Pese a las críticas, el macrismo analiza más aumentos para 2017. La mayor suba será en la electricidad, donde según el gobierno la tarifa aún no cubre el costo de producción.
Mientras pelea en la Justicia para allanarle el camino al aumento de las tarifas de gas, que aplicó en el primer semestre, el Gobierno comenzó a delinear el trazo grueso de los incrementos que aplicará el año próximo, en línea con su plan para continuar reduciendo los subsidios que transfiere el Estado a los usuarios de agua, electricidad, gas y transporte.
Habrá un criterio rector: los servicios que más aumentaron este año tendrán el menor ajuste el próximo, mientras que los que se movieron poco en 2016 sufrirán el mayor aumento en 2017, confirmaron fuentes oficiales a LA NACION. En conjunto, los ajustes serán menores a los de este año.
El tema comenzó a discutirse en la mesa chica del presidente Mauricio Macri, a la que habitualmente se suman sus colaboradores más cercanos. Entre ellos, la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; sus coordinadores Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el radical Ernesto Sanz y Emilio Monzó, alfil de Cambiemos en la Cámara de Diputados. Los lunes, martes y jueves se hacen en la Casa Rosada. Los miércoles y viernes, en la Quinta de Olivos.
En ese cónclave están de acuerdo con otro punto: el año próximo hay elecciones, una característica que marcará el pulso de las medidas antipopulares que tomará el Gobierno. Al tope de esa lista están las subas de tarifas.
Los aumentos más fuertes en términos porcentuales recaerán sobre la electricidad porque, pese a los aumentos, el Estado aún sigue pagando el 65% del costo, mientras que la demanda afronta la parte menor.
La cuestión es distinta con los colectivos, los trenes y los subtes. Aunque hay miles de millones en subsidios por recortar, se trata de un rubro muy sensible, por eso se ajustaría en línea con la inflación.
La previsión inicial es que el agua aumente en 2017 en línea con la inflación para cubrir los mayores egresos de Aysa, la compañía que presta el servicio en la Capital y el conurbano, por el pago de salarios, atados a una negociación paritaria que está orientada principalmente por la recomposición del poder adquisitivo del sueldo.
El caso del gas es quizás el más complejo para el Gobierno. Pese a las marchas y las contramarchas, el entorno de Mauricio Macri está satisfecho con la reducción de subsidios que aplicó este año sobre ese rubro. Por eso está previsto inicialmente que el año próximo la tarifa aumente en línea con la devaluación. Eso se debe a que es un insumo atado en parte el dólar porque una proporción importante de la demanda local se cubre con importaciones de Chile, de Bolivia y de ultramar.
El primer aumento de tarifas, que comenzó a regir en abril de este año, implicaba que la demanda comenzara a pagar un 90% del costo del gas. El resto seguiría corriendo por cuenta del Estado. Pero los anuncios de hace dos semanas le pusieron un tope de 400% al aumento de gas sobre la boleta en comparación con el mismo período del año pasado. Así, la demanda pagará un 70% de los costos, según cifras oficiales. Es un número que satisface al Gobierno, si bien aún debe ser convalidado por la Corte Suprema.
Aunque aún no están cerrados, el Gobierno estima que este año la población pagará $ 140.000 millones más por la reducción de subsidios, pero el efecto real en las cuentas públicas es distinto por la devaluación de diciembre del año pasado. La administración de Mauricio Macri estima que el ahorro arañó los $ 80.000 millones. Y estará conforme con que el año próximo la sociedad haga la mitad del esfuerzo. Es decir, pague una factura $ 70.000 millones más cara por los cuatro servicios.
El entorno de Macri reconoce que pagó un costo político importante por los incrementos de tarifas, si bien cree que fue la decisión más dura de este año.
Un funcionario cercano al Presidente lo comparó con la salida del default. Si bien esa negociación tuvo efectos enormes en la economía del país, involucró a poca gente, algo muy distinto de millones de argentinos recibiendo facturas con ajustes importantes.
La Casa Rosada considera que instaló en los usuarios una idea que antes no estaba: el tamaño de las facturas futuras estará vinculado con cuál sea su consumo.
Fuente: La Nación