En sintonía con el desplome de su imagen, la intendenta Bettina Romero apuesta a criminalizar la protesta social y a reflotar el viejo estigma mantero. Mensajes contradictorios y detenciones a traición en una semana de intensos papelones políticos.

De agosto de 2020 a abril de este año la imagen negativa de la intendenta Bettina Romero se catapultó más de 20 puntos según estudios de la consultora DC. Para el octavo mes del año pasado, esos guarismos abarcaban al 29,5% de los capitalinos; en tanto que tres meses después, en noviembre de 2020, el 46,3% de los encuestados refirió tener una imagen «mala» o «muy mala» de la mandataria. Un último relevamiento realizado entre el 20 y el 22 de abril da cuenta de que esa variable trepó al 49,9%, alcanzando su punto máximo en los 15 meses que lleva de gestión.

Sumergida en un combo de trivialidad y falta de ideas, la intendenta echó mano a viejas prácticas del marketing político, según las cuales es más facil unir a la sociedad en contra de algo que a favor de algo. Lo que comúnmente se llama estrategia del «Underdog» o, en criollo, del «perro apaleado».

Sorpresivamente (o no) en la semana que culmina las cotidianas expresiones de odio de clase emanadas desde el poder se direccionaron hacia uno de los más vapuleados actores de la economía informal. Sin que la coyuntura efectivamente lo exija, manteros, vendedores ambulantes, carreros, artistas y otros changarines que osan llevar su actividad al microcentro capitalino, se convirtieron en el blanco de la persecuta municipal.

En ese direccionamiento, los altos mandos comunales intentaron a cualquier costo involucrar a una buena parte de la opinión pública que considera que bajo la categoría de «mantero» se encuadran las más peyorativas expresiones de lo no deseable: Pobres, ilegales, inmigrantes, etc. Lo hicieron, como de costumbre, a través de la enorme ingeniería mediático-publicitaria que el año pasado implicó el desembolso de $167 millones de las arcas municipales.

Otros, como el concejal Ángel Causarano, contribuyeron ad-honorem a la lacrimógena causa señalando que en la provincia habitan unos 250 ciudadanos senegaleses que, a su precario entender, «causan problemas». Su intervención en las devaluadas discusiones del recinto deliberativo le valió, incluso, el repudio de la delegación Salta del INADI.
Pero, como se dijo, tal ensañamiento no responde a las más elementales requisitorias de las barriadas, sino a la necesidad de revivir un viejo estigma público en beneficio propio. De hecho, los sondeos más recientes reflejan que el estado de las calles, la falta de desmalezado y la presencia de microbasurales, al igual que en los últimos 25 o 30 años, rankean como las problemáticas más urgentes a resolver por la gestión bettinista. Pero mientras el anclaje aspiracional de la hija de Juan Carlos no se circunscriba al perímetro municipal y mientras estigmatizar manteros sea más barato que reponer pavimento, los barrios seguirán esperando.

Y quienes, por cierto, entienden un poco más sobre la realidad periférica y los artilugios de Romero para gambetearla, son las organizaciones sociales que esta semana llevaron su hartazgo hasta Paraguay 1240. En dos tensas jornadas de lucha, militantes de la organización K Unidos y Organizados plantearon al municipio la necesidad de dar continuidad a los planes de desmalezado y mantenimiento que los involucraba como cooperativistas y que, según aducen, la municipalidad está subejecutando. «De los millones que llegaron al municipio, sabemos que sólo se utilizó la mitad», manifestó la referente de la organización Oriana Rufino a este medio. Aunque la identificación era explícita, muchos portales optaron por referenciar a los manifestantes como «manteros», incluso varias horas después del suceso.

Aquel miércoles, la demanda de unas 5600 familias quedó sepultada bajo los titulares del aparato propagandístico bettinista, que no dudó en catalogar los actos como «violentos» y a los manifestantes como «patoteros», entre otros epítetos. La propia intendenta aprovechó el envión para grabar un mensaje de alto contenido victimista en el que exigió «que se respete el diálogo, la propiedad privada, los edificios municipales y los trabajadores».

Casualmente, y a pesar de la enorme maquinaria comunicacional que el municipio tiene a su disposición, no trascendió un sólo registro de actos de violencia hacia trabajadores municipales o hacia la propiedad privada por parte de la organización. A la mañana siguiente, tras culminar la reunión a la que formalmente habían sido invitados los referentes de la protesta, la policía de la provincia detuvo en forma repentina a ocho dirigentes.
La orden partió del Juzgado de Garantías N° 3 por pedido de la fiscala Penal N° 5, Gabriela Buabse. Pero la denuncia había sido radicada un día antes por el abogado de la Dirección General de Procesos Judiciales, Carlos Alberto Lezcano, en nombre de la Municipalidad de Salta por «ingreso a la fuerza, daños y amenazas». Los estaban esperando. O más bien habían sido llevados para ese fin. En la guerra eso se llama emboscada, en el barrio se le dice traición. Apenas unas horas antes en su peripatético video y con el semblante rígido, la intendenta Romero había manifestado: «Quédense tranquilos todos los trabajadores que seguiremos por el camino del diálogo».

Quizás haya omitido mencionar la jefa comunal que, cuando hablaba del camino del diálogo, se refería al que suelen tomar sus emisarios, puesto que rara vez comparte mesa con sectores que la interpelan. Lo manifestaron los propios integrantes de Unidos y Organizados antes de ingresar al CCM cuando dejaron en claro que no querían hablar con intermediarios. Según explicaron a los medios, esto siempre llevó a que las respuestas se dilaten y las fechas se modifiquen.

En el entorno bettinista comienza a aflorar el desencanto ante estas prácticas y cada vez cuesta más justificarlas. La constante evasión de la alcaldesa al hecho elemental de poner el rostro ante los reclamos terminó por inflar los ánimos del excoordinador Bernardo Racedo Aragón. Pero lejos de asumir en lo que siempre debió haber sido su rol, Romero puso al frente a Daniel Nallar y a Santiago Lynch. Este último se excusó argumentando que hablar con cualquier funcionario de Bettina es como dirigirse a ella, puesto que son parte de un mismo equipo de trabajo.

Muy atrás quedaron aquellas expectativas generadas en campaña, cuando Titi hablaba de grandes predios feriales a disposición de los manteros, minimizando la problemática ambulante a un trámite, tal como lo hiciera su referente Mauricio Macri con la inflación. La realidad, en cambio, la tienta con «soluciones» más rudimentarias y menos dialoguistas, tales como poner al frente de la Dirección de Espacios Públicos al exjefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta, Vicente Cordeyro. En una de sus primeras intervenciones mediáticas, el amistoso funcionario atinó a decir que hay 19 equipos de inspectores y policías que circulan todas las noches para evitar que los vendedores ambulantes se ubiquen fuera del horario autorizado. Al fin y al cabo, para el diálogo hay otros funcionarios y para la poli, nada mejor que otro poli.

Finalmente queda interrogarse cuál será la respuesta de trabajadores, militantes y manteros a la insolencia municipal ¿no habrán sido las acciones bettinistas las detonantes de una escalada conflictiva? Por otro lado, los genuinos militantes de la juventud kirchnerista cada día menos disfrazados en su colaboracionismo con el CCM ¿Aprobarán la detención y criminalización a traición de sus propios compañeros de militancia?