos de pascuas” como para aprovechar productos por temporada. Otra, cada mediodía, logró con algunos pocos elementos alimentar a toda una familia. No son magas, son mujeres trabajadoras que trataron durante toda su vida de cuidar de sus hijxs y darles un mejor porvenir. Mujeres que han realizado diferentes labores y merecen durante su vejez contar con una jubilación.
La histórica exclusión de las mujeres del mercado laboral, dedicadas en su gran mayoría al cuidado de otros y a tareas domésticas, sumada al trabajo no registrado que realizan junto a la crianza de sus niñxs, llevó a que la extensión de jubilaciones de 2007 beneficiara enormemente a las mujeres que estando en edad de jubilarse no contaban con los aportes estipulados. Esto se tradujo por ejemplo a que la ley sea conocida como “de amas de casa”, también reconociendo a muchas trabajadoras o empleadas “domésticas”.
El 23 de julio próximo vencerá el plazo para que mujeres entre 60 y 65 años puedan jubilarse si tienen menos de 30 años de aportes, completando los años faltantes anteriores al 31 de diciembre de 2003. Es a través de la moratoria establecida por la Ley 27.260. Un plan similar para hombres, establecido en el Decreto que reglamentó la llamada “Reparación Histórica” en 2016, ya venció. En octubre de 2016, a partir de esa ley se aprobó la implementación de la Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM). Esto se traduce a un cobro del 80% de la jubilación mínima. Y para acceder a ella tanto varones como mujeres deben haber cumplido 65 años, pero según especialistas previsionales la pensión representa muchas trabas para el acceso abierto de argentinxs en edad de jubilarse.
En un contexto de precarización laboral y crisis económica, especialistas indican que darle fin a las moratorias previsionales significaría limitar el acceso a la jubilación. Eso repercute por partida doble a las mujeres puesto que representan un mayor porcentaje de trabajo no registrado y porque son ellas quienes destinan más horas diarias al trabajo reproductivo, de cuidado y crianza, labores cotidianas que cuentan como trabajo no pago.
La decisión del gobierno nacional de no extender el plazo que anteriormente ya había sido modificado, es cuestionada por diferentes sectores que aseguran que la moratoria es una medida inclusiva que permitió duplicar la cantidad de personas dentro del sistema previsional. En ese sentido María Elena, del Frente de Jubiladxs de Salta, señaló a Cuarto Poder que se encuentran en estado de alerta y movilización permanente y prevén realizar una marcha acompañando la movilización feminista del histórico 3 de Junio por Ni Una Menos, en la que también estará presente el pedido de ellas, las mujeres de la tercera edad.
“Es una medida neocolonial por orden del FMI. Medida que perjudica a las mujeres como dijeron se trata de un ‘castigo patriarcal’ ”, sostuvo la referente local de jubiladxs y agregó: “Esta lucha es de todos, incluye a las generaciones jóvenes que son los que tiene que estar ahora acompañándonos pero que después los va a perjudicar”.
FMI y jubilaciones
Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el 51,2% de las jubilaciones y pensiones actuales fueron incorporados gracias al Plan de Inclusión Previsional. El organismo agrega que el total de Jubilaciones y Pensiones aumentó 109,5% desde 2003, alcanzando así la cobertura del 97% de las personas en edad jubilatoria, la más alta de Latinoamérica.
La Ley nacional de Moratoria fue un proyecto que se sancionó en 1995 pero recién se la implementó durante la presidencia de Néstor Kirchner, en 2006. La decisión, señalan los más críticos, de que la medida haya sido una política exclusivamente kirchnerista fue una respuesta de emergencia ante su rotunda negativa de incluir en la agenda el reconocimiento del 82 % móvil. Durante la presidencia de CFK lo que se logró al sostener esta medida fue tratar de universalizarla pero ni siquiera quedó plasmada en una ley que la garantice. Hoy esos vestigios reflotan con más fuerza a poco de que culmine el plazo.
Unos de los objetivos principales del Fondo Monetario Internacional es el sistema previsional. El primer paso lo dio el Gobierno junto con la mayoría de los legisladores de la oposición en diciembre de 2018 cuando reformaron la ley. La decisión política que toma Cambiemos a pocos meses de finalizar su gestión, de dar por culminada la opción de incorporación para alcanzar el «déficit cero» exigido por el organismo internacional, apunta entonces a los jubilados y especialmente recaerá sobre las mujeres.
El FMI pidió a principios de 2019 que la Argentina considere reducir «el tamaño de los beneficios» que recibe cada persona en su jubilación, según la propia definición del organismo multilateral. Entre sus recomendaciones más generales pidieron extender la edad jubilatoria, reformar el sistema previsional para que haya más participación del ahorro privado y repensar las leyes laborales para la inclusión de los trabajadores de edad más avanzada, entre otras.
Feminización económica
Según un trabajo del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, titulado “La dependencia en la vejez y las pensiones no contributivas”, las autoras Inés Berniell, Dolores de la Mata y Matilde P. Machado señalan justamente que el sistema de pensiones implementado en 2007 benefició mucho más a las mujeres por los bajos niveles de inserción en los mercados laborales: “Al afectar a las mujeres más que a los hombres, esta reforma alteró de manera permanente y además inesperada la distribución de ingresos dentro de los hogares convirtiéndola en un experimento natural ideal para estimar en qué medida ese shock fue capaz de alterar tanto la estabilidad marital como el poder de negociación de las mujeres en el interior del hogar”, sostienen.
Agregan en su trabajo que este “beneficio” económico además posibilitó que más mujeres se animen a divorciarse al no tener que depender del dinero de sus esposos: “Este aumento en la renta permanente de las mujeres provocó un incremento estadísticamente significativo en la probabilidad de divorcio/separación de 2,6 puntos porcentuales para las cohortes de mujeres afectadas (un efecto considerable dado que solamente el 14% de estas mujeres estaban separadas o divorciadas antes de la reforma)”.
