Tras la revelación de Cuarto Poder, medios norteños y capitalinos se hicieron eco de la denuncia sobre entierros clandestinos en Tartagal y Aguaray. El fiscal admitió a este medio que pide informes y recaba información. Más revelaciones. (Gonzalo Teruel)
La denuncia es aberrante y por eso ya actúa el fiscal penal Pablo Cabot: Decenas de personas, presumiblemente miembros de comunidades originarias, fallecidas en el Hospital Juan Domingo Perón fueron enterradas de manera irregular (sin registro médico, policial o judicial) en Tartagal y Aguaray.
Esta semana, tras la revelación en las páginas de Cuarto Poder el sábado último, los medios norteños y también algunos capitalinos se hicieron eco de la acusación. FM Alba de Tartagal, por ejemplo, anticipó el lunes cambios en la conducción hospitalaria que se confirmaron este viernes. “El recambio de autoridades sucede en medio de graves denuncias que involucran en esta oportunidad a la morgue del nosocomio” indicó la emisora radial en su sitio de Internet y amplió que “las doctoras María Luisa Grande y Susana Salinas presentaron sus renuncias a la subgerencia y a la gerencia de atención a las personas, respectivamente”.
Al cierre de esta nota, todavía no hubo una comunicación oficial por parte de las autoridades del centro médico aunque la continuidad de Viviana Beatriz Brain en la gerencia y las designaciones de Gladys Paredes como subgerenta y de Martín Chuchuy a cargo de la atención a las personas ya habían sido sugeridas de manera extraoficial desde el Ministerio de Salud a este semanario con la sola aclaración que “no tienen relación con la denuncia”.
También en Tartagal, el sitio web VideoTar ratificó la acusación y profundizó el testimonio del denunciante Sergio Heredia. “La cesantía de Luis Barraza que se desempeñaba en la morgue del hospital local dio origen a una nueva denuncia por parte del abogado Sergio Heredia. La imputación se basa en las declaraciones que le realizó este personal despedido, al letrado, sobre supuestas tumbas de NN que se encontraban en el depósito de cadáveres y fueron enterrados en distintos lugares ocupados por comunidades de pueblos originarios. Según Heredia se realizaron alrededor de 40 inhumaciones sin el debido trámite legal por lo que recurrió a la justicia” puntualizó en su página web el canal de televisión junto a una entrevista al querellante. Y amplió que “las irregularidades en el nosocomio local son denunciadas de manera reiterada por distintos agentes”. “Rodolfo Barraza, hijo del morguero y también despedido del hospital en el año 2006, ratificó los dichos de su padre diciendo que el también ayudó a cargar los cuerpos en una Trafic para ser enterrados y nombró como chofer a Coco Ranjack actual jefe de transporte del hospital” especificó.
Así las cosas, fuentes confiables indicaron que el miércoles en horas de la mañana el fiscal visitó el nosocomio y se entrevistó con la gerenta Brain para profundizar su investigación. Consultado por este semanario, sin embargo, el funcionario judicial negó la existencia de esa reunión.
En el Hospital Perón, por ahora, la versión oficial indica que se trata de una acusación realizada por un “denunciador serial” pero que de cualquier manera ya “se está investigando”. En el Ministerio de Salud Pública, en tanto, se limitaron a decir que “el ministro (Oscar Villa Nougues) está al tanto y se iniciaron las actuaciones”. Además, indicaron que Barraza fue cesanteado (mediante el Decreto 340/16) porque se probó que pedía dinero a pacientes y familiares a cambio de gestionar trámites. “Dinero por trámites como compra de medicamentos, gestionar pensiones, conseguir certificados médicos, etcétera” detallaron y advirtieron que las oficinas de Asuntos Legales y de Personal del Ministerio de Salud y la Fiscalía de Estado tomaron intervención en el caso.
Pero el abogado Heredia amplió su presentación judicial y aportó nuevos materiales audiovisuales (grabados con su teléfono celular) en los que sumó testimonios de respaldo a su pedido de investigación.
Uno de los videos contiene el testimonio del “Cacique Duran” que confirmó el entierro de una persona como NN en el Cementerio de Zanja Honda. “Ellos vinieron, me buscaron en mi casa, pidiendo una ayuda para enterrar una gente, un hermano mío de la raza aborigen, porque no encontraban sus familiares. Ellos llegaron y me dijeron si les daba permiso para enterrar un cuerpo porque su familia no viene a reclamar para entregarle su cuerpo y, bueno, nosotros como somos tan pasivos con el tema de nuestros hermanos, le cedimos un pedazo para enterrar el cuerpo” aseguró el cacique y detalló que “la policía misma vino y le hicimos firmar un libro de acta a los mismos policías y quedó asentado en el libro”.
Otra grabación presenta el testimonio de Rodolfo Miguel Barraza, el hijo de Luis Oscar Barraza quien aportó el testimonio inicial para la denuncia de Heredia, que también trabajó en el nosocomio durante una década y denunció el “desmantelamiento de la cámara frigorífica de la morgue”. Barraza aseguró haber prestado servicio “en mantenimiento” y “de chofer en guardias activas”, denunció la existencia de “una mafia en el hospital” dedicada al desmantelamiento de la morgue a través de la venta de las ambulancias y otros instrumentos médicos, y confirmó la realización de “enterramientos de NN en las comunidades aborígenes”.
Estos nuevos elementos ya están en poder del fiscal penal Pablo Cabot que continúa con las actuaciones preliminares de su investigación y que, según anticipó a Cuarto Poder, “la semana próxima, posiblemente el lunes, estaré en condiciones de emitir dictamen”. En los próximos días, también, la denuncia de Heredia estará en los medios de difusión nacional que una vez más presentarán al norte argentino como tierra de nadie.
La denuncia
La acusación fue presentada por el abogado Sergio Heredia a partir del testimonio de un trabajador recientemente cesanteado en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal: Luis Oscar Barraza.
Según la denuncia, en un primer encuentro Barraza contó a Heredia que trabajó más de 40 años en el sector de la morgue y que “sabía muchas cosas que se habían cometido en el hospital y que él mismo había enterrado en los últimos años a más de 40 cuerpos en distintos lugares de la zona”.
Ante la sorpresa del abogado, el trabajador de la sanidad relató que “a pedido de gente del hospital había enterrado más de 40 cuerpos de niños, fetos, hombres y mujeres, la mayoría aborígenes, en distintos lugares”.
En la denuncia que ya está en poder del fiscal penal Pablo Cabot están mencionados como sitio de los entierros el Cementerio Municipal, el Kilómetro 6 “donde están las comunidades aborígenes”, y “un lugar llamado La Loma” en la localidad de Aguaray.