Continúan las turbulencias en la Policía de la provincia y las explicaciones oficiales redundan en lugares comunes y protección para los altos mandos. Detalles y posibles bombas que se pueden activar.
Por la espectacularidad que tomó el último caso de narcopolicías, el ministro de Seguridad Carlos Oliver tuvo que pasar una prueba difícil el martes pasado en la Cámara de Diputados. Toda la prensa concentró su atención en la reunión y el caso ocupó un generoso espacio en la agenda de la semana. En efecto, la sala de presidencia tuvo un marco acorde a la tensión que despertaba el tema: totalmente repleta de asesores, cámaras y periodistas.
El ambiente no era el mejor, no sólo por lo inadmisible del caso sino por la nula ventilación del lugar y el nerviosismo de varios, lo cual hacía respirar a los presentes una atmosfera densa. Sin mucha espera, el presidente del recinto, Manuel Santiago Godoy, tomó la palabra primero para dar inicio formalmente a la reunión; no parecía muy a gusto pero hizo una breve presentación de protocolo y le dio paso a Oliver, que se encontraba sentado a su lado izquierdo, acompañado por el secretario Jorge Ovejero.
Al principio, la exposición del ministro fue bastante sencilla y previsible: señaló que la Policía no es ajena a la “problemática” y que el caso se trataba de “un paso positivo” en el combate al narcotráfico. Siguiendo esa línea destacó medidas tales como “la reforma del Código Penal, la adhesión a la desfederalización, la reforma de la Carta Orgánica policial, la sectorización de la Brigada, la creación de Asuntos Internos y el sistema de denuncias web”.
Oliver siguió comentando de manera general cómo fue la detención de los ocho efectivos y particularmente subrayó que no se “secuestró cocaína sino marihuana”. “No vamos a dudar en separar a estos personajes de la institución policial” fue la frase que resumió en buena parte el pensamiento del funcionario: se trataba de algunos “personajes”, o como lo calificó el diario de mayor tirada, “infiltrados” en la policía provincial. Luego, reivindicó el trabajo llevado a cabo por la fiscal Gabriela Buabse. “Celebramos el trabajo con la Fiscalía”, resaltó. También, dijo que la sección de Asuntos Policiales ya había iniciado los sumarios correspondientes, señaló la necesidad de que se refuercen los “canales de comunicación” y convocó a los periodistas a colaborar con la policía ya que ellos “suelen tener más confianza con la gente”.
“Hemos pedido informes para detectar si hay vínculos con otros efectivos”, dijo, pero aclaró: “Nosotros no podemos pasar por encima de un juez, sólo ponemos a disposición nuestro trabajo”.
En lo que a datos se refiere, los más novedosos fueron que en el último semestre se secuestraron 360 kilos de marihuana y apenas 130 de cocaína y que el total de dinero incautado por procedimientos contra el narcotráfico fue de apenas 500 mil pesos.
Durante más de dos horas, la cartera de Seguridad tuvo que poner la cara para defender las políticas de gobierno. Sin embargo, las fundadas sospechas sobre el papel gerencial de la policía en la venta de drogas no fueron completamente despejadas y desembocaron en nuevas certezas. Es que este caso aportó un nuevo episodio a la saga de los negocios sucios de “la familia policial” pero con una peculiaridad en su metodología: ya se sabía que algunos efectivos transportaban droga en el interior de los patrulleros, pero hasta ahora no se conocía tan al detalle un caso en el cual el papel policial hubiera sido liberar zonas a una mujer e incluso tener droga para realizar una “cama” a otros dealers.
Se avizora un paisaje oscuro y peligroso para el Ministerio de Seguridad.
Drogas Peligrosas y la Brigada
Ese martes, además, se conoció que el impacto del caso fue tal que se llevó puesta a la directora de Drogas Peligrosas, Beatriz López de Plaza, quien fue reemplazada por el comisario Enrique Cabrera. El secretario Ovejero explicó que la medida fue adoptada para “dar una respuesta concreta a la sociedad” y generar “transparencia”.
El funcionario destacó que “fue muy importante” para “perfeccionar el control” que a mediados de febrero de este año se haya realizado una “descentralización territorial de los grupos de Drogas y de la Brigada de investigaciones. Ellos ya no hacen base en sus respectivas direcciones generales, hacen base en sus sectores, es decir que en cada grupo de la ciudad hay un jefe al cual deben seguir órdenes”.
La salida elegante
Horas antes de la visita de Oliver, trascendió que también habían relevado a Juan Carlos Miguez como jefe de la Unidad Regional Nº 4 y colocado en su lugar, de forma provisoria, a la comisario mayor Hortensia Aramayo. Al respecto, el ministro se refirió. “Yo dispuse la remoción del cargo, se le otorgó la licencia y se sigue el sumario administrativo”, aseguró ante la consulta de un legislador. “Recabamos datos en las comisarías de la regional Nº4 y se tomó la decisión preventiva. Todavía hay que citarlo a declarar y cumplir con los procedimientos porque tiene la posibilidad de presentar sus pruebas”, aclaró Ovejero.
Ambos procuraron no mencionar las acusaciones que pesan sobre Miguez, una cara poco conocida mediáticamente pero con peso en la interna policial que tiene encima duras acusaciones, como la que apunta que es el líder de una banda narco que se enfrentó con Gendarmería.
Su salida no apuntó a golpear a una de las camarillas acusadas. Por el contrario, evidentemente, fue una decisión improvisada producto de la presión generada.
Torturas
Cuando parecía que la crisis en la cartera de Seguridad había llegado a su punto más alto, salió a luz otro caso que advierte de manifiesto que todo puede estar peor. Paralelamente a la visita de los funcionarios a diputados se conocía que la fiscalía Penal de Derechos Humanos, a cargo de Gustavo Vilar Rey, realizaba una imputación a cuatro miembros de la brigada por torturas a Rodrigo Carrizo, familiar de Pablo Carrizo, al que también golpearon.
Ningún medio de prensa se percató de que uno de los efectivos acusados por torturas en Metan, Gustavo Orozco, aparece mencionado en el caso de Claudio Valdivieso, quien apareció muerto con claros signos de tortura en la Comisaria 31 de Rosario de la Frontera en 2012. En ese entonces, Orozco cumplía funciones en la mencionada comisaria y cuando le tocó declarar dijo que no había escuchado nada. Ahora, aparece otra vez involucrado en un hecho de torturas.