El intendente de Iruya no asistió a la reunión convocada por el Concejo para esclarecer el uso de una camioneta con pedido de captura y patente falsa. La comunidad espera respuestas que no llegan.
La situación institucional en Iruya se vuelve cada vez más tensa. Días atrás, desde la comuna fueron muy rápidos a la hora de exigir derecho a réplica por un artículo publicado en este medio y que refería al cobro de una pensión por invalidez por parte de la esposa del intendente, Eugenio Herrera. Sin embargo, esa inquietud contrasta fuertemente con el silencio reinante en las últimas horas.
Luego de que se conociera la detención de Herrera en la provincia de Jujuy —por circular con una camioneta que tenía pedido de secuestro judicial y una chapa patente adulterada—, el Concejo Deliberante convocó al jefe comunal para que diera explicaciones. Sin embargo, Herrera no se presentó en la reunión pactada y, hasta el momento, no brindó ninguna respuesta formal.
El concejal Marcelino Cruz informó que este lunes se presentó un pedido de informe con un plazo de cinco días, que aún no ha sido respondido. “Ayer debía estar en el municipio para una reunión clave, pero no asistió. Nos dijeron que estaba de viaje. Esperamos que hoy se presente, aunque nada es seguro”, declaró Cruz en el programa Hora de Voces.
El origen del vehículo en cuestión también genera dudas. Según consta en actas, el Concejo autorizó la venta de una camioneta en mal estado y aprobó la compra de otra usada, a pedido del propio intendente, por razones presupuestarias. La condición era clara: debía presentarse toda la documentación correspondiente. Esa documentación nunca apareció.
La gravedad del caso no solo pone en cuestión la legalidad del accionar del intendente, sino también su responsabilidad institucional. Mientras tanto, en Iruya, la desconfianza crece y la transparencia sigue ausente.
