Por Elio Daniel Rodríguez

De la mano de lo que ha sido calificado como una pandemia, cuya conceptualización ha cambiado en el tiempo y cuyo debate se ha profundizado en 2009 (Kaffure 2010), se han venido restringiendo, con un impresionante impacto inicial en el primer semestre de 2020 pero que no ha cesado desde entonces, las libertades y los derechos individuales en Argentina y en gran parte del mundo.

La enfermedad, en gran medida gracias al temor generalizado que provocó en la población -por otra parte, alimentado hasta el hartazgo por una parte importante de la dirigencia política, populares referentes del ámbito de la salud que van dejando de serlo y una gran proporción de los medios de comunicación- ha dado paso primeramente al encierro liso y llano de la población sana y a la suspensión de libertades básicas que consagran las leyes, para luego cebarse en la administración de sustancias experimentales cuya efectividad está en duda y con efectos adversos que sus promotores -es decir, políticos que dicen que no hay otra opción para recuperar la normalidad, periodistas que parecen visitadores médicos de algunas farmacéuticas y especialistas de la salud que aparecieron como estrellas en el firmamento mediático con un discurso que no deja de convocar al pánico generalizado y al terror-, se niegan a reconocer.

En nuestro país, la misma Constitución Nacional se ha visto salvajemente vulnerada en su letra y espíritu, sin haberse declarado ningún Estado de Sitio y solo por el imperio del uso abusivo de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs), que el Poder Ejecutivo utilizó sin hacer “grandes esfuerzos argumentativos para cumplir con los estrictos requisitos constitucionales” que se establecen para su uso (Alegre et al. 2020) y que la oposición, en su gran mayoría, acompañó sin demasiados problemas, siempre “cool” y políticamente correcta hasta la exasperación.

Con una Carta Magna que vela por los derechos y garantías de todo habitante del suelo argentino, los ciudadanos de bien creíamos estar a salvo de los atropellos, los deseos tiránicos de falsos demócratas y de todo aquello que claramente se presenta como un evidente abuso del poder. Pensábamos, con justicia, que nada ni nadie podían truncar nuestro destino de personas libres sin reformular antes nada menos que la Constitución y que sus enunciados eran letra viva en todo aquel que gobierne, legisle o juzgue.

Pero nos equivocamos. Nos encontramos ante el hecho lamentable de que para actuar en sentido contrario a lo que establece nuestra actual Ley Madre, ya parece no ser necesaria su modificación y ni siquiera que se establezca en el país nuevamente la sombra de un gobierno de facto, que se aleje de la legitimidad que ostentan los elegidos por el pueblo. No. Solo hace falta que, tanto funcionarios políticos como legisladores y jueces, miren para otro lado. Que se hagan los distraídos y que, con discursos “a la moda”, nos digan impunemente que solo están deseando y buscando nuestro bien.

Si la clase política -y muy a propósito utilizo la denominación de “clase”- no puede cuidar la vida y la libertad de sus gobernados o representados, de poco les sirve a los habitantes de una Nación. Mientras optan por el silencio cómplice o el más obsceno de los acompañamientos, las cifras de hambre se multiplican, la gente perdió su trabajo, los deudos se quedaron sin poder despedir a sus muertos, la actividad turística se desplomó, los casos de angustia y depresión crecieron, la pobreza sigue en aumento y millones de seres humanos resignados, cuando no absolutamente atropellados en su dignidad, ponen el brazo a un experimento médico para poder continuar cobrando su jubilación. ¿Es para esto que sirve la política? Por supuesto que no, pero parece que es para lo que sirven muchísimos de nuestros políticos, con pocas excepciones a las que el pueblo seguramente les agradecerá en las urnas cuando llegue el momento.

Son los ciudadanos de a pie quienes están resistiendo los atropellos. Son personas comunes y corrientes, que cada día además de luchar deben llevar el sustento diario a sus hogares, quienes están tratando de poner freno a tanto autoritarismo, olvido e indiferencia de quienes nos gobiernan y de quienes se oponen a quienes nos gobiernan. Porque en el dislate de impedir la libertad o autorizar el uso de inoculaciones que solo el tiempo dirá si no son peores que la enfermedad, todos o casi todos los referentes políticos de la actualidad parecen estar de acuerdo, y quienes no, en general, se callan, para que sobre ellos no pese el calificativo de “enemigos de la ciencia”, “negacionistas”, “antisistema” o directamente “terraplanistas”, como se quiere descalificar a personas que solamente claman por evidencia científica y por el cumplimiento de los plazos y protocolos establecidos para la elaboración de cualquier medicamento, tratamiento o vacuna, con el fin de no pagar con males mayores la impericia, la irresponsabilidad o el apuro comercial de tantos. Tal vez esté de más decir que quienes apelan al terraplanismo para endilgárselo a los que opinan diferente solo están siguiendo un guion ya establecido que unos repiten de puro enamorados del arte coral y otros malintencionadamente, a sabiendas de su equivocación.

Porque, digámoslo de una vez: esto, así presentado y ofrecido, no es ciencia. Esto es dogma y quién sabe qué cosa más. Porque la coerción no es ciencia, el discurso único no es ciencia, porque decir los supuestos beneficios y callar los posibles efectos adversos no es ciencia, porque presentar los datos que conviene y silenciar los demás no es ciencia. Porque ridiculizar a la gente que pide pruebas o que solicita que se cumplan los plazos establecidos no es ciencia, porque no difundir toda la información ni permitir el debate no es ciencia, porque experimentar con seres humanos no es ciencia. Porque una vacuna que al único que le da inmunidad total es al fabricante no es ciencia. Porque opinar en un programa de TV en postura de científico, pero con las ganas de promocionar un producto propias de un visitador médico, no es ciencia.

Se los digo a los señores políticos que callan y dejan pasar o que aprueban y defienden, pero también se los digo a los científicos, que, por ignorancia, falta de preparación o lisa y llana complicidad, están manifestando su acuerdo en seguir obligando a la gente -bajo amenazas y coacción ya que las cervecitas de regalo en Tucumán y los voucher de descuento en la confitería del teleférico en Salta no sirvieron para atraer a todos- a administrarse sustancias de las que no pueden decir ni la composición completa (porque no la saben) ni los efectos a mediano y largo plazo (porque no los conocen).

Basta de ostentación de la cobardía y de naufragar en naderías. Todos los periodistas deben defender la libertad de la gente; no hay excusas para no hacerlo. Los políticos deben velar por el sostenimiento de los derechos básicos consagrados por la Constitución; ninguno se puede hacer el distraído en lo concerniente a esto. Los médicos deben propender a que, como indica uno de los principios constitutivos de la actividad que ejercen, “lo primero es no hacer daño”. Los gobernantes deben empezar a gobernar para su gente y no para las compañías farmacéuticas.

Los números son fríos, e insensible puede parecer quien se aferra a ellos para argumentar un planteo porque detrás de cada número hay un drama personal y familiar, pero a riesgo de ser malinterpretado y sabiendo que una muerte es una tragedia, les propongo hacer un esfuerzo de contemplación de la dimensión del problema focalizando en las cifras que la situación presenta. El planeta está habitado, redondeando las cifras, por unas 7 900 000 000 000 (siete mil novecientos millones de seres humanos). Al 5 de diciembre de 2021 habían fallecido a nivel mundial como consecuencia del Covid-19 -suponiendo que las cifras sean reales- unos 5,3 millones de personas según datos oficiales (Statista 2021). Esto quiere decir que el porcentaje de personas fallecidas a nivel mundial asciende al 0,067. En otras palabras, menos de 1 cada mil personas en el mundo, en los últimos casi dos años, murió por coronavirus.

Más allá del justificado dolor de las personas que han perdido a sus seres queridos, ¿justifican estas cifras el establecimiento de medidas restrictivas de tanta dureza y excepcionalidad como las planteadas hasta el momento y que van agravándose en tanto crece el ensañamiento que ponen las autoridades para que más gente participe del experimento inoculatorio? Da la impresión, mediante el solo ejercicio del sentido común, que la respuesta es NO. Porque la pérdida de la libertad es demasiado grave como para respaldarla en las cifras del COVID-19. Las restricciones significan hambre, angustia, depresión, perdida de fuentes laborales, atraso, marginalidad, suicidios y quien sabe cuántas cosas más.

Algunos se atajarán diciendo que las cifras de muertos serían mayores sin estas medidas restrictivas. Pues bien, a ellos cabría decirles que en América (1 000 millones de habitantes) se han registrado más de 2,6 millones de víctimas fatales, mientras que en África (1 300 millones de habitantes), donde las posibilidades de implementar medidas como el “distanciamiento social” son reducidas, los muertos ascienden a poco más de 224 mil. Entonces ¿tienen sentido semejantes medidas de excepción y ahora los pases discriminatorios?

Algunos, cuya comprensión de lo que significa la libertad sería demasiado pobre como para tomarla en cuenta si no contarán con instrumentos de poder o con influencia en esferas de decisión, indican que la libertad individual pierde importancia cuando se transitan situaciones de excepcionalidad, lo que se convierte en una peligrosa justificación de tono fascista. Porque la limitación de las libertades no puede argumentarse en situaciones de supuesta excepcionalidad, sino todo lo contario: es en situaciones excepcionales cuando en mayor medida los ciudadanos necesitan que sus derechos y libertades sean garantizados.

 

Fuentes:

Kaffure, L. H. 2010. El concepto de pandemia: debate e implicaciones a propósito de la pandemia de influenza de 2009. Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá (Colombia), 9 (19): 53-68, julio-diciembre de 2010. En línea en: http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v9n19/v9n19a05.pdf

Alegre M.; Alvarez Ugarte, R.; Asar, M.; Gargarella, R.; Maisley, N.; Montero, J. y Ronconi. L. 2020. Cuidar la vida y la Constitución: La limitación de derechos durante la emergencia. 13 de julio de 2020. PROGRAMA DE ESTUDIOS INSTITUCIONALES Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales A. L. Gioja – Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires. En línea en:  http://www.derecho.uba.ar/investigacion/pdf/2020_pandemia-y-constitucion-lunes-13-de-julio.pdf

Statista. 2021. Número de personas fallecidas a consecuencia del coronavirus a nivel mundial a fecha de 5 de diciembre de 2021, por continente. En línea en: https://es.statista.com/estadisticas/1107719/covid19-numero-de-muertes-a-nivel-mundial-por-region/

Worldometer. 2021. Población Mundial Actual. En línea en: https://www.worldometers.info/es/poblacion-mundial/

Harding, Andrew. 2020. Coronavirus en África: la sorprendente teoría que puede explicar el misterio de la baja tasa de mortalidad del covid-19. BBC Mundo, 7 de septiembre de 2020.  En línea en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54012501

 

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