Ante la anestesia estatal rescatamos las formas de resistencia de la activista salteña feminista y originaria Kolla-Toba, presidenta de la Asociación Civil Foro de Mujeres por la igualdad de oportunidades, Irene Cari; excluida del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, quien fue detenida por defender a una niña institucionalizada desamparada por el Estado.
El derrotero policial y judicial que vivió Irene Cari da muestra a las claras las deficiencias del sistema estatal salteño cuando hablamos de protección a mujeres y niñas en una provincia con los índices más elevados de violencia machista en todas sus variantes. Irene fue detenida durante el aislamiento social por la pandemia de COVID 19 por la única razón de brindar con todos sus recursos posibles, asistencia a una víctima, menor de edad, no solo violentada recurrentemente por sus propios familiares sino también por las instituciones del Estado disponibles justamente para ayudar a las víctimas. El resultado: una menor revictimizada por las fuerzas de “seguridad” de la Policía de Salta y por el sistema judicial y una militante histórica que dedicó su vida a brindar contención a las mujeres, detenida y amedrentada en dos comisarías de esta capital.
En el caso de la referenta Irene Cari vemos cómo la Policía de la provincial funcionó como un aparato del Estado para violentar y perseguir a una feminista. Mientras que fueron los dispositivos estatales quienes no brindaron ayuda a una niña que la necesitaba.
“Fui detenida por salvar la vida de una niña que no la estaban buscando”. Irene Cari.
Fueron las palabras de la referente del Foro de Mujeres de Salta, Irene Cari, detenida injustamente por defender a una menor institucionalizada en un dispositivo dependiente de la Secretaría de Niñez y Familia, que acudió a ella para solicitarle ayuda.
Luego de estar detenida durante todo el día en pleno aislamiento, la dirigente feminista Irene Cari pudo regresar a su casa, pero con una libertad condicional por ayudar a una menor que acudió a ella para pedirle ayuda ante su situación de vulnerabilidad y ante la ausencia estatal.
“Fui detenida por salvar la vida de una niña que ni siquiera la estaban buscando y por no entregarla a las 2, 3 de la mañana a la pequeña me han declarado delincuente”, señaló Irene relatando además que fue golpeada por efectivos de la Policía de Salta cuando se la llevaron detenida quienes además le secuestraron su celular.
Agregó que cuando la menor acudió a ella para solicitarle ayuda pudo resguardarla en un lugar para que pase allí la noche y que inmediatamente se dirigió a realizar la denuncia al 911 donde le negaron tomarle la denuncia. “Inmediatamente llamé a la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, para que me ayude a que me tomen la denuncia. El oficial policía me trató de mentirosa y yo le pedí que me tomen la denuncia, porque es un derecho”, describió.
“Me único delito fue salvar la vida de una niña que estaba desaparecida y no la estaban buscando. Ella se escapó del ‘acuario’ donde ella debería haber estado protegida y no la protegieron y no la buscaron”, expresó.
Diferentes organizaciones feministas se han manifestado públicamente exigiendo cese la persecución contra la histórica referenta quien ha destinado su vida a brindar ayuda a las mujeres y niñas desprotegidas de Salta.
A partir del testimonio de Irene Cari, es que rescatamos las palabras de Gunn Allen, repensando que aún hoy en día la estrategia del pensamiento colonial y del poder patriarcal insiste en destruir el poder femenino, su valor social y su poder comunitario, su subjetividad y su cuerpo.
Por ello, el género debe ser entendido como una construcción cultural, como principio ordenador de la colonialidad, y concebido como un constructo colonial al igual que la raza. A su vez, la violencia contra las mujeres no solo excluye su lucha a nivel cotidiano, sino también a nivel epistémico. Oprime el conocimiento y con ello la liberación. Existe por parte del poder dominante una explotación y sumisión.
“Soy yo una víctima de Violencia Política”
Además de ser detenida y violentada por las instituciones estatales, Irene Cari fue excluida pese a ser elegida como Directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta en representación de organizaciones sociales. A más de dos años de ganar el concurso para directora sigue sin poder asumir.
“Yo como Directora ganadora del Concurso público el 3 de diciembre de 2019 para el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, hoy puedo expresar, que soy yo una víctima de Violencia Política y no veo que brinden su apoyo ni una acción positiva a favor de las oportunidades a un pensamiento colectivo y popular de los Derechos, oportunidades de ser vistas y ser escuchadas en lugares de decisión”.
La Corte de Justicia de Salta declaró nulo todo el trámite de un amparo en cuyo marco el juez Marcelo Domínguez había anulado el concurso en el que Irene Cari fue electa directora del Observatorio.
En agosto de 2020, en el marco de un amparo colectivo presentado por una abogada que se presentó al mismo concurso y no ganó, el juez Domínguez había anulado el mismo para elegir a la directora del OVcM en representación de las organizaciones que trabajan en cuestiones de violencia de género. Esa decisión judicial impidió que Cari, presidenta del Foro de Igualdad de Oportunidades, asumiera en la dirección colegiada del OVcM.