El legislador de pasado olmedista y camporista volvió a quedar contra las cuerdas: la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ratificó el trámite de su desafuero por negarse a asistir a una audiencia de imputación. Mientras sus ex empleados ya fueron condenados por difundir fake news bajo sus órdenes, el legislador insiste en esconderse tras los fueros.
El fuero parlamentario se creó como un resguardo democrático frente a la persecución política. En el caso de Emiliano Estrada, sin embargo, ese derecho se transformó en una barricada de impunidad. El diputado nacional por Unión por la Patria decidió, una vez más, no presentarse a la audiencia convocada por la Justicia Federal de Salta para formalizar su imputación por peculado de servicio y abuso de autoridad.
El argumento de su defensa fue un “conflicto de competencias” entre juzgados. Pero lo que en los papeles luce como una discusión jurídica, en la práctica es una maniobra de dilación. La Cámara Federal de Apelaciones de Salta lo dejó claro esta semana: los planteos fueron rechazados y el pedido de desafuero quedó firme.
La escena sintetiza la lógica de Estrada: no dar la cara, parapetarse tras los privilegios del cargo, resistir con tecnicismos. En vez de presentarse y ejercer su derecho de defensa, opta por negar la legitimidad del juez natural y poner en duda la jurisdicción. Una estrategia que le sirve para ganar tiempo, pero que desgasta su credibilidad y lo exhibe ante la sociedad como un político convencido de estar por encima de la ley.
La condena de los subalternos
Lo más grave para Estrada es que mientras él juega al escondite judicial, sus ex asesores ya recibieron condenas. Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, empleados del Congreso bajo su órbita, admitieron en un juicio abreviado haber participado en campañas de intimidación pública y difusión de noticias falsas. Lo hicieron, dijeron, porque respondían a las órdenes directas del diputado.
La sentencia fue contundente: un año y cuatro meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ocupar cargos públicos. La Justicia también dejó asentado que actuaban siguiendo instrucciones de Estrada. En otras palabras, la usina de fake news no era un delirio de empleados díscolos, sino una operación digitada desde arriba.
Lejos de reconocer algún tipo de responsabilidad, el legislador prefirió dejar que la condena caiga sobre los eslabones más débiles. Nunca se presentó a declarar y nunca ofreció explicaciones públicas convincentes. Esa actitud de desentenderse del costo político y judicial, mientras se aferraba a los fueros, profundizó la sensación de que Estrada no solo evade a la Justicia, sino que además abandona a quienes lo secundaron en la sombra.
De Salta al escenario nacional
El caso Estrada ya no es solo un problema local. La repercusión llegó a los medios nacionales, que hablaron de “usina de noticias falsas” y de un diputado que resiste el desafuero para evitar ser imputado. Los portales lo ubicaron en la agenda como una trama de alcance nacional, con derivaciones incluso en Comodoro Py. Allí también se abrió una investigación vinculada al presunto uso de recursos públicos del Congreso para alimentar campañas de difamación digital.
En el Congreso, el pedido de desafuero deberá atravesar un camino institucional que comienza con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y sigue en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz. Si el trámite avanza, el recinto tendrá la última palabra. Estrada termina su mandato en diciembre, pero el costo político puede llegar mucho antes.
Dentro de Unión por la Patria, su situación incomoda a todos. La Cámpora, que lo apadrinó políticamente, guarda silencio. En Salta, los aliados locales se muestran inquietos: ¿cómo sostener un discurso de defensa de la democracia cuando uno de sus representantes emblemáticos aparece señalado como jefe de una usina de fake news?
Descreimiento y vacío político
En Salta, donde los liderazgos suelen girar en torno a proyectos más personales que colectivos, el derrumbe de Estrada se percibe como inevitable. Su imagen de joven técnico con discurso modernizador quedó sepultada bajo el peso de las acusaciones y la estrategia de impunidad.
El ciudadano común observa cómo un diputado nacional, que se jactaba de traer transparencia y eficiencia, se niega a comparecer ante los jueces mientras sus empleados cargan con condenas. El contraste es devastador: quien se presentó como la renovación terminó repitiendo los vicios más viejos de la política, refugiado en fueros y excusas.
Este desgaste no solo mina su futuro personal. También deja a Unión por la Patria sin una figura fuerte en la provincia, justo cuando necesita recomponer espacios frente al avance del oficialismo provincial y el desdibujamiento de su rol opositor. La caída de Estrada, en otros términos, es un principio de explicación a la insólita resurrección de figuras como la de Juan Manuel Urtubey, ex gobernador por doce años y arquitecto de mentados fraudes como el Fondo de Reparación Histórica.
Una lección de impunidad que se agota
El caso de Emiliano Estrada es, en el fondo, una radiografía de la política argentina: un dirigente que construyó poder sobre el relato de la modernización, pero que, enfrentado a la Justicia, recurre a los mismos privilegios que decía combatir. Un político que entrega a sus empleados al banquillo y se esconde detrás de tecnicismos para evitar responder por sus propios actos.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta envió un mensaje claro: los fueros no son un escudo para la impunidad. Queda ahora la instancia política, donde los diputados deberán decidir si protegen a uno de los suyos o si dan el paso de habilitar que rinda cuentas.
Mientras tanto, la sociedad salteña observa con creciente escepticismo. Cada maniobra dilatoria, cada ausencia de Estrada en los tribunales, refuerza la sensación de que en Argentina la justicia no es igual para todos. Y que en Salta, una vez más, los poderosos encuentran caminos de escape que a los ciudadanos de a pie jamás se les permitirían.