Aprovechando el escándalo protagonizado por el ahora intervenido intendente de El Bordo, “Chicho” Mazzone, el gobierno hizo aprobar sin mayores explicaciones la prórroga a la Ley de Emergencia Económica. En un fallo de hace años la Corte determinó que no existen elementos para hablar emergencia. (Gonzalo Teruel)
En las rapidísimas sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo y llevadas adelante entre martes y jueves en Diputados y el Senado se transformaron en ley 4 proyectos enviados desde el Grand Bourg: la intervención al Municipio y el Concejo deliberante de El Bordo, la adhesión al Programa Federal de Fortalecimiento Operativo de las Áreas de Seguridad y Salud, la Exención del Impuesto a las Cooperadoras Asistenciales, y la prórroga de la Ley 7.125.
La Emergencia Económica fue sancionada por la Legislatura hace más de 20 años, el 15 de marzo de 1990 en la Ley 6.583 que años después fue reemplazada por la 7.125 y sus complementarias, dentro del paquete de normas que las provincias establecieron para poder llevar adelante el perverso plan de reducción estatal impulsado por el entonces presidente Carlos Menem a nivel nacional. La Ley de Emergencia Económica asigna al Poder Ejecutivo facultades especiales porque, como revela su nombre, entiende que existe una situación de emergencia que así lo amerita. En aquel momento, a la salida de la hiperinflación, podía justificarse pero ahora resulta difícil explicar su aplicación y por eso el gobierno de Juan Manuel Urtubey dispuso su discusión parlamentaria en sesiones extraordinarias y no durante las deliberaciones regulares del año pasado.
Urtubey no es el primero en aprovechar estas condiciones especiales para el ejercicio del poder. Sus antecesores Juan Carlos Romero en 3 periodos, Roberto Augusto Ulloa, y Hernán Hipólito Cornejo en su último año de gobierno también lo hicieron.
Esta semana, al momento del debate parlamentario, el senador renovador Luís Francisco D’Andrea consideró que “renovando está emergencia nos faltamos el respeto porque otorgamos poderes al Poder Ejecutivo que pertenecen a este cuerpo”. En el mismo sentido los senadores radicales, Miguel Nanni y Américo Liendro, explicaron que “esta ley está para una crisis económica y, por suerte, nosotros no estamos en crisis”.
Además, el titular de la UCR sostuvo que “tenemos en la provincia un presupuesto millonario, es contradictorio hablar de emergencia”. En efecto, el presupuesto elaborado para este año por el ministro de Economía, Carlos Parodi, supera los $23 mil millones con un incremento del 30% y contempla además la emisión de deuda pública por otros $650 millones que demuestra que la provincia no está en situación de crisis.
Antes en Diputados, por derecha y por izquierda, también denunciaron que la emergencia era inaceptablemente económica y políticamente. Carlos Zapata de Salta Somos Todos aseveró que “la emergencia supone un mayor sacrificio por parte del ciudadano, mientras que el gobierno aumenta indiscriminadamente sus gastos” y Claudio Del Plá del Partido Obrero advirtió que “esta emergencia es reaccionaria y no alimentará a los niños ni curará a los enfermos de la provincia”.
Más allá de las estimaciones económicas y las consideraciones políticas, la justicia ya analizó esta emergencia y dictaminó para un caso particular su desapego a la realidad. La Corte de Salta señaló en un no tan reciente fallo que no existen elementos para hablar de crisis o emergencia económica. Fue cuando resolvió un expediente a favor del policía retirado Julio Torres y en contra de la provincia. Torres reclamaba un subsidio estatal tras haber quedado incapacitado por las heridas recibidas en cumplimiento del deber y la provincia se negaba a pagarlo alegando la vigencia de la emergencia económica.
En primera instancia el juzgado en lo Contencioso Administrativo a cargo de Silvia Longarte dio la razón a Torres pero los abogados oficiales respondieron que la provincia estaba autorizada a limitar algunas de sus responsabilidades para mejor defender los derechos de toda la ciudadanía y presentaron un recurso de apelación. El expediente llegó al máximo tribunal de la provincia que dictó una memorable sentencia.
Citando jurisprudencia nacional los jueces salteños aseveraron que “el más Alto Tribunal ha reconocido en reiteradas oportunidades y de manera constante la constitucionalidad de las normas de emergencia” pero aclararon que “las medidas deberán ser razonables, limitadas en el tempo” y que esta emergencia “no suspende garantías constitucionales”.
En su voto, la jueza Susana Kauffman de Martinelli agregó a las consideraciones de los demás magistrados un interesante análisis político y económico. “Es necesario advertir que la situación económica de nuestro país y, como consecuencia de ello, de la provincia, se ha visto sustancialmente modificada desde que la norma cuestionada -la emergencia económica- fuera prorrogada”, dijo.
“Tras la profunda crisis política, económica y social desatada hacia fines de 2001, nuestro país se ha visto inmerso en un periodo de crecimiento económico sostenido. Más allá de que tal tendencia no haya tenido el impacto suficiente como para erradicar de raíz la pobreza y sus consecuencias, y más allá también de que en los últimos años ese crecimiento se haya visto ligeramente desacelerado, lo cierto es que las variables e indicadores económicos actuales dejan sin sustento cualquier intento que pretenda calificar de critica la situación actual, a efecto de sostener sine die la emergencia económica declarada en la provincia en el año 1990, y prorrogada en el año 2001 en medio de una de las peores crisis económicas que vivió nuestro país”, añadió la magistrada siguiendo los argumentos del estudioso y laborioso fiscal de Corte, Alejandro Saravia.
El gobernador y los legisladores que sancionaron una nueva prórroga de esta ley deberían saber que ya en 2013 la Corte de Justicia dictaminó, palabras más, palabras menos, que la emergencia económica no es eterna, que la provincia y el país no están en emergencia y que por lo tanto deben asumir todas sus responsabilidades. Que así sea.
