El titular de Lusal, Emilio Rodríguez Tuñón, fue el funcionario que resolvió las condiciones de prestación del alumbrado en 2008 y pasó por dependencias vinculadas a los servicios públicos. Un ejemplo de incompatibilidad entre intereses personales y función pública. (Franco Hessling)
Algunos amnésicos creen que Matías Assennato fue pionero en lo de ser funcionario poli-rubro, siempre presto a ocupar cualquier cargo. Hubo antecedentes anteriores que luego de agotar todos los pasos por la función pública, recayeron en el sector privado al que habían beneficiado cuando formaban parte del Estado.
Emilio Rodríguez Tuñón fue uno de los urtubeicistas de la primera camada, aquella que asomó al Grand Bourg en los primeros años de presidencia de Cristina Kirchner, cuando Juan Manuel se mostraba progresista, viva faz de la juventud comprometida con renovar la política. Veamos el camino del doble apellido.
El abogado Rodríguez Tuñón, en algún momento matriculado en Buenos Aires, fue designado el 2 de enero de 2008, a menos de un mes de la asunción de Urtubey como gobernador, en el cargo de secretario ejecutivo de la Uniren (Unidad de Revisión y Renegociación de los contratos, licencias, autorizaciones y permisos otorgados por el Estado Provincial). Es decir, la dependencia que se hizo cargo de negociar los nuevos acuerdos con las empresas prestatarias de los servicios públicos (Edesa, Lusal, Aguas del Norte, entre otras).
En los primeros días como titular de la Uniren, Rodríguez Tuñón suspendió los acuerdos que la Provincia había tramado con la compañía de alumbrado en tiempos de gobierno de Juan Carlos Romero. Las empresas integradas en Lusal, Mantelectric e Ilubaires, entramaron una meteórica relación con el funcionario, quien rápidamente accedió a que en la renegociación se mejoren todavía más las condiciones de prestación que tenía la firma concesionaria. Ello derivó en un vínculo que fue estrechándose con el tiempo, de allí en más Rodríguez Tuñón se constituyó en un asesor tras bambalinas de Lusal.
En aquel momento, fue el engranaje que terció entre las autoridades empresariales y la Municipalidad de Salta, quien asumió como propia la concesión para que Lusal siguiese siendo la prestataria del servicio. Puesto en fechas y registros procedimentales la secuencia fue así: el 4 de enero de 2008, a dos días de asumido como titular de la Uniren, el abogado suspendió el contrato que regía la relación entre el Estado provincial y Lusal (decreto 47/08); el 26 de marzo, la Uniren y Lusal suscribieron un acta que delegaba en los municipios la potestad de contratar a la empresa como prestataria del alumbrado público (decreto 1495/08); finalmente, el mismo 26 de marzo de 2008, Lusal y la Municipalidad acuerdan la feliz continuidad de los servicios (decreto 1496).
Aquellas maniobras que Rodríguez Tuñón hacía como supuesto artífice de articulaciones -una de las principales características de los funcionarios poli-rubros que además son “proactivos” y firmadores seriales de convenios con cuanta institución o personaje se preste a tomarse una fotografía con ellos- fueron en realidad la antesala de su actual situación personal; pues, dándoles la razón a los que denunciaban sin pruebas fehacientes que desde aquel momento se había convertido en asesor legal de Lusal, el abogado es actualmente administrador formal de la empresa. Así de fácil: después de haber sido el agente estatal que negoció las condiciones para la concesión, se convirtió en el administrador de la firma prestataria. Otro caso en el que juez y parte son lo mismo.
Incompatibilidad
Cierto es que desde aquellos acuerdos consignados en 2008 y esta parte hay una distancia de ocho largos años. Sin embargo, lo convenido con la empresa está en plena vigencia, replicando en términos de erario y prestaciones públicas lo que sucede en el campo de la política, una alianza. Lusal, la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia están influidos por los mismos intereses.
Como las condiciones que entretejen ese triángulo son las mismas que sentó Rodríguez Tuñón cuando manejó la Uniren, se está frente a otro caso de incompatibilidad pública, inverso al del actual ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, quien se mantuvo inmune pese a la flagrante contradicción entre promover una política pública tendiente a favorecer la rentabilidad de la que había sido su empresa, la petrolera Shell. El abogado local cambió el orden de los factores sin alterar el producto: pasó de la función pública a la empresa que benefició antes desde el Estado.
Según el artículo decimotercero de la Ley de Ética de la Función Pública, sancionada en el ocaso del menemismo -allá por septiembre de 1.999-, “es incompatible” con la condición de funcionario “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”.
Puede que el pasaje anterior sea algo ambiguo, para que no haya dudas recáigase en el artículo siguiente: “Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladores de esas empresas o servicios”. Por si faltasen dudas para suponer que el letrado Rodríguez Tuñón incumple e incumplió las prescripciones de Ética Pública, dígase que después de ser titular en la Uniren fue asesor del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp). Fue designado el 11 de agosto de 2008 (decreto 3437).
Siempre oficialista
Gabriela Cerruti, en su libro “El Pibe” (2010) sobre el presidente Mauricio Macri y su entorno familiar, cuenta que al papá Franco no le cuadraba el desembarco en la política de Mauricio porque desde pequeño él le había enseñado que para ser un empresario contratado por el Estado, siempre había que ser oficialista. Franco llevó a Mauricio en sus visitas a la Casa Rosada de los militares, la de Raúl Alfonsín y la de Carlos Menem; a las reuniones con Néstor y Cristina Kirchner ya tuvo que ir solo, su hijo era opositor.
Rodríguez Tuñón, tanto como Mauricio, mejoran el esquema de Franco: no sólo son siempre oficialistas, forman parte del gobierno desde donde digitan sus negocios.
Oficialmente, el abogado asumió el mando de Lusal hace poco tiempo, pero hasta en sus últimos momentos antes de esclarecer su participación en la compañía se mantuvo con buenas relaciones en las áreas gubernamentales relacionadas. Hasta 2015 formó parte de los que mejores vínculos tenían con el subsecretario de Servicios Públicos y Control Ambiental del municipio, Normando Zúñiga.
En las inmensidades de internet, hay registro sobre la aprobación del CAAM (Certificado de Aptitud Ambiental Municipal) que promovió Zúñiga en favor del fideicomiso “Edificio Cafrune”, integrado por “Emilio Hernán Rodríguez Tuñón” y “Luis Alfonso Ritzar Lacroix” (Resolución 1730/15). Fue la aprobación para la construcción de un edificio de “34 viviendas colectivas y 3 locales comerciales” en calle Balcarce 1.483 de la capital salteña.
Vasta carrera
Además de haber sido el titular de la Uniren que negoció el contrato de la empresa que él mismo maneja ahora, sumado a que fue asesor del Enresp provincial, Rodríguez Tuñón siempre ocupó funciones estatales vinculadas a los servicios públicos.
La carrera de funcionario poli-rubro fue menos descompaginada que la de Asennatto, reconozcámosle méritos al flamante administrador de la concesionaria del alumbrado público. El 12 de mayo de 2009 asumió como coordinador general de Transporte y Servicios Públicos de la Provincia, cargo que ocupó concomitantemente con el de presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), asumido el 8 de julio de ese mismo año. Permaneció en ambas funciones hasta diciembre, cuando juró como secretario de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo que por entonces ocupaba Rubén Fortuny.
Renunció a la secretaría el 13 de julio de 2011, tras más de un año y medio en la función. Estuvo desempleado poco tiempo, el 15 de agosto de ese mismo año era designado con un cargo político de nivel 1 (el de mayor remuneración) en la Gobernación.
En su paso como titular de la Uniren no sólo se benefició a sí mismo en tanto que asesor de Lusal e hizo buenas migas con los urtubeicistas de la primera hora, sino que también se congració con las familias tradicionales de la Salta aristócrata, actualmente vinculadas políticamente con la alianza Cambiemos. Rodríguez Tuñón fue quien prorrogó la concesión para la explotación de la plaza turística estatal de Molinos a favor de Cecilia Patrón Costas de Pinedo, la esposa de Federico, actual senador nacional del PRO (Decreto provincial 2068/10).
Coronita
La Unión Transitoria de Empresas Lusal (UTE-Lusal), que como se ha dicho conjuga los intereses de las firmas Mantelectric e Ilubaires, es de las concesionarias de servicios públicos (transporte, agua corriente, gas natural, energía eléctrica, higiene urbana y alumbrado público) con mejores relaciones con el Estado, sea del estamento que sea.
Desde que Rodríguez Tuñón municipalizó la competencia del alumbrado público, una de sus primeras medidas como titular de la Uniren, en 2008, Lusal nunca fue sancionada por incumplimientos de sus responsabilidades. Es decir, al igual que Agrotécnica Fueguina, es una empresa mimada por las gestiones municipales tanto de Miguel Isa como de Gustavo Sáenz. El 2 de marzo último, sin ir más lejos, el coordinador general de la Intendencia y el Secretario de Gobierno, Pablo Outes y Luis María García Salado respectivamente, se reunieron con Rodríguez Tuñón en su flamante oficialización como administrador de Lusal.
Según el contrato de concesión del municipio con Lusal, las penalizaciones pueden darse por “incumplimiento en la atención de reclamos” (que deben resolverse en 24 horas), y por demoras en las instalaciones que instruya el Municipio, la Provincia o la Nación. Increíblemente, Lusal nunca fue formalmente penalizada, ni siquiera con sanciones adicionales por alguna otra razón. La sanción diaria desde que la prestataria incurre en falta, se calcula en base a la potencia de las lámparas del alumbrado, con el precio de $1,50 por KWh (como mínimo gastan 200 KWh).