La contadora Gabriela Márquez nos informa sobre los embargos fiscales, multas millonarias y el reclamo desesperado por un nuevo plan de pagos; situaciones que se vienen dando a menudo.
Leona Del Monte
El escenario económico para los comerciantes, pequeños contribuyentes y las pequeñas y medianas empresas (Pymes) locales cruzó la línea de la alerta naranja para instalarse en una crisis de sostenibilidad financiera profunda. Entre la caída del consumo y una presión fiscal que no da tregua, el endeudamiento con el fisco se convirtió en el principal enemigo de la actividad privada.
Frente a esta realidad, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elevaron un pedido urgente al Ministerio de Economía de la Nación. El reclamo es claro: un nuevo plan de facilidades de pago que esté a la altura de las circunstancias y que actúe como un verdadero salvavidas antes de que las persianas se bajen definitivamente. Así lo refirió la contadora Gabriela Márquez al referirse sobre todo a la poca educación fiscal.
La trampa de los embargos y los planes caducos
“Hoy por hoy el comerciante está en una situación de endeudamiento fiscal importante. ¿Y cómo va a seguir trabajando si de golpe le viene un embargo a sus cuentas?”, advirtió la contadora Gabriela Márquez. La especialista señaló que el embargo bancario paraliza la operatoria diaria, impidiendo el pago a proveedores y salarios, lo que genera un efecto dominó destructivo.
El gran desafío técnico y político de la negociación actual radica en los planes de pago caducos. Debido a la falta de liquidez, miles de contribuyentes dejaron caer moratorias previas. La normativa actual de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) bloquea la posibilidad de un tercer intento de refinanciación, exigiendo el pago del saldo total en efectivo. El pedido conjunto de FACPCE y CAME busca que el nuevo régimen admita excepcionalmente reincorporar estas deudas caídas para evitar cierres masivos.
El fin de las multas “irrisorias”
La tolerancia cero del fisco también se hace sentir en el bolsillo a través de los deberes formales. Hasta hace poco, las multas por presentar declaraciones juradas fuera de término eran casi simbólicas, rondando los 200 o 400 pesos. Hoy, tras las actualizaciones normativas, esas mismas sanciones treparon a un piso de entre $220.000 y $440.000, transformando un olvido administrativo en un golpe financiero letal.
A esto se suma el encarecimiento financiero de la deuda: casos testigos en la región demuestran que deudas de capital iniciales de 5 millones de pesos escalaron rápidamente hasta los 19 millones de pesos una vez computados los intereses resarcitorios, punitorios y las multas.
Educación fiscal vs. la ilusión del efectivo
En el plano local, la falta de asesoramiento preventivo agrava el problema. Muchos emprendedores desconocen incluso los tributos municipales, acumulando años de deuda en tasas como la de Inspección Seguridad e Higiene (TISH).
Asimismo, la contadora lanzó una fuerte advertencia respecto a la economía informal y el uso exclusivo de efectivo para evadir los controles en las cuentas bancarias. “Te delatás con tus compras”, explicó Márquez, haciendo alusión a la fiscalización cruzada de ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF). El fisco detecta de inmediato cuando un contribuyente adquiere vehículos, inmuebles o realiza viajes al exterior que no coinciden con sus ingresos declarados, desencadenando inspecciones por presunto lavado o evasión.
La salida no es el parche del próximo plan de pagos, sino adoptar una estricta conducta fiscal y entender el impuesto como un costo fijo más, tan vital como los servicios públicos. Mientras tanto, la pelota está en el terreno del Ministerio de Economía, que deberá decidir si afloja la soga o convalida el ahogo del sector productivo.
“Cada uno, cada vez que inicia un proyecto, un emprendimiento, creo que lo mejor que tiene que hacer es ir y asesorarse como corresponde”, describió la contadora.
El laberinto burocrático de las tasas municipales
La crisis no se agota en las fronteras de los impuestos nacionales; el entramado de tasas provinciales y municipales profundiza el laberinto financiero de los comerciantes. En Salta, es habitual que muchos emprendedores inicien sus proyectos desconociendo por completo obligaciones básicas como la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH). Al trabajar durante años en la informalidad municipal, cuando finalmente acuden a un profesional con “la soga al cuello”, se topan con pasivos acumulados que vuelven inviable la regularización de sus locales comerciales.
Hacia una responsabilidad ——- compartida
Frente a este panorama, en el debate público local surge la necesidad de una responsabilidad compartida entre el contribuyente y el Estado. Si bien el asesoramiento profesional y la educación financiera son indispensables para evitar que los intereses devoren el capital de las Pymes, también se le exige a los organismos de gestión pública una mayor claridad y transparencia informativa. Facilitar herramientas preventivas en lugar de aplicar una fiscalización puramente punitiva podría ser la clave para transformar la cultura del parche temporal en una verdadera conducta fiscal sostenible.