ALEJANDRO SARAVIA
Max Weber formuló, hace más de un siglo, una distinción que conserva una extraordinaria actualidad para juzgar la conducta de quienes ejercen el poder: la diferencia entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera, pregunta qué debe hacerse conforme con determinados principios; la segunda, agrega una pregunta decisiva: ¿qué ocurrirá si lo hago?
La política, para Weber, no puede reducirse a proclamar convicciones. Quien gobierna administra las consecuencias de sus decisiones sobre la vida de otros. Por eso, la responsabilidad política comienza precisamente allí donde termina la justificación de las intenciones.
El gobierno de Javier Milei ofrece un caso particularmente dramático para aplicar esta distinción. Su programa se presenta como una ruptura con décadas de intervencionismo estatal, déficit fiscal, emisión monetaria y regulaciones que, según su diagnóstico, condujeron al estancamiento argentino. Existe allí una fuerte convicción: hay principios que deben aplicarse aun cuando hacerlo provoque costos, conflictos o aún sacrificios.
El problema aparece cuando la convicción se transforma en una especie de inmunidad frente a las consecuencias. En política económica, reducir el déficit puede ser un objetivo legítimo; pero la ética de la responsabilidad obliga a preguntarse cómo se distribuye el costo del ajuste, qué sectores soportan la carga y cuáles son las consecuencias sociales e institucionales de las decisiones adoptadas y hacerse cargo de ellas.
No alcanza, entonces, con afirmar que el equilibrio fiscal es necesario. Hay que responder qué sucede con las rutas que no se mantienen, con la infraestructura que se deteriora, con las universidades, con la salud, con la ciencia, con los jubilados y con aquellos ciudadanos que quedan sin instrumentos para afrontar la transición. El Estado puede reducir su tamaño, pero no puede desprenderse de la responsabilidad por las consecuencias de aquello que decide hacer —o dejar de hacer—.
La cuestión se vuelve todavía más delicada cuando el discurso político convierte toda objeción en una defensa del pasado. Si quien cuestiona una medida es automáticamente considerado parte de “la casta”, el debate deja de ser acerca de sus consecuencias y pasa a ser acerca de la fidelidad ideológica.
Weber advertía justamente contra esa tentación. El político responsable no renuncia a sus convicciones, pero tampoco se refugia en ellas para eludir las consecuencias de sus actos. Consideraba que el gobernante debería actuar ambas éticas. Hacerlo sólo con la de las convicciones, lleva a un fanatismo como el de aquella figura mítica del Lecho de Procusto, en la que la realidad es recortada a medida del dogma. Por el contrario, la otra, la ética de la responsabilidad extremada lleva al cinismo de la humorada de Groucho Marx en cuanto a que si no les gustan mis principios, tengo estos otros para mostrarles.
Por eso, la pregunta fundamental para evaluar al gobierno de Milei no debería ser solamente si sus ideas son buenas o malas. Debería ser otra mucho más exigente: ¿está dispuesto el Gobierno a hacerse responsable de las consecuencias concretas de las políticas que aplica en nombre de esas ideas? Y, aquellos que se postulan para reemplazarlo, deberían responder a si están dispuestos a reconocer que la aparición de un Milei es una consecuencia de los despilfarros anteriores y que la salida airosa de este entramado sería optimizar lo aportado por éste en materia de valoración del equilibrio fiscal y no volver a los “planes platitas” de la irresponsabilidad kirchnerista. De no ser así está claro que los sacrificios actuales habrán sido en vano.
Un ejemplo dramático de lo que hablamos en cuanto a la ética de la convicción, está mencionado por el propio Maquiavelo en su obra El Príncipe, cuando alude a Girolamo Savonarola quien, llevado por su dogmatismo, terminó en la hoguera.
Ejemplos también dramáticos en el campo de la ética de la responsabilidad, lo podemos ver en el gobierno de Raúl Alfonsín y de Nestor Kirchner unos años después, aunque con un sentido inverso. Con Alfonsín, en la cuestión de las llamadas leyes de Obediencia debida y de Punto final, con enormes costos anímicos en su propio partido, la UCR. Estas leyes limitaron la persecución penal en materia de derechos humanos, siendo decisiones adoptadas bajo presión en momentos en que los militares aún conservaban los fierros y un ánimo levantisco. Recuérdense las performances de Aldo Rico y los carapintadas. Aún con sacrificio de su propia historia personal de defensa de los derechos humanos, procuró, no obstante, estratégicamente, salvar el sistema democrático de cualquier aventura golpista.
Años después, Néstor Kirchner, que durante la dictadura había conservado en su provincia una casi idílica relación con los militares y nunca se había preocupado en lo más mínimo por los derechos humanos, cuando durante su gobierno aquellos ya estaban de capa caída lo único que hizo es hacer bajar un cuadro en el Colegio Militar y apoderarse de las banderas de los derechos humanos, simulando con ello su preservación cuando no había riesgo alguno en hacerlo.
Milei, por el contrario, pareciera inmolarse en defensa de sus rígidas convicciones sacrificando empatías en aras de ellas, como manifestación de una aplicación extrema de la ética de las convicciones al estilo Savonarola, prescindiendo del consejo de Weber en cuanto a que un buen gobernante deber mixturar ambas para regirse por lo que piensa, pero haciéndose cargo de las consecuencias prácticas de esas decisiones.