Pese a que la violencia machista va en aumento en Salta -alrededor de un femicidio cada diez días en lo que va del año-, el Estado provincial demora la implementación de proyectos educativos para desenraizar la dominación patriarcal. (Franco Hessling)
Antes de abordar el hecho puntual de este artículo periodístico conviene rememorar una de las consideraciones de la ley provincial 7.857 -prorrogada mediante ley 7.946-: “Es primordial revertir los patrones de conducta basados en la superioridad de uno de los sexos, y en los estereotipos, tradiciones y creencias asignados a varones y mujeres donde predomina el varón por medio del ejercicio de algún tipo de violencia (…). Amerita la declaración de la emergencia pública en materia social por violencia de género, implementando todas las medidas tendientes a erradicar este flagelo” (el remarcado es propio).
Los arcanos de la burocracia provincial se empeñan en que uno considere que no se ha comprendido la magnitud del problema ni el imperativo de la “emergencia”. El comienzo de año puso de manifesto que la peor consecuencia de la violencia machista, el femicidio, no sólo está vigente sino que también ha recrudecido como reacción mecánica del patriarcado ante la avanzada del movimiento de mujeres. Esa afirmación abstracta se traduce en víctimas con nombre y apellido: Andrea Neri (18) el 5 de enero, ese mismo día Élida Santillán (35), y Carolina Saracho (28) el 24 de enero. La lista de mujeres muertas en Salta en lo que va del año suma también a Jimena Salas y Daniela Guantay, y totaliza prácticamente en un femicidio cada 10 días.
De aquí pa’ allá
En el marco de la convulsión causada por la luctuosa primera semana de enero, se conformó la mesa provincial Ni una menos. Tomando en consideración algunas discusiones surgidas al calor de las reuniones de la mes, el Instituto de Educación Superior “Abuelas de Plaza de Mayo” (Nº6.053) presentó el 19 de enero un proyecto al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para que se obrasen lo necesario a los fines de implementar una “cátedra itinerante de Género” y crear “un trayecto formativo bajo la forma de Tecnicatura”, sobre la misma área temática. El texto fue dirigido a la supervisora Elsa Pinikas, quien se encuentra bajo la órbita de la Dirección General de Educación Superior.
Como los días pasaban y no había respuestas, desde la institución terciaria optaron por surcar otros caminos en el Estado provincial. Le presentaron la misma propuesta al observatorio contra la violencia hacia las mujeres “Rosana Alderete”, creado en el marco de la emergencia y puesto en marcha desde el día uno de 2015. Con reflejos notariales admirables, el observatorio Alderete derivó el trámite a la Subsecretaría de Políticas de Género, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, sin añadiduras ni más entusiasmo que una nota remitiendo lo presentado por el establecimiento Abuelas de Playa de Mayo.
El 3 de febrero, a dos semanas de la primera iniciativa y a poco de iniciarse el ciclo lectivo, la subsecretaria de Políticas de Género, Rosaura del Carmen Gareca, asesorada por la letrada Flavia Salim, elevó un “informe técnico” al Secretario de Derechos Humanos, Federico Uldry Fuentes, en el que “se considera oportuna la aprobación de la cátedra y carrera de género bajo la forma de una Tecnicatura en el Instituto de Educación Superior Nº 6053”.
Además, el documento elaborado por Gareca y Salim asevera que “existe una clara necesidad de favorecer el desarrollo de una sociedad basada en la igualdad real de todos sus miembros, en el respeto de las diferencias construidas histórica y culturalmente”. No sólo divaga en señalamientos de diagnóstico, también sugiere ejes temáticos para el diseño de la cátedra itinerante y la tecnicatura en género: introducción a la perspectiva de género, conceptos básicos sobre sexo y género (estereotipos, normas, roles y valores), desigualdad y discriminación, marco jurídico, mujeres y derechos humanos, y teorías feministas.
Con tal herramienta en mano, y con la misma astucia del observatorio Alderete, Uldry Fuentes reencausó el expediente -que a estas alturas sumaba la propuesta original del instituto superior y el informe técnico de la Subsecretaría de Políticas de Género-. El 6 de febrero se lo envió al contador público nacional Oscar Sebastián Otero, quien funge como coordinador general del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia.
Emulando a los funcionarios anteriores -exceptuando a las autoras del informe técnico-, Otero no hizo más que derivar el expediente. Con la elipsis milimétrica de un boomerang, la carpeta volvió a caer en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, esta vez a través de la Coordinación General, ocupada por Enrique Barrios. El envío de Otero a Barrios se formalizó el 9 de febrero. Desde entonces, el proyecto para “contribuir a reducir los niveles de violencia contra las mujeres” descansa en las oficinas de la cartera educativa a cargo de Analía Berruezo, una de las únicas dos mujeres del gabinete provincial (trece ministerios incluyendo la Jefatura de Gabinete).
“Estamos trabajando en eso”
Una de las autoras de la propuesta educativa, la docente Esmeralda Siuffi, ensaya una explicación de porqué, pese a la evidente urgencia y a la legislada emergencia, el Ministerio de Educación no dispone los medios necesarios para poner en marcha la idea. “Tal vez a causa de nuestra doble identidad como institución educativa y de derechos humanos, nuestra propuesta tiene mayor eco en la Subsecretaría de Políticas de Género que en la Dirección General de Nivel Superior”, expresó ante la inquietud de este semanario.
Por su parte, Elsa Pinikas, la supervisora que recibió la primera copia del proyecto -el 19 de enero pasado-, le remarcó a Cuarto Poder que “las dos presentaciones que hizo el instituto de forma independiente generaron una reunión conjunta entre nosotros de Educación y la gente del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia”. Acotó que el encuentro se realizó recién la semana pasada, con el calendario lectivo en marcha y la violencia machista en ascenso.
Consultada por tal dilación, Pinikas adujo que “el avance es lento porque la propuesta del instituto es solamente una idea”, desconociendo así el informe técnico de la Subsecretaría de Políticas de Género, también adosado al expediente. Sobre esto, Siuffi fundamentó que para realizar el proyecto pedagógico con todos sus pormenores se necesitarían fondos, implicaría tareas que van más allá de las ocupaciones actuales que cada docente y miembro del terciario tiene. Si hay interés, sugirió la licenciada en Ciencias Políticas, el ministerio de Educación debería convocarlos y asignar un presupuesto. Dada la situación de emergencia, nada que implique políticas tendientes a erradicar la violencia hacia las mujeres sería un gasto ocioso.
La supervisora general improvisó otro desligamiento burocrático al derrotero de la iniciativa educativa: “Derechos Humanos (se refiere a la Secretaría) ya viene haciendo a menudo este tipo de cátedras”. En referencia al apremio de poner en marcha la cátedra itinerante y, a mediano plazo, la tecnicatura en Género, Pinikas admitió no tener precisiones sobre cuándo se harían efectivos tales objetivos aunque adelantó que hay interés del Ministerio de Educación en que el proyecto del instituto Abuelas de Plaza de Mayo se materialice. “No sé cuándo se va a implementar finalmente pero estamos trabajando en eso”, remató haciendo propia la muletilla del gobernador Juan Manuel Urtubey.
