ALEJANDRO SARAVIA
El Poder Judicial es desde un punto de vista estratégico el Talón de Aquiles de nuestro sistema institucional. Desde que aquella Acordada de la Corte Suprema del 10 de septiembre de 1930 en la que en lugar de organizar el modo de encarcelamiento de José Félix Uriburu, protagonista principal de la asonada del 6 de septiembre de ese año, resolvió acatar el golpe de Estado y legitimarlo reconociéndolo como un “gobierno de facto”, nos metió a los argentinos en un brete institucional, político y económico del cual aún hoy nos cuesta salir.
Recordemos que el Poder Judicial es el intérprete último de las normas que nos organizan como sociedad, es decir de la Constitución y las normas que de ella derivan y, por eso mismo, el que otorga previsibilidad y seriedad, o no, a nuestra organización social. Como con todas las instituciones, los que dan vida al Poder Judicial son sus integrantes, es decir, las personas de carne y hueso que actúan en su nombre. En otras palabras, las instituciones por fuera de las normas que las regulan, cobran vida según las personas que las actúan.
En esta etapa democrática iniciada en 1983, por diversas razones, las críticas hacia la justicia tuvieron gran acompañamiento social. Repasemos, entonces, el piso de marcha que sirvieron de base a esas críticas. Cuando asume Raúl Alfonsín en 1983 su preocupación fundamental fue el juzgamiento de los comandantes militares que habían cometido la asonada del 76, es decir, hacer lo que la Corte en 1930 no hizo pero debió hacer. Y lo hizo con la Cámara en lo Criminal existente, esto es, con la justicia ordinaria que existía. Ni en Nüremberg se vio una cosa así.
En esos días, sin embargo, el Senado de la Nación y su Comisión de Acuerdos estaba en manos de la oposición peronista y no de cualquier peronista sino en las de un pícaro. El único que en su momento lo engañó a Perón, que era en realidad otro pícaro. Quien la presidía era Vicente Leonidas Saadi, senador por Catamarca.
En esa época había en Capital Federal 6 jueces federales con competencia penal, los que gozaban de un cierto prestigio. En julio de 1989 asume la presidencia un nuevo pícaro, Carlos Menem, el prócer de Milei. Para acomodar el Poder Judicial a su paladar, duplicó el número de jueces federales de la Capital de 6 a 12, que habrían de ser, la mayoría, conocidos como “los jueces de la servilleta”: Canicoba Corral, Urso, Bonadío, Liporaci, Cavallo y Oyarbide, quien se caracterizaba, éste último, entre otras cosas, por la suerte en los sorteos: todas las causas delicadas políticamente caían en su juzgado.
No sólo eso hace el prócer Menem: duplicó también el número de integrantes de la Corte Suprema, llevándola de 5 miembros a 9, con lo que logra lo que buscaba: una “mayoría automática”. Con estas jugadas Menem logra la desjerarquización de la Corte y de la justicia en general. Por los jueces de la servilleta y por los de la Corte de la mayoría automática.
Frente a esa deslegitimación de la justicia, en la Reforma Constitucional de 1994 se crea el Consejo de la Magistratura para seleccionar a los aspirantes a jueces inferiores, pero hecha la ley, hecha la trampa. Con Consejo o sin Consejo, los pícaros seguían mandando, y en esa “selección” en lugar de los mejores ganaban los amigos.
Para acotar esas picardías en el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema, el pasado jueves 26 de marzo, produjo la Acordada 24/26 en la que propone a ese Consejo un nuevo reglamento de concursos para evitar las trampas que se hacían con el anterior reglamento. Y, ¿dónde estaban las trampas?, pues, en la discrecionalidad con que se manejaban los integrantes del mismo en la “selección” de los candidatos. Basta leer los fundamentos de esta Acordada para apreciar con suma claridad esas trampas.
Ahora bien, de ese panorama surgen dos problemas: las dudas abrazan, en consecuencia, no sólo a los postulados ya por el Consejo de la Magistratura para llenar las más de 300 vacantes que existen en el fuero federal y ministerio público nacional, sino que también esa duda abarca a todos los miembros del fuero federal designados desde 1994 en adelante. Es decir, los que van a entrar y los ya entrados a partir de esa fecha.
El intríngulis que refiere la Acordada no se queda ahí. Se traslada a todas las provincias, en donde, según la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, existirían los mismos problemas señalados en la “selección” de los eventuales integrantes del Poder Judicial. Como vemos, pícaros hay en todas partes.
En conclusión, todos están bajo sospecha: los que seleccionan y los seleccionados. Con un agravante: mientras no se le dé una correspondiente solución a este problema estratégico de larga data seguiremos en el pantano de la falta de previsibilidad y de seriedad. Y, ¿cuándo saldremos?, pues, cuando los pícaros no sean los que manejen los asuntos estratégicos. En ese sentido, está claro que el actual ministro de justicia de la Nación no ofrece garantía alguna. Es nada más que otro pícaro más. Como lo son los adláteres de la que manda, la hermana Karina, es decir, los primos Menem, sobrinos de aquel pícaro de los 90 y prócer de Milei.
Quienes apoyaron fervientemente esta reforma del reglamento de concursos fueron las entidades empresariales más importantes vinculadas a inversiones internacionales, como la AmCham, la cámara que nuclea a las empresas estadounidenses en Argentina; la Asociación Cristiana de Empresas; el Grupo de los Seis; o bien el Instituto para el Desarrollo Empresarial en Argentina (IDEA), por la mencionada previsibilidad, equidad, etc. Pero, fundamentalmente, porque garantizaría esta reforma una mayor independencia judicial sin que interese tanto la cara o la identidad del cliente. Es decir, una mayor seriedad e imparcialidad. Ésta, la imparcialidad e independencia, es lo que caracteriza a una justicia verdadera. De esa que casi nunca tuvimos. Por eso, en definitiva, estamos como estamos.