Empiezan a relucir los pecados del juez Víctor Soria que prohibió el acceso al aborto no punible de la menor violada por su padrastro en nombre de dios: la AFIP solicito investigarlo, fue denuncia por violencia familiar, se lo acusa de alcohólico y de ser el autor de las maniobras que frenaron el juicio político al intendente de Cerrillos.
La terrible reputación del juez que se convirtió en noticia nacional por el arcaísmo de su fallo, las reveló el portal Qué Pasa Salta. Es medio publicó que el juez que actuó en el caso de la nena golpeada y violada con 13 años por su padrastro y a la que le prohibió un aborto no punible, ha protagonizado varios casos que evidencian que su repatuación es mala desdehace mucho.
Hace unos meses, por ejemplo, la AFIP solicitaba que se investigue al Juez de Familia Víctor Soria por mal desempeño porque había dejado ingresar 2.320 toneladas de harina a favor de una vecina de La Quiaca durante cuatro meses. La AFIP detectó esta irregularidad y solicitó intervención de la Superintendencia de la Corte de Justicia de la Provincia para investigar el posible mal desempeño de este magistrado, que intervino en el caso sin jurisdicción para fallar en este tipo de amparos, tomando en cuenta que es un juez de la Provincia de Salta, que tiene jurisdicción sólo provincial y en el ámbito de temas familiares y no de asuntos de aduana.
En agosto de 2012 una denuncia de violencia familiar realizada contra el juez fue archivada por la jueza de Familia Marta Inés Maturana de Haddad, a pesar de que una denuncia en fuero penal no puede ser archivada por un juez de Familia. La mujer había denunciado al juez por los golpes que una menor de once meses había recibido. Además lo acusó de alcohólico indicando que no era la primera vez que golpeaba a su hija. En esa oportunidad la fiscal María Luján Sodero a cargo de la investigación solicitó los antecedentes del juez Soria, detectándose que en su haber existían varias denuncias en su contra.
Otro de los casos que cobraron notoriedad fue en el mes de septiembre de este año cuando freno el juicio político al Intendente de Cerrillos, Rubén Corimayo. El intendente fue acusado por delitos de peculado; peculado en concurso ideal con negativa a entregar bienes; abuso de autoridad y fraude a la administración pública. Una auditoría de la provincia detectaba adjudicaciones directas para la compra de vehículos, excesos en los montos ejecutados del presupuesto entre algunas de las innumerables irregularidades. El Juez Soria, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el intendente Corimayo de Cerrillos, lo que hizo caer el juicio político en su contra. Según el Juez Soria, los Concejales “incurrieron en prejuzgamiento al opinar sobre el mérito de la destitución y se observó auto contradicción y ausencia de lógica en los actos emitidos”.
