El diputado nacional se enfrenta a un pedido de desafuero por presunto abuso de autoridad y peculado de servicios. La causa permanecerá en Salta, donde la Justicia avanza pese a las maniobras dilatorias de la defensa. La trama expone no solo posibles delitos, sino también los límites de la ética pública.
El diputado nacional Emiliano Estrada, al igual que el pastorcito mentiroso de los cuentos infantiles, debe, ahora, enfrentar su verdad y un panorama judicial cada vez más comprometido: el pedido de desafuero formalizado por la jueza federal Mariela Giménez y fundado por el fiscal Carlos Amad abre un proceso que, más allá de lo jurídico, pone a prueba la coherencia ética de la dirigencia política.
El caso, que investiga el presunto uso de fondos públicos para financiar una campaña de difamación en redes sociales a través de cuentas falsas, seguirá su curso en el Juzgado Federal N° 2 de Salta, luego de que la magistrada rechazara las pretensiones del juez porteño Sebastián Casanello y de la justicia provincial de trasladar la causa fuera del territorio. El argumento fue claro: los hechos, que involucrarían a empleados estatales bajo órdenes ilegales de Estrada, ocurrieron en Salta y en beneficio del propio diputado.
La estrategia de la evasión
Estrada realizó un despliegue de recursos técnicos y argumentos procesales que parecen más una estrategia de evasión que una defensa real. El abogado del legislador, Jorge Ovejero, cuestionó la participación simultánea de distintas fiscalías —federales, de ciberdelitos, y otras— y adujo “una situación desprolija” que, según él, responde a motivaciones políticas.
La jueza Giménez, sin embargo, no solo desestimó esos argumentos, sino que llamó la atención al defensor por su falta de síntesis y le recordó que la cuestión de fondo —la imputación— aún estaba pendiente.
La ausencia de Estrada en la audiencia clave de formalización fue el punto de quiebre. Amparándose en la apelación pendiente sobre la competencia, el diputado decidió no presentarse. Pero la jueza fue clara: ese planteo no tiene efecto suspensivo. El fiscal Amad fue todavía más categórico: “Se parapetó en un privilegio inadmisible para no concurrir a la audiencia”. En base a eso, solicitó el desafuero.
Delitos que exceden el debate jurídico
El Ministerio Público sostiene que Estrada incurrió en dos delitos: abuso de autoridad y peculado de servicios. En palabras del fiscal, el diputado “ordenó a empleados públicos crear cuentas falsas para dañar a otros, usando tiempo y recursos pagados por el Estado para beneficio propio”. Es decir, no solo se investiga una transgresión a la ley, sino una falta grave a la ética pública que, en cualquier funcionario, debería ser intolerable.
Mientras tanto, la defensa impugnó el pedido de desafuero, lo que ahora deberá resolver la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. La pelota, si el recurso no prospera, pasará a la Cámara de Diputados de la Nación, donde los legisladores tendrán que decidir si habilitan el avance judicial o encubren a un par bajo el paraguas del fuero parlamentario.
Los fueros no son impunidad
La causa Estrada vuelve a encender un debate que la política argentina se niega a resolver: la función real de los fueros parlamentarios. Tal como recordó el fiscal Amad, se trata de una garantía para la libertad de expresión dentro del recinto legislativo, no de una licencia para cometer delitos. “No tiene fueros si se agarra a trompadas en la calle, tampoco si usa empleados públicos para fines personales”, ironizó.
Un espejo incómodo
En un contexto de descrédito generalizado hacia la política, este caso es un espejo incómodo. Un diputado que esquiva la Justicia, un aparato judicial que avanza a pesar de las presiones y un Congreso que deberá elegir entre la complicidad o la transparencia. Estrada aún no está formalmente imputado, pero el solo hecho de que el pedido de desafuero haya prosperado debería ser suficiente para exigirle explicaciones públicas.
El tiempo judicial avanza, lento pero constante. El político que alguna vez se mostró como un renovador de la política salteña ahora se enfrenta a su mayor prueba: demostrar que no usó el poder que se le confió para manipular desde las sombras, con las herramientas del Estado, la opinión pública. Y si no puede probarlo, aceptar las consecuencias. Sin atajos ni fueros.
La causa que ya tiene dos condenados
El 13 de mayo dos asesores del diputado nacional salteño Emiliano Estrada, figura de Unión por la Patria, fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión por el delito de intimidación pública, tras admitir que difundían noticias falsas contra el gobernador Gustavo Sáenz, empresarios y periodistas. Lo hicieron, según consta en la causa judicial, por instrucciones directas del propio legislador, que hasta ahora elude el proceso judicial gracias a sus fueros.
La causa marca un precedente judicial inédito: la utilización sistemática de redes sociales para difundir desinformación fue considerada un delito penal autónomo, orientado a instalar temor y desestabilizar políticamente.
Los condenados, Alonso Javier Allemand y Florencia Inés Bustamante Arias, fueron hallados culpables tras un juicio abreviado celebrado en el Juzgado de Garantías Séptima Nominación de Salta, a cargo del juez Pablo Zerdán. Ambos admitieron haber participado de la campaña de desprestigio y se les impuso, además de la prisión condicional, una serie de restricciones, como no utilizar redes sociales para difundir contenido y realizar cursos sobre ética pública.
Según la investigación de la fiscal de Ciberdelitos Sofía Cornejo, los videos falsos fueron difundidos mediante cuentas anónimas de TikTok, con el objetivo de asociar a Salta con el narcotráfico y sembrar el miedo en la población. El material, que generó impacto a nivel provincial, presentaba hechos inventados, como una supuesta internación del gobernador por consumo de drogas.
Uno de los puntos más comprometedores del expediente es la declaración de Bustamante Arias, quien no solo confesó su participación, sino que identificó al diputado Estrada como el autor intelectual de la maniobra. “Me encuentro afectada a trabajar bajo las órdenes del diputado nacional Emiliano Estrada, quien en todo momento me impartió órdenes y directivas de los trabajos que realicé o encargué”, expresó en un escrito.
Bustamante detalló cómo se crearon cuentas falsas como La Casta de Sáenz, La Casta Salteña y Los Informantes Salta para atacar selectivamente a figuras políticas, periodistas y empresarios de la provincia. A pedido del diputado —según sus propias palabras—, los contenidos eran diseñados con el objetivo de dañar la imagen del gobernador Sáenz y de otros dirigentes como Solano Navarro (Canal 10), Guillermo Kripper, los intendentes Baltasar Lara Gros y Julio Jalil, la exministra Pamela Calletti, etc.
La condena subraya la gravedad institucional de los hechos: dos empleados públicos usaron recursos del Estado para operar políticamente desde la oscuridad de cuentas anónimas, mientras el funcionario que los comandaba, se escuda en sus fueros para no responder ante la Justicia.
El caso, más allá de sus consecuencias penales, plantea un interrogante inquietante: ¿cuántos otros legisladores usan el aparato público para hostigar, intimidar y manipular a la opinión pública desde las redes, sin rendir cuentas?
