La sospechas recaen sobre la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. 50 dosis de vacunas Sputnik V, abrían sido aplicadas de manera irregular. El Procurador al enterarse dispuso actuaciones de oficio para establecer responsabilidades. 

Parece que desde el CIF pidieron 50 vacunas contra el Covid-19. Tal gestión no fue informada a las autoridades del Ministerio Público Fiscal ni del Servicio Médico del Ministerio Público. Y por eso se abrió una investigación de oficio, ordenada por el mismo Abel Cornejo.

El Procurador ordenó las actuaciones sumarias al tomar conocimiento de que aproximadamente hace un mes y dentro del ámbito del CIF, se habría dispuesto, sin conocimiento de la Procuración General ni de su Coordinación General, pero tampoco del Servicio Médico del Ministerio Público; la tramitación ante el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, de 50 dosis de la vacuna rusa contra el SARS-CoV-2. Las dosis habrían sido recibidas por igual cantidad de personas, integrantes de una lista elaborada dentro del ámbito del CIF.

La medida inconsulta generó sorpresa y desagrado en el ámbito de la Procuración, atento a que además de las posibles irregularidades en el acceso a las vacunas, la situación revistió falta de solidaridad y equidad de quienes decidieron avanzar en el acceso a las dosis y su disposición final, al no haber contado con una opinión médica objetiva sobre el listado de personas con prioridades que debían administrarse la vacuna Sputnik V y el orden de prelación que debía seguirse para ello. La directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, María Luján Sodero Calvet, es la principal sospechosa.

Cornejo consideró que pudieron advertirse “prima facie”, irregularidades en orden a lo violación de distintas normativas vigentes, lo que justifica, por su gravedad y complejidad, la promoción de instancias disciplinarias internas “especialmente cuando es de dominio público que todavía, la cantidad de dosis disponibles a nivel internacional, nacional y provincial, resulta absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población”. Las actuaciones administrativas tienen el objeto de deslindar responsabilidades, determinar la vía de acceso a las dosis y la tramitación del pedido, como así también los criterios adoptados para la confección de la lista, habida cuenta que el Servicio Médico del Ministerio Público, no fue consultado.

Durante 2020 y lo que va de este año, el proceso general de inmunización, se vio alterado ante la situación pandémica por Covid-19 y que actualmente registra un rebrote. A ello se suma la restricción a las autoridades de acceder a las dosis necesarias para lograr un reparto equitativo en la sociedad y de acuerdo a las prioridades establecidas. En el propio Ministerio Público Fiscal, hay fiscales, funcionarias y funcionarios y personal, todos incluidos en grupos de riesgo y que no accedieron todavía a la inmunización.

Vale recordar que dada la tarea específica que lleva adelante el CIF, particularmente en materia de autopsias y otros exámenes cadavéricos, desde la declaración de la COVID-19 como pandemia, numerosas personas del equipo resultaron positivas para la enfermedad y luego de haberse cumplido los protocolos establecidos para evitar más contagios y someterse al tratamiento, se recuperaron en forma favorable.

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