Hay novedades en el caso Thiago. El CIF corroboró 276 lesiones en el menor que dependía del ministerio de Derechos Humanos y murió por maltratos de sus padres sustitutos y la desidia del Estado. Padres adoptivos y funcionarios irán a juicio.
Los padres sustitutos son Víctor Senise y Patricia Sánchez. Ellos estaban al cuidado de cuatro hermanitos entre los que se encontraba Thiago de cuatro años, y ellos deberán responder por el homicidio del niño y la tentativa de homicidio de otro, de 6. Ocurrió el 8 de julio de 2015, un año y medio después de que los niños fueron entregados a Senise y Sánchez, el Hospital Materno Infantil declaró muerto a Thiago quien había ingresado con un supuesto cuadro de bronco aspiración. Posteriormente se comprobó que el niño presentaba signos de numerosas lesiones y un estado grave de desnutrición.
Asimismo, informó el Ministerio Público Fiscal, se solicitó llevar a juicio al juez de Persona y Familia 6, Daniel Canavoso, por incumplimiento de deberes de funcionario público, a tres psicólogas del ex Ministerio de Derechos Humanos y a un médico particular. El requerimiento se formalizó hoy ante el juez Diego Pipino y fue impulsado por los fiscales penales, Pablo Paz, Rodrigo González Miralpeix y Ramiro Ramos Ossorio, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.
En su escrito, los fiscales solicitaron que Víctor Senise, un docente de 49 años y su pareja, Patricia Sánchez, de 39, sean llevados a juicio por los delitos de homicidio simple, en perjuicio de un menor de 4 años, y por tentativa de homicidio, de una niña de 6, quienes junto a otros dos hermanos estaban al cuidado de ambos acusados, en el marco del programa Familia Cuidadora, dependiente de la Secretaría de Igualdad y Oportunidad del ex Ministerio de Derechos Humanos.
Los fiscales también requirieron juicio contra el juez Canavoso, quien había ordenado la entrega de los cuatro menores a Senise y Sánchez, el 13 de diciembre de 2013, por entender que el magistrado cometió el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, contemplado por el Código Penal con una pena de seis meses a dos años de prisión.
El requerimiento también alcanza a tres psicólogas del ex Ministerio de Derechos Humanos,, contra quienes se requirió juicio por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica, cuyas penas van de seis meses a seis años de prisión.
Sergio Alejandro Gonza, un médico de 40 años de actividad particular, es el séptimo imputado contra quien los fiscales requirieron juicio. En este caso, por el delito de falsedad ideológica, pues se sospecha que el profesional firmó certificados médicos que no se condicen con el estado de salud real que padecían las víctimas.
Lo peor
La investigación que la Unidad de Grave Atentados contra las Personas llevó adelante, pudo establecer que el menor presentaba signos de al menos 276 lesiones, según lo informado por médicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes realizaron un minucioso estudio del cuerpo del menor.
Las lesiones, según el estudio forense, se correspondían con golpes propios de maltrato infantil, siendo los mismos ocasionados con cintos, quemaduras y otros elementos de castigo. Las heridas, asimismo, se detectaron en todo el cuerpo, siendo el tórax y la cabeza, las zonas donde se encontraron el mayor número de lesiones.
Al tomar conocimiento de la muerte de su hijo, la madre biológica del menor, cuya identidad se mantiene en reserva al igual que la de sus hijos, se presentó en la vivienda donde se hallaban los otros tres hermanos, oportunidad en la que advirtió que una de ellas, de 6 años, se encontraba en grave estado de salud.
Ante ello, el fiscal Paz tomó intervención y se procedió a trasladar a la menor al hospital, donde efectivamente se comprobó que la niña presentada un grave cuadro de desnutrición, como así también evidencias de maltrato físico, entre ellas golpes y quemaduras en los brazos.
Respecto a la situación de otras personas que fueron imputadas inicialmente, se informó que la fiscalía solicitó el sobreseimiento de la ex directora general de Niñez y Familia, del ex Ministerio de Derechos Humanos, Ivana Bruno, como así también de la Jefa del subprograma de Sistema Alternativos, Margarita Daza.
Este beneficio también alcanzó a la asistente social, Ana Laura Carrizo, del Centro de Salud 56, del barrio Palermo. Respecto a estas profesionales, la fiscalía entendió que las pruebas reunidas no ameritan avanzar contra las mismas por una supuesta responsabilidad penal en la causa, por lo que se solicitó el sobreseimiento de las mismas.
Por otra parte, se informó que con respecto a la Asesora de Menores e Incapaces 6, Silvia Ibarguren, contra quien la fiscalía imputó el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, la funcionaria fue sobreseída por el juez Rodríguez Pipino, resolución que fue apelada por los fiscales debido a que entienden que existen elementos que hacen presumir la comisión de dicho delito por parte de la asesora.
