La situación en el norte de la provincia cada vez es más complicada y afecta el desarrollo de todos los habitantes. Actualmente rige la emergencia sanitaria en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia. (Guadalupe Macedo)

El gobierno provincial declaró la emergencia socio sanitaria en enero del 2020 como consecuencia de la sequía más importante de los últimos 40 años sumado al surgimiento de la pandemia mundial y la falta de acceso a la salud de los habitantes de este espacio, la Cámara de Diputados de Salta aprobó la Emergencia sociosanitaria con una extensión por 180 días más de la emergencia sociosanitaria.

Esta emergencia se agudiza con la problemática de desalojo y usurpación de tierra que se viven en estos territorios por lo que “Las Naciones y Pueblos Originarios que habitamos este País, estamos exigiendo a los señores Diputadas y Diputados que realicen una sesión para tratar la Ley 26160 de emergencia territorial indígena antes del 23 de noviembre que se vence, es urgente y necesaria la Prorroga de la Ley para que se sostenga la suspensión de desalojos y se termine el relevamiento territorial” versa el comunicado.

En los departamentos del norte donde rige la emergencia sanitaria existe gran numero de fallecimiento de niños de pueblos originarios ocasionados por la desnutrición. Según el último informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que se llevó a cabo en el mes de octubre. Las principales dificultades que se detectaron en la región son: “en el acceso a la documentación, a la Asignación Universal por Hijo (AUH), a las pensiones por discapacidad, así como problemas de índole territorial, fallas estructurales en el sistema de salud, riesgo nutricional en niñas y niños, entre otras vulneraciones de derechos” según el informe.

Otra dificultad que remarca el informe es la implementación del plan Refuerzo Estival que estipula la apertura de escuelas comedores en estos departamentos. Otra problemática que se detecta en la región es la falta de aplicación de la Ley Provincial N° 7856, que tiene la función de mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y de la comunidad en general, la reglamentación y aplicación efectiva de la ley 7856 permitirá la construcción de un paradigma del sistema de salud que permita su adecuación intercultural y el acceso pleno, sin barreras ni discriminación, a los derechos históricamente vulnerados.

La falta de acceso al agua potable y a la alimentación son los principales problemas de estos territorios, “todas estas problemáticas se profundizan estructuralmente al estar atravesadas por un grave contexto de discriminación hacia los pueblos originarios de la zona” analiza el informe. La falta de acceso al agua potable y a la alimentación que “ocasionan un alto riesgo nutricional y de salud en niñas y niños”. Sumado a “la ausencia de un sistema sanitario adecuado, que en sus limitadas intervenciones resulta discriminatorio con las comunidades” informa autoridades de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

Los principales riesgos nutricionales en la salud de los niños y niñas de la zona agravan día a día la situación. No se establecen acciones concretas que reviertan la situación por falta de planes de acción y políticas publicas que trabajen de manera integral la problemática. Hay que tener en cuenta que la provincia de Salta presenta una mayor diversidad cultural en materia de pueblos originarios en Argentina. Existe una ausencia del cumplimiento al “derecho a la participación y consulta indígena, la tala ilegal de bosques y la falta de pozos de agua”, expresa el documento de la ACIJ. Los pueblos originarios como el Guaraní, Wichí y Toba (Qom) vienen denunciando y reclamando la problemática del desmonte “se vienen realizando desmontes ilegales por parte de un empresario de apellido Ortega y aunque eso se denunció, se sigue deforestando”. Otra problemática es la falta de entrega de títulos comunitarios sobre las tierras. Esto impide el acceso al recurso hídrico ya que es un requisito que solicita la provincia para dar acceso a las redes de agua domiciliarias.

En cuanto a la problemática del agua según un relevamiento de la Cruz Roja en zona de Santa Victoria “para febrero del 2020 -cuando se declaró la emergencia-, el 84% de los encuestados declaraba haber tenido diarrea por más de dos días en el último mes. Para julio del 2020, después de que se empezara a distribuir agua potable en la zona, ese número bajó al 22%, y para marzo del 2021 al 20%”. Dando a conocer como el consumo de agua potable mejora la salud de las personas. Tener pozos de agua no es suficiente, como explica Rodrigo Cuba, Subsecretario de Desarrollo Humano en Cruz Roja. La calidad del agua no es buena y según los análisis realizados presentan altos niveles de arsénico.

En los departamentos que se encuentran en emergencia existen más de diez pueblos originarios donde cada uno tiene sus respectivas culturas y cosmovisiones. Existe una gran violencia estructural es está zona por: “el despojo territorial y en la consecuente falta de acceso al territorio comunitario es un aspecto crucial para comprender la desigualdad histórica que padecen estas comunidades y que recae con mayor rigor sobre la población más vulnerable, niños y niñas” según ACIJ. A esto tenemos que sumarle el grave contexto de discriminación hacia los pueblos originarios que existen en el país.

La situación en el norte de la provincia es crítica y coloca al estado en la obligación de corregir de manera rápida las desigualdades estructurales e históricas que padecen estos sectores. Se necesita dar la participación y actuación conjunta de las comunidades originarias, las organizaciones de la sociedad civil y de los actores territoriales para elaborar políticas concretas que resuelvan de manera integral las problemáticas.

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