Un juicio que tiene como protagonista principal al ex urtubeycista y aún kirchnerista Diego Barreto entró en los tramos finales. El resonado escándalo que lo llevó a la cárcel por casi dos años y que cubría la tapa de casi todos los medios periodísticos locales ingresó en un intencionado hermetismo a instancias de operadores del gobierno que no desean que la verdad sea exhumada. (Juan de la Calle)

Ahora son pocos los medios que dan cobertura al caso, a pesar de que muchos manifestantes le dan notoriedad al proceso con sus masivas concurrencias a la Ciudad Judicial.

Los del gobierno no quieren que salga a la superficie la versión de un dirigente político afín al oficialismo que fue desconocido por sus mentores y que se erige hoy como el único funcionario de esta gestión que estuvo detenido y que podría ser condenado.

Diego Barreto quiso vender cara su derrota y antes de que se abrieran las audiencias denunció persecución política acompañado del rebelde y provocador Luis D’Elía. A la hora de declarar puso en evidencia el entramado político que gobernada las decisiones de la Sub-Secretaría de Tierra y Hábitat y formuló algunas acusaciones incómodas.

“Mastico mucha bronca”, dijo Barreto ante los jueces del Tribunal de Juicio, para después informar que solamente recibía órdenes del exministro de Gobierno Juan Pablo Rodríguez y de Sergio Usandivaras, dos de los funcionarios amigos del gobernador.

Estas son las razones por las que El Tribuno, en defensa de su dueño, instalaba irresponsablemente que por la venta de lotes la “banda criminal” había embolsado más de veinte millones de pesos. Sin embargo, el exgobernador desconocía que era el escudero de Juan Urtubey quien le enviaba los perros a ladrar por las esquinas.

Cuando se le preguntó por las adjudicaciones de terrenos Barreto no ahorró detalles y dejó en claro que tuvo discusiones con Usandivaras y con el ex Subsecretario, Rodrigo Diez Tizón, cuando se decidieron a excluir de los listados de beneficiarios a personas a quienes les había dado su palabra para que ingresaran otros que fueron recomendados por intendentes, legisladores y funcionarios de la cúpula del gobierno.

Nada nuevo bajo el sol, salvo porque esta vez las prácticas deleznables fueron ventiladas en una sede judicial en donde se han tomado actas que podrían servir para acusar a algunos de los gurúes cercanos a Juan Manuel Urtubey.

Lo de Juampi Rodríguez no parece una novedad para quienes saben sobre su vinculación con el medio Informate Salta y las operaciones políticas que surgieron de ese medio y que fueron compatibles a sus intereses personales y políticos. No son pocos los que afirman que José Zambrano y Federico Storniolo serían solamente testaferros del extitular de la cartera ministerial, que hoy tiene a cargo parte importante de las responsabilidades de instalación de la figura de Urtubey en Buenos Aires para su precandidatura a presidente.

Está claro que el envío de personas para generar presión en los jueces que tenían que decidir sobre la causa de un Juan Romero enfrentado con Juan Urtubey descalifica totalmente a un ministro de gobierno y a cualquier funcionario. En contrario con esta opinión el actual gobernador ha premiado a su lugarteniente y lo mantiene como operador de confianza en altos niveles.

Claro está que el perfil del exministro Rodríguez fue irrepetible. Quizás sería el único operador político de un gobierno que en lugar de armonizar, generar diálogo y construir en armonía, habría optado por la manipulación mediática y la presión impropia utilizando dirigentes sociales que en apariencia repudian al gobierno, pero que sostienen lazos fraternos en la trastienda. La Corriente Clasista y Combativa (CCC) tiene acreditada en este juicio la extorsión cotidiana con exitosos resultados que se tradujeron en la obtención masiva de terrenos, bolsones y planes sociales.

Por la sala de grandes juicios pasaron más de sesenta testigos que manifestaron que eran obligados a movilizarse en masa para apoyar la campaña proselitista de Evita Isa a diputada nacional, como también la de Barreto en sus aspiraciones por ingresar a la cámara baja provincial. A la primera le dio buenos resultados, mientras que el segundo mordió la derrota.

Es tan absurda la acusación que al final se ha logrado establecer como si se tratara de una estafa que sesenta personas habrían pagado cien pesos y otras monedas por cada lote que se les entregó. La banda criminal integrada supuestamente por seis personas habría logrado un botín de $8000 en casi tres años de arduo trabajo.

La fiscal ha iniciado un camino del que le resultará difícil regresar y que la coloca a contrapelo de la obediencia que ha mostrado la justicia salteña respecto del poder político. Al compás de las teorías del juez federal Bonadío ha pregonado la existencia de una asociación ilícita local que tendría como jefe a Barreto y de la que serían parte funcionarios de Tierra y Hábitat y dirigentes sociales a los que les asignaba el rol de captadores de personas para sumarlas a las manifestaciones políticas que realizaba el urtubeycismo en las calles. Un gesto osado que se diluyó cuando eligió acusar a los perejiles, como dijo abiertamente un defensor.

Luego de un mes de debate la Fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos alegó el viernes y pidió condenas para todos los imputados salvo Roberto Martín Nellesen de quien sostuvo que no hay elementos para incriminarlo. Seis años y medio para Diego Barreto con ejecución efectiva, mientras que para Rodrigo Diez Tizón, defendido por los abogados del gobernador, le aseguró la libertad ambulatoria requiriendo solamente tres años en suspenso.

La balanza judicial tiembla frente a semejantes inequidades. El pobre dirigente “Manguera” Salazar, a quienes numerosos vecinos y militantes acompañaron durante todo el juicio y le reconocen trabajo social genuino, se ha retirado con consigna policial ordenada por los jueces ante el supuesto peligro de que se fugara. Todo un exceso para con el que menos tiene y que, evidentemente, es la parte más delgada de un hilo en donde la corrupción prevalece.

En sus alegatos los defensores han puesto en cuestionamiento la discrecional selección de los imputados por parte de la fiscal Mónica Poma y se quejaron recurrentemente de que en el banquillo no estuvieran los verdaderos jefes. Entre miradas cómplices y por lo bajo mentaron a Juampi Rodríguez y a Sergio Usandivaras.