Desde el año 2009, las familias que habitan el paraje El Cocal en Rivadavia Banda Sur esperan respuesta del Gobierno de la Provincia de Salta a favor de la adjudicación y titularización de tierras de la comunidad wichi.

Se trata del expediente N°090-136-31647 en manos de la Dirección General de Tierras y Bienes del Estado, de donde salió la citación administrativa con última publicación el 20 de julio de este año. Aseguraron que no se presentó ninguna persona reclamando derechos sobre el inmueble matrícula 535, pero no avanza el trámite administrativo en los que deberían intervenir el IPPIS y la Secretaría de Asuntos Indígenas hasta llegar al Gobernador.

Finca el Cocal tiene 937 hectáreas, representa el 0,10% de las 927.000 hectáreas aproximadas que tiene Rivadavia Banda Sur. La población es wichi, como un tercio de la población del municipio, pero al igual que la gran mayoría de sus habitantes criollos, ninguna comunidad tiene titularidad sobre alguna de las más de 700 cédulas parcelaria que figuran en Inmuebles. En 2003 se le adjudicó fiscal 30 a la comunidad de San Felipe, pero nunca se le dio la titularidad. La mayoría de la población del municipio vive sobre tierras fiscales en La Unión, Rivadavia (las dos localidades con población urbana) y Santa Rosa, luego se distribuyen en parajes y comunidades indígenas asentadas en tierras privadas de las que solo tienen la posesión.

Desde fines del siglo XIX, una vez concluida la entrega de solares, chacras y estancias a través de la Merced de tierras, las fincas de Rivadavia se empezaron a comprar y vender entre titulares privados que nunca vivieron allí, en muchos casos nunca las conocieron, pero se favorecieron por la especulación y el negocio inmobiliario, y en caso de explotarlas lo hicieron con poco capital, aprovechándose de los recursos forestales sin control alguno o con personas trabajando en condiciones de servidumbre.

En las últimas décadas hubo un mayor interés sobre estas tierras por parte de capitales vinculados con la producción agrícola-ganadera. A fines de los ´90, CRESUD, la empresa agrícola del grupo IRSA que también explota Salta Forestal, compró 240.000 hectáreas de Finca Los Pozos en la que aparecen otros titulares que terminan acaparando más de un tercio del total de las tierras del municipio. La hectárea la pagaron menos de 20 dólares y ahora la comercializan a más de 3.500.

En el interfluvio, las dos comunidades rurales más grandes se encuentran en tierras privadas: La Esperanza en finca Los Panteones, más de 44.000 hectáreas en manos de cuatro españoles, y El Chañaral, 2.400 hectáreas en manos de Omar Quintar, un jujeño denunciado en 2015 con varias fincas a su nombre, entre las que se encuentra El Breal, finca habitada por una comunidad wichi hasta que la compró y logró expulsarla hacia el interior del catastro fiscal del pueblo.

El Cocal no es ajeno a este proceso, pero es ejemplo de otro suceso recurrente, el que tiene a los funcionarios públicos como protagonistas. La finca fue propiedad de Luis Reynaldo Puertas desde 1978, un ex intendente y político provincial que supo ser el mayor titular de tierras en el municipio, dueño de Puertas Soc. en Comandita por Acciones Comercial Agrícola Ganadera, titular de miles de hectáreas y del almacén de ramos generales más grande de su época.

En 1988, El Cocal pasó a manos de IMBASTE S.A., una compraventa por 45.000 con otro lote, el de finca Carreta Quebrada, y dos años después fueron entregadas al Banco Provincial de Salta como donación en pago a 168.621.491. Este pésimo negocio para el desaparecido Banco Provincial se explica porque IMBASTE S.A. pertenece a la familia de Juan Carlos Romero que en esos años pasa de Senador Nacional a Gobernador en 1995, justo cuando se concreta este negocio familiar y la privatización de empresas públicas. El Banco Provincial de Salta entregaba préstamos a testaferros de Romero que, por supuesto, se convertían en créditos incobrables, por lo tanto, lo que hacían era entregar propiedades que compraban a bajo precio como parte de pago por deudas millonarias que en este caso favoreció al fallecido ex testaferro de Romero, el empresario Marcilessi, condenado por el asesinato, en 1993, del abogado Miguel Eduardo Antonio de Escalada, como dejó escrito Sergio Poma en Salta el Narcopoder. Lo que terminó sucediendo es que el Banco Provincial se quedó con propiedades de escaso valor y deudas incobrables, canceladas, pero con tierras sobrevaluadas, causando la quiebra del mismo y su posterior compra por Jorge Brito, dueño del Banco Macro, de Inversora Juramento S.A., de la finca “Jumialito o Palo Horqueta” en R.B.S., del Frigorífico Bermejo, fallecido en 2020, su hijo continúa con el negocio al mismo tiempo que preside el Club Atlético River Plate.

Cuando el Banco desapareció, finca El Cocal pasó a titularidad de la Provincia de Salta, como donación en pago por $5.147.271,49 con otros lotes, en 2006. Además de los fiscales que nombramos, El Cocal es una de las 3 matrículas que figuran en nombre de la Provincia. Las familias wichi la habitaron históricamente, en un principio cuando dejaban el río en época de crecidas, hasta que en 1972 una inundación arruinó finca La Soledad y se establecieron permanentemente, en 2001 obtuvieron la personería jurídica N°321/01, con ayuda del club de pesca Los Mayuatos de Salta lograron levantar la escuela en 1988 y en 2008 construyeron el edificio actual donde funciona la escuela primaria N°4308 y desde hace un año también funciona un secundario mediado por TIC. En 2021 lograron el reconocimiento de la ocupación actual, tradicional y pública, a través de la Resolución 69/2021 del INAI, sobre una superficie aproximada de 81.662 hectáreas junto a las otras comunidades relevadas de la zona.

Los negociados que hay con las tierras del chaco salteño son innumerables, al igual que las necesidades básicas insatisfechas de esta población que sobrevive entre changas temporales, asistencia social y recursos degradados del monte y del río. Pelean por asegurarse una porción muy pequeña de tierra que les garantice un lugar donde vivir, sin el temor a ser expulsados por quien la compre con ellos adentro.