Roberto Adaro, del Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad, escribió un artículo sobre la eliminación de las retenciones a la minería y la justificación de Macri: considerar que la medida incentiva las inversiones.

El texto fue publicado en la edición de hoy de Página 12 y lo reproducimos íntegro:

“Mediante el Decreto 349/2016, el presidente Mauricio Macri eliminó las retenciones a las exportaciones mineras, que representaban para el Estado algo más de US$ 200 millones. Desde diciembre de 2007 se aplicaba un porcentaje de retención a las ventas externas del sector a través de una disposición de Aduana, que extendía el marco general de retenciones implementadas desde 2002, en virtud de las ganancias extraordinarias que obtenían las mineras por el elevado precio de los metales.

El gobierno nacional justifica la nueva medida a partir de considerar que las retenciones han desincentivado inversiones; pretende una comparación tributaria con Chile, Perú, Colombia y Brasil; se justifica en la pérdida de competitividad de las pymes, y en la potencial pérdida depuestos de trabajo. Afirma también “que la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario”. Luego alude al federalismo, a la reactivación de la economía y a la prosperidad del país.

Nuestra historia económica ha comprobado que reducir tributos no redunda en mayores inversiones y más puestos de trabajo, sino en mayores ganancias en manos privadas; más aún tratándose de empresas trasnacionales. Si bien las Pymes mineras son mayoría en el sector, su participación es menor en el valor bruto de la producción y menos aún en las exportaciones. Si los derechos de exportación percibidos por el Estado Nacional ocasionaban un “problema federal”, quizás la alternativa era coparticiparlos, tal como en su momento se hizo con el Fondo Federal de la Soja. No se brindan argumentos que puedan contrastar la “incidencia negativa” de las retenciones, versus los perjuicios directos para el Estado de una menor recaudación, en un contexto en el que el propio gobierno justifica despidos y políticas de ajuste en base a un supuesto déficit fiscal exagerado.

Se refuerza la matriz impositiva regresiva –dejando más en manos de quienes ya tienen mucho– y se desfinancia el Estado a cambio de promesas y expectativas de inversión: el gobierno concede estos beneficios sin asegurarse a cambio nada de lo que promete, ya sean inversiones, aumento de producción o más puestos de trabajo.

Al respecto, Barrick Gold en su informe anual de resultados y proyecciones para 2016, menciona una reducción de sus costos por onza de oro de US$ 946 en 2015, a US$ 900/830 para 2016, con precios que superan los US$ 1200 por onza. La empresa destaca que la devaluación del peso influye en la baja de sus costos, y asimismo, espera beneficiarse del levantamiento de las restricciones a la importación. Nada dice de nuevas inversiones.

El marco legal e institucional que sustenta la actividad minera fue “perfeccionado” en los años noventa, de igual modo que durante esa década se perfeccionaron las políticas económicas, sociales y culturales de corte neoliberal, iniciadas por la dictadura. Con la liberación y el fomento por parte del estado, del acceso a los capitales trasnacionales en un sector estratégico como la minería, se complementaba el llamado enfoque monetario de la balanza de pagos (EMBP). Se promueve que los déficits del sector externo podían solucionarse por vía de la cuenta de capitales; o sea endeudándonos cuando importábamos más de lo que exportábamos. Así creció nuestra deuda externa. Cuando esto no fue suficiente, se malvendieron las empresas públicas por vía de las privatizaciones. Como tampoco alcanzó, se ofreció al capital trasnacional lo poco que quedaba: nuestros recursos naturales, y los minerales con ellos.

Uno de los principales impulsores de la reformas en la regulación minera durante el gobierno de Menem y funcionario de aquel fue Daniel Meilán, actual secretario de Minería del gobierno de Macri.

El EMBP desembocó en la crisis del 2001, y sus consecuencias económicas, políticas y sociales. La eliminación de las retenciones a la minería se enmarca en un conjunto de medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri que dificultan la producción industrial nacional, recortan barreras a la importación, desfinancian al Estado, y promueven el endeudamiento como alternativa de financiamiento. Una especie de déjà vu menemista, que esperemos, tenga un devenir distinto de aquel”.