Los contactos con los tenedores de deuda comenzaron en el área de economía provincial. Desde la cartera de Roberto Dib Ashur esperan concluir la restructuración antes de fin de año; los vencimientos para este año llegarán a 10.100 millones de pesos, que equivalen a 133 millones de dólares.

El último de los pagos trimestrales correspondientes a la deuda en dólares de la provincia fue abonado la quincena pasada. Se trata de unos 6 millones de verdes provenientes de las regalías hidrocarburíferas y que son el resultado de una bestial colocación de títulos en el mercado internacional. Esa mochila, a su vez, se suma al plan de renegociación de deuda por otros dos plomazos: el Fondo de Reparación Histórica, acaparado inicialmente por Rodolfo «Tolo» Urtubey y el Fondo de Bicentenario, gestado en tiempos de Carlos Parodi y Sebastián «Goma» Gomeza.

Por el combo, los vencimientos para este año llegarán a 10.100 millones de pesos, que equivalen a 133 millones de dólares. Del total en moneda nacional ya se lograron refinanciar con el Estado Nacional 1.800 millones. Todo ello conforma la enorme herencia «U» que la provincia debe afrontar nada menos que en medio de una pandemia global y a ocho meses de decretarse una emergencia sociosanitaria.

La deuda a restructurar, además de cifras garrafales, exhibe desviaciones de toda naturaleza y sustancia. Fue necesario que el anuncio llegara al recinto de la cámara baja provincial para que, después de 9 años, se insistiera tímidamente en investigar los desmanejos del malparido plan de obras. O más bien, fue necesario el recambio político-dirigencial para que asomen las primeras interpelaciones. La excepción, en este caso, corre sólo para la bancada del Partido Obrero. El bloque oficialista por primera vez halló motivos para levantar un poco el tono, los opositores denunciaron «oportunismo» y un legislador por Rivadavia hasta se animó a enumerar las maravillas del mentado plan. Desde los burós judiciales, claro está, no hicieron ni el amague.

Chanchullos aparte, para tener una radiografía del endeudamiento provincial reciente basta remontarse a las últimas semanas de junio de 2016. En el senado de la nación se debatía el malestar generalizado de los gobernadores que dieron luz verde al programa macrista para el pago a los holdouts. La promesa de que si acompañaban la proclama hallarían mejores oportunidades para financiarse en los mercados internacionales parecía difuminarse. El caso testigo fue el de Juan Manuel Urtubey, que luego de patalear algunos días por no conseguir tasas menores al 8%, terminó cerrando intereses de 9,125% para los 300 millones que había puesto en el mercado. La única justificación que halló por entonces fue «es el mundo posterior al Brexit».

Pero la excusa británica no alcanzó para explicar el deterioro fiscal que la provincia arrastraba desde hace años y que llegó a profundizarse en tiempos de Parodi y Gomeza. En concreto en 2015, apremiado por las exigencias de la re-reelección, la gestión Urtubey acabó con una racha de 14 años de superávit fiscal. Tras haber cerrado un balance fiscal positivo en 2014, el desplome en el año electoral rozó los $700 millones. La colocación de títulos, en síntesis, se dio en medio de un creciente déficit, impulsado entre otras cosas por el estrepitoso gasto en personal. En el período 2006-2016, para poner los números en perspectiva, la planta de personal en Salta aumentó un 85%, ubicando a la provincia en el podio de la Argentina”. Además, en los primeros meses de su tercer mandato, el gasto en personal llegó al 66% de los gastos corrientes, cuando la ley de disciplina fiscal fija un tope del 66%.

El estado de las cuentas públicas terminó siendo un agravante del perno que, de por sí, significó el endeudamiento. Los desequilibrios fiscales no cesaron con la salida de Parodi, mucho menos con el desembarco de Emiliano Estrada. De hecho, no fue sino hasta la llegada de Fernando Yarade en 2017 que comenzaron a notarse los primeros vestigios de encarrilamiento. Recién en 2018, y tras tres años de números rojos, los balances volvieron a arrojar resultados superavitarios. No obstante, el peso de aquellos desbarajustes deberá soportarse hasta 2024. A los 133 millones de dólares que vencen este año deberán sumarse otros 102 millones en 2021, 194 millones en 2022, 176 millones en 2023 y 136 millones en 2024. Para el final de los desembolsos, está proyectado un tipo de cambio a $211,21.

A mediados de julio de 2016, el diputado zapata hacía un curioso cálculo en base al empréstito tomado por la provincia: “este crédito arroja 75 mil dólares por día de interés, unos 48 mil pesos por hora al tipo de cambio de 15 pesos”. “Este importe es el resultado de multiplicar los 300 millones por 0,09125 que es la taza sin gastos y luego dividirlo por 365 días” explicó y repitió que “arroja como resultado 75 mil dólares diarios”. Un traspaso de aquellos números al tipo de cambio actual sería sencillamente odioso.

Fondo blanco, fondo turbio…

El Fondo de Reparación Histórica del Norte fue anunciado en 2011 por un total de 185 millones de dólares, para compensar el atraso de los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán con una serie de obras. Muchas de ellas no llegaron a concretarse por diferentes motivos, otras jamás comenzaron, pero por todas se hicieron jugosos desembolsos.

Según lo explicado por el Gobierno provincial y a tono con la normativa vigente, los 185 millones de dólares se convirtieron en 790 millones de pesos. Posteriormente, a través de mecanismos financieros, se adquirieron otros 254 millones de interés, alcanzando la cifra de 1044 millones de pesos. Aun así, con un ritmo inflacionario creciente y tras sucesivas devaluaciones, las obras no llegaron a completarse con el dinero disponible. De allí que el gobierno dispuso el traspaso de aquellas obras inconclusas al Plan Bicentenario.

Este último plan fue lanzado en 2015 por 350 millones de dólares, esta vez pensado para 32 municipios y con un total de 131 obras. El decreto de creación del plan preveía que el ejecutivo provincial cedería un 20% a los municipios para que ejecuten las obras, realicen las compras y contrataciones correspondientes. Todo esto siguiendo los criterios del fondo de convergencia y de la coparticipación.

El resto de los fondos fueron ejecutados por la provincia sin un control estricto, ni un plan de obras claro. La fiscaliación de aquellos trabajos es, al día de hoy, una cuenta pendiente.

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