Apuntan contra la presidenta de la institución, Julia Toyos, por haber nombrado a su marido para litigar contra afiliados, despedir a cinco maestras jardineras bajo el argumento de “déficit” y promover clases de yoga sin comprobar su rentabilidad.
La Caja de Abogados atraviesa, según denuncian sectores de afiliados, la peor crisis institucional y ética de su historia. Las acusaciones de nepotismo flagrante protagonizadas por su presidenta, la dra. Julia Toyos, se hicieron públicas en coincidencia con el despido de cinco maestras jardineras y el polémico cierre del jardín de infantes de la institución, bajo el pretexto de ser deficitario. Al mismo tiempo, apuntan que se impulsan actividades de dudosa rentabilidad, como clases de yoga, lo que acrecienta las críticas hacia la conducción actual.
El marido contra los afiliados
El centro de la controversia —según señalaron fuentes internas— es el nombramiento directo de un alto cargo en un asunto de máxima sensibilidad legal. Denuncian que la presidenta designó a su propio esposo, el doctor César Rodríguez Galíndez, como representante de la institución en el juicio que enfrentan los abogados matriculados contra la Caja y el IPS.
Esa designación, realizada sin transparencia ni concurso alguno, beneficia al círculo íntimo de la presidenta y coloca a su cónyuge defendiendo los intereses de la Caja en oposición directa a los intereses de los propios afiliados.
“Poner al marido de la presidenta a litigar contra los matriculados, en un caso que nos afecta a todos, es una burla a la ética y un claro conflicto de intereses”, expresó un letrado consultado.
Yoga si, jardín maternal no
Las críticas también apuntan al contraste en las prioridades presupuestarias de la actual gestión. Denuncian que la doctora Toyos decidió cerrar el jardín de infantes y despedir a las cinco maestras jardineras, alegando que la dependencia educativa era “deficitaria”.
No obstante, fuentes del propio organismo advirtieron que, mientras se invoca el déficit para justificar el cierre del jardín, la Caja abrió actividades recreativas como cursos de yoga, sin que se haya comprobado previamente su rentabilidad ni que generen los ingresos necesarios para sostenerse.
El contraste entre las decisiones genera indignación entre los profesionales del derecho, que señalan que la conducción de Toyos sacrifica un servicio social esencial para la comunidad de abogados en favor de actividades que no constituyen prestaciones básicas ni cuentan con informes que avalen su sustentabilidad financiera.