Ana Fernández emprendió una lucha inesperada y lleva 8 años buscando justicia para saber que le sucedió a su hija. Repasamos puntos de uno de los casos más emblemáticos de la provincia y la implicancia policial. (Andrea Sztychmasjter)
Ana Fernández sin buscarlo se convirtió en referente de lucha contra la impunidad de una Salta posicionada como una de las provincias más inseguras del país según el relevamiento que realiza el Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin buscarlo también, Ana Fernández, se vio en la necesidad de denunciar públicamente a las fuerzas de seguridad de la provincia, a la “policía corrupta” en quien no podrá “volver a confiar”. La mujer que se agrupó con otras personas para implorar justicia por “los nadies”, los que no tienen doble apellido, los que no conocen los enraizados dilemas del sistema judicial, esos mismos que lograron avispar a señores encargados de impartir justicia en un camino largo y tortuoso.
Luego de ocho años, el caso finalmente fue elevado a juicio con un único imputado, el ex policía de la División de Homicidios y luego de la División Trata de Personas de la Policía de la provincia, Mario Federico Condorí. La etapa de recepción de pruebas testimoniales en el juicio culminó y quedaron detenidos 3 testigos por falso testimonio, dos de ellos ex miembros de las fuerzas policiales: la oficial Gimena Nuñez ex jefa de Condorí, el suboficial Calixto Mamaní, expolicía que había sido compañero de trabajo del acusado tanto en la División Homicidios como en la División de Trata de Personas de la Policía de la Provincia. El otro detenido en audiencia fue José Antonio Ormeño, quien se desempeñaba como responsable del consorcio del complejo habitacional de Parque La Vega al momento de la muerte de Cintia Fernández.
En marzo de 2016 la emblemática revista La Garganta difundió una “Carta abierta a la policía de Urtubey”, escrita por Ana Fernández. El texto aseguraba: “Fue la Policía, bajo la coordinación del ex Secretario de Seguridad, Aldo Saravia.
El perfil de Condorí
Condorí se desempeñaba como chofer de la División de Trata de Personas en el momento del asesinato de Cintia, un testigo dijo además que en aquel entonces el policía había sido encomendado a la tarea de relevar medios de comunicación que abordaran los temas policiales que se investigaban en esa división policial.
La declaración de peritos psiquiatras y psicólogos determinó que Condorí posee características “celotipicas”, algo que varios testigos sostuvieron al afirmar no solo algunas situaciones de celos vivenciadas, sino también que la relación con la joven ya había culminado y éste la seguía llamando y visitando, pese a la negativa de Cintia. Gustavo Vacaflores (psiquiatra, perito de parte) señaló además que sí se detectaron en el imputado elementos para determinar ocultamiento, aspecto asociado quizás a su entrenamiento policial en tareas de inteligencia.
Los conocimientos de Condorí respecto a aspectos netamente policiales en cuánto a escenarios de crímenes, también fue alarmada por la madre de la víctima quien aseguró que otro policía le había referido que tal como fue hallada su hija, con una bolsa en la cabeza cerrada con cinta, se emparentaba a la llamada práctica de tortura “submarino seco”.
Ana Fernández además informó las amenazas que Condorí y su madre le realizaron: “Pedazo de hija de puta vos iras a marchar, tendrás mucha gente conocida pero yo a vos te voy a meter un tiro en la cabeza”, refirió Ana que Condorí le dijo, por lo que tuvo que pedir protección a las fuerzas nacionales.
La madre se refirió además a los comentarios recibidos respecto a que Condorí había sido echado de la Policía por “bocón”. Algo que afirmó haber vivenciado cuando el expolicía le contaba a su propia hija sobre casos policiales que investigaba la División Trata.
Condorí llegó al juicio con algunos beneficios pese al pedido expreso de la fiscalía y de los abogados querellantes sobre el entorpecimiento de la investigación que éste podría realizar sobre todo al mantener contacto con ex compañeros policías. Condorí posee arresto domiciliario y tiene una tobillera electrónica.
Un caso de Trata en el medio
Ana Fernández también se refirió a unos documentos encontrados por su hermano en el departamento de Parque La Vega. Los mismos eran papeles pertenecientes a una causa investigada en aquel año en referencia a un empresario acusado de realizar “turismo sexual con menores”. En esa causa, el abogado querellante, René Gómez, era también defensor de un imputado implicado.
Durante la indagatoria a Condori, al ser consultado por su propio abogado minimizó el tema aduciendo que solo eran impresiones de sitios webs que daban cuenta de este caso, que se encontraban en el departamento de Cintia porque era un tema que a ella le había interesado.
Una computadora retenida
Un amigo de Cintia, también policía, declaró que la joven días antes de su asesinato le había consultado sí conocía a algún jefe en el Departamento de Trata de Personas de la Policía porque tenía problemas con una persona que trabajaba ahí, quien le había retenido una computadora.
La primera abogada querellante de la causa, la doctora María Eugenia Yaique, reafirmó esto al describir que Cintia le había prestado una computadora a Condorí donde había material vinculado a ese caso de trata mencionado y el expolicía no le quería entregar la notebook y eso quedó documentado.
Investigadores y algo más
La subcomisaria Gimena Núñez hoy detenida por falso testimonio era jefa de Condorí en el momento del hallazgo del cuerpo de Cintia. El nombre de la comisaria tomó relevancia por ser la sindicada además por familiares de Luján Peñalva como responsable de obstaculizar la investigación en el caso del asesinato de las dos adolescentes en zona sur. Núñez fue relevada por orden del comisario Néstor Píccolo.
Ana Fernández relató que en un primer momento Nuñez le tomó declaración en la comisaria, siendo advertida por la abogada Yaique que la oficial incurría con el cuestionamiento en direccionar la investigación hacia un posible suicidio de la joven.
En el juicio también declaró Martín Alberto Flores Saravia, quien al momento del hecho prestaba servicio en Seguridad Personal de la División de Homicidios de la Brigada de Investigaciones, y fue quien sucedió a la oficial Núñez en la investigación luego de que fuera relevada por orden de Néstor Píccolo.
El testigo se refirió a algunas de las actuaciones que tuvo a su cargo durante su intervención en la causa. A partir de ciertas irregularidades detectadas en su relato, el representante del Ministerio Público solicitó la remisión de las actuaciones al fiscal de Derechos Humanos, por la posible comisión de un delito de orden público.
Qué sabía Piccolo
El ex comisario Néstor Piccolo, Jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta, quien apareció “suicidado” en plena investigación sobre el caso de los femicidios de las mujeres francesas en San Lorenzo, también se encontraba abocado a la investigación del caso de Cintia Fernández.
Ana relató que recibió llamados telefónicos del propio Piccolo y que fue llamado a declarar por el primer juez interviniente. La madre señaló que cree que nunca llegó a declarar porque apareció muerto.
“Él quería decirme algo que él sabía y él quería comentármelo a mí. Pero la doctora Yaique me dijo que si él quería comentar algo lo tenía que hacer en sede judicial”, recordó Ana Fernández-
Escena modificada
Las conclusiones de los peritos fueron contundentes al señalar que “la escena, tal como la encontramos, no era la original”, ya que además de la ropa de cama que se encontraba fuera de lugar, también se encontró restos de putrilago en el piso, distante del cuerpo.
Se encontraron además más de 100 colillas de cigarrillos en el departamento de Cintia, lugar en el que al menos estuvieron 30 policías. Según relató Ana, hasta el propio juez Pastrana bromeó al decir que entonces hasta él tendría que hacerse un test de ADN. En el departamento el día del hallazgo, policías de la cúpula policial entraban y salían del lugar mientras fumaban.
Advertencia a abogados
Condorí se encuentra defendido por los abogados Hugo Eckhardt y Gustavo Adolfo Luna. Durante la audiencia el fiscal Ramiro Ramos Ossorio solicitó al Tribunal de la Sala IV de Juicio que se aperciba a los dos abogados defensores por declaraciones realizadas mediáticamente sobre el desarrollo del presente juicio y sobre el accionar del Ministerio Público y de la querella. La Presidenta del Tribunal Norma Beatriz Vera, anunció que se resolvió que al momento de dictar sentencia se evaluará la conducta integral de la defensa e instó a las partes a desempeñarse con el principio de buena fe y lealtad procesal.
Responsabilidad mediática
Aunque en los últimos años Ana Fernández dio diversas entrevistas al diario El Tribuno, los primeros años del inicio de la investigación se mostró muy enojada por ciertas publicaciones que entre otras cosas hacían referencia a aspectos de la vida privada de su hija. En diferentes notas periodísticas el diario de mayor tirada de la provincia aseguró que la joven se había muerto practicando “juegos eróticos”. Algo que quedó totalmente desmentido en las pericias y autopsias hechas, puesto que éstas arrojaron que murió por asfixia y tenía diferentes golpes en su cuerpo.
La presencia policial en la escena
En dialogo con Cuarto Poder uno de los abogados del caso señaló que en el departamento de Parque La Vega hubo “gran presencia de la cúpula policial”. Las conclusiones arrojaron además que la escena del crimen fue modificada.
Pablo Del Pino, abogado querellante junto a Pedro García Castiella, señaló que la investigación se vio teñida de corrupción y en ese sentido hubo un “compilado eficaz para producir pruebas” en función a instalar diferentes hipótesis. Entre ellas la posibilidad de un supuesto suicidio y la implantación de “pruebas”.
Describió que el expediente está conformado por 37 cuerpos y que muchas declaraciones fueron reiterativas y no tendientes a aportar nuevos datos. Aseguró que durante la audiencia la excusa policial fue “No me acuerdo” ante diferentes repreguntas. Describió que el día del hallazgo del cuerpo de Cintia Fernández, en su departamento hubo “gran presencia de la cúpula policial”. Entre ellos el sub jefe de la Policía, el de la Brigada de Investigaciones, de la División Trata, los comisarios de la comisaría 7ª y 5 y personal de criminalística. Describió que alrededor de 50 personas, en su gran mayoría miembros de las fuerzas de seguridad estuvieron en el lugar constantemente contaminando la escena.
Describió que los resultados finales de la autopsia determinaron que fue un homicidio, que Cintia poseía diferentes lesiones en su cuerpo y que la causa estuvo teñida de corrupción, hubo maniobras tendientes a ensuciar la causa judicial con supuestas pruebas sin cabida científica y lógica.
Un caso de femicidio
La primera abogada querellante de la causa, la doctora María Eugenia Yaique, declaró que por las características del crimen el caso es un femicidio. “No es un caso cualquiera, es un caso de femicidio, que por supuesto no estaba vigente todavía el Código Penal con esas características, pero de última alevosía es. Porque las mujeres estamos cansadas y tenemos que decir basta en todos los sentidos y en todos los órganos y en todas las instituciones. Por eso cuando se hace la autopsia psicológica de la víctima, donde se está buscando que cosa mala tenía la víctima en su vida personal a mí me pareció absolutamente reprochable y desagradable. Estamos hartas de que nos re victimicen. Espero que se haga justicia”, manifestó la letrada.
