El Procurador General Pedro García Castiella habilitó una investigación penal por los vuelcos ilegales de desechos cloacales en los ríos Arenales y Astilleros. Proyecto Norte y algunos funcionarios provinciales y de Aguas del Norte en la mira. Sin vergüenza, la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios (CADISAL) salió en defensa de los contaminadores.
Una fuerte polémica protagonizada entre fuertes empresarios, el Ente Regulador y otros funcionarios, se desató por las descargas de líquidos cloacales en los ríos Arenales, Arias y Astilleros.
Ayer viernes Pedro García Castiella decidió formalmente remitir las actuaciones al Fiscal Penal n° 5 Federico Jovanovic para que inicie una pesquisa que podría terminar con algunas acusaciones a funcionarios y empresarios. Según el jefe de los fiscales, todo lo recabado alcanzaría el nivel de delito y debe ser investigado.
Vuelcos en crudo
Desde hace más de un año Cuarto Poder viene denunciando que el desarrollo privado no respeta normas y avanza sin controles. Antes fue el problema del agua que se extrae sin límites y ahora es el tratamiento del excremento que tampoco cumple con lo básico y se arroja a cursos de ríos que luego sirven para que Aguas del Norte capte agua que finalmente llegará a las casas.
La procuración ha basado la decisión en el informe pericial de la Dra. Verónica Rajal del INIQUI/UNSA que se presentó en el Juzgado Civil 10ª Nom. en la causa “Provincia de Salta s/ Amparo”; Expte. Nº 718.742/20 y sobre muestras ambientalmente negativas obtenidas en el Ríos Astilleros. El que contamina en esa zona es Proyecto Norte, emprendimiento de los hermanos Beccar Varela, que desarrolló el barrio Praderas de San Lorenzo y el shoping El Punto, entre otros. Por eso la Secretaría de Recursos Hídricos autorizó vuelcos en 2017 y 2022 en las plantas de tratamiento de los Barrios Praderas de San Lorenzo y Los Invernaderos.
Se hicieron nuevos estudios por el Servicio de Ingeniería y Química Forense -Área Ambiente- del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, confirmando los resultados y se concluyó que “…existe una contaminación microbiológica muy elevada en general y con un importante componente fecal y que el valor obtenido para el parámetro coliformes fecales supera ampliamente lo establecido en la normativa legal (vgr. Resolución SMA N° 011/01, entre otras), por lo cual no se encuentra apto para su vuelco”.
El pasado 3 de abril la Secretaria de Recursos Hídricos realizó otra inspección y colecta de muestras en la planta depuradora de “Praderas de San Lorenzo”, en donde nuevamente comprobó que no cumple los parámetros debido a la concentración de bacterias de coliformes fecales por encima del límite permitido. También en la de “Los Invernaderos” concluyó que presenta concentraciones de N-amoniacal y DBO₅, más bacterias coliformes fecales significativamente elevada, todas superiores a los límites máximos permitidos.
Por si esto fuera poco Castiella también deja sentado que el riesgo son las bacterias coliformes totales en el río Peñalva, que no cumplen los valores permitidos para el caso de que se la use para potabilización con tratamiento convencional y si tiene como destino el consumo poblacional. Este río forma parte del sistema de abastecimiento de Finca Las Costas e impactaría en la Toma 3 Palmeras, que lleva agua a las casas de la Ciudad de Salta.
Los investigadores de los fiscales trabajaron con el CONICET y también cuestionaron que se permitiera tirar los restos cloacales sin decir dónde, y que las muestras tampoco digan en qué lugar fueron tomadas. Estos empresarios saben cómo burlar la ley.
Todos manoseados
Demasiados funcionarios mezclados en tramitaciones que se inician porque hay empresas con grandes capitales que quieren construir clubes de campo en lugares donde no llegan las redes ni las cloacas. Los municipios que dicen sí a todo, pero que no tratan los temas ambientales con responsabilidad. La Secretaría de Recursos Hídricos que desde hace siete años autoriza vuelcos sin llamar a su par de Medio Ambiente ni a Salud Pública. El Ente Regulador dice ahora que tiene que intervenir pero en estos años no apareció. Y la empresa Aguas del Norte por un lado quiere conectar a los desarrolladores a la cloaca que va al Río Arenales, pero en esa zona no puede decidir nada porque no tiene redes de agua ni cloacas.
Turbiedades
Lo que está claro es que hay muchas sospechas de que cada decisión que termina en autorizaciones o contaminaciones podría estar estimulada con plata y que las violaciones están escondidas a propósito.
Los protagonistas de esta novela son bastante turbios pero se agrupan y se defienden. En esta semana salió el presidente de la asociación de desarrolladores –CADISAL- y directamente acusó al Ente Regulador de paralizar todas las obras privadas porque les prohíben tirar sus desechos al río y no es culpa de ellos que no se haya terminado la obra de la planta depuradora sur.
El presidente Carlos “Uluncha” Saravia también salió a contestar diciendo que no puede porque tienen que cumplir con una sentencia judicial y porque para el Gobierno Nacional “no hay plata” para terminar la obra. Todos se tiran la pelota pero los efluentes siguen tirándose al río.
“El dolobu”
El que tomó la batuta para presionar al gobierno es Elías Domingo Chihadeh, presidente de Cadisal. A pesar de que los análisis del CONICET, la Universidad Nacional de Salta, el CIF y la Secretaría de Recursos Hídricos coinciden en que existió la contaminación, él prefirió negarla.
Chihadeh culpa a la Provincia por no terminar la obra de ampliación de la planta depuradora sur que ya no puede tratar todo el crudo cloacal que le llega. Los desarrolladores quieren aprovechar la depuradora que se paga con los impuestos de todos, ahorrándose parte de los miles de dólares que cobraron por cada lote. Un negocio más que redituable.
Chihadeh no está ajeno a la política. Con discurso liberal con pose de empresario que cuestiona a la política y a los funcionarios, esconde que fue ñoqui del Senado Nacional entre 2015 y 2019, en el bloque del kirchnerista Partido para la Victoria contratado por Cristina Fiore. En ese tiempo, la hoy Ministra de Educación, trabajó en la oposición contra Gustavo Sáenz y en 2019 colaboró en la campaña a gobernador de Emiliano Estrada.
El presidente de CADISAL tampoco es un empresario de los mejores. A principios de año el Secretario General de la UOCRA de Salta, Rubén Aguilar, lo denunció por tener empleados en negro, no pagar los seguros de riesgo y someterlos a peligros de demolición. Sin embargo, es el elegido por los desarrolladores para representarlos. Por algo será…
Chihadeh, el año pasado despotricaba contra Aguas del Norte, fue contratado este año por Ignacio Jarsún para hacer las redes de agua y cloacas en los barrios abiertos y dicen que irán agregando como clientes de la empresa. Todavía nadie explica por qué Aguas del Norte pagaría estas obras cuando deberían hacerlo los empresarios que serán beneficiados, entre los que se cuentan el Grupo M-Day y Proyecto Norte.
Según fuentes internas de la empresa todos los barrios cerrados pasarán a ser operados por Aguas del Norte en un arreglo que parece beneficiar solamente a los desarrolladores y a Ignacio Jarsún. Cuando fue a firmar el contrato con Aguas del Norte, Chihadeh fue acompañado por uno de los socios de SEGHEBA, empresa creada en agosto de 2020 y que en plena pandemia sorprendió con la construcción de dos edificios.
Hace un año hubo cuestionamientos de un diario digital este difundió que el diputado nacional Carlos Zapata tenía pruebas de coimas de Aguas del Norte a los barrios privados. En ese tiempo se mencionaron grabaciones que habrían sido tomadas por un socio de la empresa SEGHEBA, registrando a un alto funcionario de Aguas del Norte pidiendo algunos lotes y dólares para garantizar algunos favores. Entre esos favores habrían figurado conexiones a las cloacas que trabaja esa empresa y la inclusión de loteos con miles de usuarios que pasarían a pagar jugosas sumas. Todo esto fue puesto en peligro esta semana con las decisiones judiciales y algunos funcionarios entraron en pánico.
En medio de las versiones vinculadas con la denuncia pública de Zapata quedó pegado el presidente Ignacio Jarsún, que dice haber comprado legalmente -y con esfuerzo- un lote en el nuevo barrio de Proyecto Norte llamado “Las Chuñas”. Las sospechas también alcanzaron a esta desarrolladora por los beneficios recibidos por algunas decisiones de Aguas del Norte. La familia Beccar Varela niega semejantes desprolijidades y dice que siempre actuó dentro de la ley. Carlos Zapata no mencionó más este tema.
El romerato contamina
A esto se sumó otro problema porque el barrio Vía Aurelia, comercializado por Magdalena Day e Ignacio Lupión, con apoyo político de los Romero, también apareció con desechos con alto contenido de materia fecal, los que se tiran en el Arenales. Según el laboratorio de la Secretaría de Recursos Hídricos un análisis realizado informa que supera miles de veces lo permitido. De 2000 “coleiformes fecales” que se permiten por unidad de medida, los análisis de este barrio superaron los 9.000.000 cuando lo inspeccionaron. Excrementos casi crudos.
Vía Aurelia es el barrio previsto para 1100 familias al que integraron al perímetro urbano consolidado justo cuando Day comenzó a vender los lotes y el Concejo Deliberante de Salta le otorgó una de las categorías más beneficiosas para edificar y ahorrarse el pago de los servicios de recolección de basura. No conformes con esto, le dieron una excepción para que pueda abaratar los costos con tendidos eléctricos aéreos a pesar de que el código de edificación municipal exige que los entierren. En tiempos de la intendencia de Bettina, el alfil del romerato Daniel Nallar también le perdonó el pago de millonarias sumas por impuestos. Con tanto privilegio la contaminación de ahora parece una pavada.
Avanza la justicia
El problema que se les ha presentado a todos es la contundente postura de la justicia. Por un lado la jueza María Victoria Mossman ha ordenado que no haya más vuelcos en el Río Arenales. Como el presidente de Aguas del Norte no cumplió con la paralización, y tampoco presentó un plan para mejorar la situación, le impuso una multa diaria de 500.000 pesos que no se sabe si pagará.
La investigación penal que se inició ayer podría sorprender si comienza a tirarse del hilo de funcionarios y empresarios que han logrado el milagro de la contaminación casi ilimitada, eliminando controles y vendiendo el discurso de la amistad con el medio ambiente. Nadie desconoce que si existe un empleado público que recibe alguna moneda por hacer la vista gorda, en el otro extremo de la cuerda siempre aparecerá el empresario que paga. Hasta cuándo?