“Gracias Rosenkrantz, Highton y Rosatti por esta hermosa fiesta”, reza una consigna que se difundió junto con las imágenes de la enorme concentración del miércoles. El repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que pretendió aplicar el doble cómputo de la detención cumplida al represor Luis Muiña, fue instantáneo y masivo, pero el agradecimiento debe extenderse al gobierno nacional y a la Iglesia Católica Apostólica Romana, gestores de la decisión.
Los ostensibles gestores del fallo de la Corte, en el gobierno y en la Iglesia Católica Apostólica Romana, llevan diez días tratando de desasociarse de sus resultados, desde que percibieron lo extenso e intenso del malestar social. Esta nueva tentativa de impunidad es la última de una larga serie, que comenzó con los hechos mismos, cuando la primera Junta Militar decidió que la herramienta escogida de sus operaciones clandestinas sería la desaparición forzada. Continuó con el “servicio de reconciliación” de 1982, el documento final y la autoamnistía de 1983 y, ya en democracia, con los alzamientos castrenses, las leyes y decretos de impunidad, las mesas de diálogo y reconciliación impulsadas por militares, políticos y eclesiásticos y los pedidos de amnistía. Que gobierno y obispos no hayan podido imaginar antes las consecuencias de semejante fallo, se debe al aislamiento de la realidad en que viven y nada es más sorprendente que la sorpresa que los sorprendió ante la sorpresiva decisión del tribunal.
23 horas, 44 minutos
La ley que concretó la respuesta de los órganos de la soberanía popular frente al desatino de un poder nunca tan contramayoritario es de las más rápidas que se recuerden. Desde que comenzó a sesionar la Cámara de Diputados, el martes a las 15.18, hasta que se levantó la sesión del Senado, el miércoles a las 15.02 sólo transcurrieron 23 horas y 44 minutos. Apenas en situaciones excepcionales de cambio de régimen, como la amnistía de 1973, puede encontrarse parangón. La única excepción en las dos cámaras fue la solitaria campera amarilla del diputado sojero en tierras fiscales Alfredo Olmedo, denunciado por explotar trabajo esclavo, partidario del regreso del Servicio Militar Obligatorio y la pena de muerte. Ningún otro diputado ni senador se opusieron a la ley reparatoria. Tanto políticos de la Alianza Cambiemos como prelados de la entidad confesional pretenden que se trató de una decisión pura y exclusiva de los tres jueces que deben su asiento en la Corte al presidente Maurizio Macrì, dos por acción y una por omisión. No parecería que hayan obtenido mayor credibilidad.
En cuanto se conoció el fallo, se pronunció alborozado el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural Claudio Avruj. Luego del acto del miércoles 10 explicó que, cuando fue consultado por primera vez, no había leído el fallo, por lo cual no opinó sobre la cuestión de fondo sino sólo acerca de la división de poderes y el respeto al fallo. Eso sólo es cierto para su primera declaración, la mañana del miércoles 3, en la radio AM750: “Tenemos que ser respetuosos, es un fallo de la justicia”. Pero por la noche, en el programa Terapia de Noticias, que emite la señal LN+, fue mucho más lejos. Dijo que defendía el fallo y encomió a Rosenkrantz y Rosatti. “Hay un espacio moral que hay que respetar, que es el cumplimiento de la ley y la ley no dice que el 2×1 no es aplicable para delitos de lesa humanidad. Por eso defiendo o respeto este fallo, porque es el principio de igualdad ante la ley y los que estamos en funciones de derechos humanos o Justicia tenemos que preservar ante todo punto de vista la igualdad ante la ley porque si no, si acomodás el discurso, te convertís exactamente en aquello que estás condenando”. Ese es claramente el mismo funcionario que la tarde del 20 de marzo, en la ciudad de Washington, en compañía de Siro de Martini, asesor del ministro de Justicia Germán Garavano, solicitó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Franciso Eguiguren, y a su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, que durante la visita a la Argentina que realizarán la semana próxima reciban a las asociaciones de familiares y amigos de los represores presos por crímenes de lesa humanidad y al Nuncio apostólico, quienes abogarían a favor de ellos. El fallo de la Corte satisfacía esa pretensión y Avruj lo celebraba, a diferencia de su colega bonaerense Santiago Cantón quien hizo público su desacuerdo con el fallo porque no respetaba las obligaciones del derecho internacional de los Derechos Humanos que obliga al Estado argentino a investigar y castigar en forma proporcional los más graves delitos contra el género humano.
Sí, no y todo lo contrario
Pero a medida que pasaron las horas y fue indisimulable la reprobación general, Avruj comenzó el replanteo. Lo hizo mediante un comunicado oficial de la Secretaría, que “considera inadmisible la solicitud por la desproporcionalidad en la aplicación de la pena violando garantías constitucionales, además de que no se puede pretender la aplicación de la Ley Penal Más Benigna (en este caso el 2×1), dado que era una Ley que no se encontraba vigente al momento que el imputado se encontraba privado de su libertad. Atento la normativa internacional incorporada a nuestra Constitución, no pueden acogerse al beneficio que hubiera otorgado la Ley del 2×1 aquellas personas que se encuentren imputadas por delitos de lesa humanidad”, es decir exactamente lo contrario de lo que sostuvo el día anterior. También hizo circular la oposición expresada por la Secretaría en un expediente de Tucumán a la excarcelación solicitada invocando el fallo de la Corte por el ex jefe de la llamada “Fuerza de Tarea Aconquija”, Carlos Eduardo Trucco. Llamado a explicar ese viraje, que nunca reconoció como tal, dijo que “a medida que fueron pasando las horas, y fuimos profundizando y hablando con el ministro (de Justicia, Germán Garavano) y el jefe de Gabinete (Marcos Peña Braun), entendimos que había que salir a criticar fuertemente y plantear la posición, oponiéndonos”. Trató de salvar su situación personal, comprometida desde que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron su renuncia y le dijo a la radio Con Vos: “Estoy comprometido con los derechos humanos. En ningún momento hice en mis palabras una defensa de cualquier atajo que se quiera utilizar para conmutar las penas de los represores. En todos los delitos, soy defensor de que las penas son para cumplirlas”. También pidió “retomar el diálogo serio y maduro con los organismos” y dijo que había intentado comunicarse con Estela de Carlotto. Por último fue al punto que más interesa al Poder Ejecutivo: “Es un error mezclar la decisión de la Corte como una política del Gobierno”. Entre la primera y la última de estas poluciones se atropellaron para poner distancia con el amenazante tsunami de indignación que avanzaba la vicepresidente Gabriela Michetti, el ministro de Obras Públicas Rogelio Frigerio, el Hada Buena bonaerense, el senador Federico Pinedo y una variopinta caterva de radicales, que van a los tropezones, trajinando su crisis de identidad y pérdida de sentido entre Alfonsín y Macrì, de ida y vuelta.
Pocas Voces
El fallo fue impulsado por el gobierno pensando en el millón de votos de la denominada familia militar, pero la reacción furibunda de la sociedad le hizo pensar que aún cuando fidelizara esa clientela que en un 85 por ciento ya había optado por Macrì en la segunda vuelta de 2015, era más lo que tenía para perder. En su largo viaje a Dubai, China y Japón el presidente podrá conversar con el contador Gerardo Morales, quien hizo algo parecido: relevó al jefe y subjefe de su policía por la irrupción de dos patrulleros en el autonómico predio de la Universidad Nacional de Jujuy y ordenó la detención de los autores directos. Pero lo hizo después de tres días de respaldarlos y repetir la absurda versión de que actuaron contra ruidos molestos y excesivo consumo de alcohol. La consecuencia fue una rebelión policial, con marcha incluida frente a la casa de gobierno y un comunicado denunciando la traición del gobernador por cumplir sus directivas.
Por eso ante los proyectos que fueron presentando los distintos bloques de la oposición, el oficialismo decidió que no podía quedarse al margen. El ex ministro radical Ricardo Gil Lavedra trabajó sobre un proyecto del fiscal Paul Parenti y produjo un texto presentable. En las reuniones de labor parlamentaria la oposición acordó el texto finalmente aprobado. La Alianza Cambiemos objetó el artículo 1º, aquel que dice que el 2×1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional”. El resto de los bloques insistió. El negociador de PRO, Pablo Tonelli, pidió tiempo para una consulta y terminó por aceptar. De otro modo Cambiemos no hubiera votado en bloque y la fragilidad legislativa de PRO hubiera quedado a la vista, junto con su reticencia hacia el derecho internacional de los Derechos Humanos. No podían permitírselo y terminaron aceptando el texto tal como lo recibieron. Tonelli resume en sí mismo la metamorfosis del radicalismo. Como secretario de Justicia de Raúl Alfonsín, su padre, Ideler Tonelli, fue el inspirador de tres intentos fallidos por detener los juicios en la década de 1980: las instrucciones a los fiscales (que provocaron la renuncia del camarista Jorge Torlasco, uno de los que habían condenado a Videla, Massera & Cia), el punto final, que terminó con más procesados de los que el gobierno nunca había temido, y la obediencia debida, que marcó la bancarrota del primer gobierno de la democracia posdictatorial. El estudio familiar tiene entre sus clientes a empresas del Grupo Macrì y Pablo es diputado por el PRO.
En la Cámara de Diputados sólo Anabella Ruth Hers Cabral cuestionó desde el PRO el contenido del fallo de la Corte Suprema. Dijo que había pedido una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que ordene al Estado argentino que se abstenga de aplicar el 2 x 1 en crímenes de lesa humanidad, que no pueden ser amnistiados o sus penas conmutadas. En cambio, Tonelli defendió el fallo y dijo que el problema estaba en la ley 24.390 y su aplicación una vez derogada (ultraactividad), por lo cual se requería una norma “que constituya una interpretación auténtica”, de modo que sólo pueda beneficiar a quienes padecieron prisión preventiva en el lapso de vigencia, de 1994 a 2001. Para el radical Ricardo Alfonsín, quien encomió el juicio a las juntas impulsado por su padre, la Corte Suprema ignoró la doctrina y la jurisprudencia internacional. No se privó de cuestionar las tentativas de Macrì por relativizar el número de detenidos y el feriado del 24 de marzo. Su correligionario Horacio Goicoechea dijo que había que predicar la reconciliación, el perdón y la misericordia, con cita incluida del papa Francisco que no venía a cuento. Para el presidente del interbloque, el radical cordobés Mario Negri, el consenso edificado a partir de 1983 en torno de los derechos humanos, y las obligaciones internacionales del Estado hacen que ninguna norma permita amnistiar, indultar, aplicar cosa juzgada, penas irrisorias o hacer reducciones, en caso de crímenes de lesa humanidad. La heroína radical Elisa Carrió, que ahora corre con la casaca de la Coalición Cívica, coincidió con Rosatti en que el problema no es la Corte sino el Congreso, que no legisló para llenar ese vacío. Eso no es cierto: la ley 27156 de 2015, presentada por el ex diputado Horacio Pietragalla y citada en el artículo 1º de la nueva norma, sí lo hizo. Carrió se autoelogió a sí misma por todo lo que actuó en la materia, cuestionó ritualmente a Zaffaroni, proclamó enfática que la justicia no es venganza y pronunció una frase enigmática sobre “los soldados de Formosa”. En el senado el radical Oscar Castillo celebró la división de poderes, “aunque parezca irónico”, lo cual suena a confesión. Parece irónico. Consideró que los jueces Rosatti y Rosenkrantz son jóvenes honestos que por ir demasiado rápido “para cerrar una brecha difícil se han convertido en esa patrulla extraviada” e hizo crípticas referencias a Ezeiza y a los asesinatos de Rucci y Mor Roig. El ex vicepresidente Julio Cleto Cobos desdeñó el fallo que “va a contramano de lo que venimos haciendo en materia de Derechos Humanos” y celebró el trabajo conjunto de las dos cámaras “para recuperar el contrato social que debe regir” al respecto. La radical tucumana Silvia Pérez afirmó que no imaginaba a Macrì designando a Milani, consideró un invento que la Corte se hubiera alineado con el Poder Ejecutivo, descargó toda la responsabilidad en los jueces, recordó que Rosatti fue ministro de Justicia de Kirchner y volvió a hablar del curro de los Derechos Humanos. El cordobés de PRO Ernesto Martínez dijo que los firmantes del fallo “no han comprendido nada de lo que fue la historia argentina” y que hay que pensar en la pobreza, la indigencia, la creación de trabajo, las nuevas oportunidades, la educación para todos, la igualdad. Para el radical de Santa Cruz Alfredo Martínez “lo saludable de este horrible fallo es que funcionó como una vacuna” y rescató la disidencia de Maqueda y Lorenzetti. Pinedo agregó que los representantes del pueblo y de las provincias argentinas dejaban en claro el pensamiento de la sociedad en esta materia. La cordobesa presidente del bloque de PRO, Elena Rodríguez Machado, y el radical Angel Rozas dijeron que en 2013 hubo un fallo similar que benefició con el 2×1 al coronel Antonio Herminio Simón. Pasaron por alto que el silencio de un 280, el artículo que permite a la Corte no pronunciarse sobre un fallo de Cámara sin fundamentarlo, no genera precedente jurisprudencial. Por último la contadora radical mendocina Pamela Verasay dijo que era hora de mirar hacia adelante. Quedó claro que para el macrismo había más premura por eludir el tsunami que convicciones al respecto, salvo Hers Cabral y Daniel Lipovetzky que no habló pero presentó un estimable proyecto. Para el oficialismo de la Corte la ley fue una soga arrojada al náufrago. Su sanción e inmediata promulgación por parte de Macrì, que hasta pronunció las palabras crímenes de lesa humanidad, refuerza la ficción enunciada por Rosatti y Carrió: no podían haber hecho otra cosa. Si así fuera, reiterarían la peregrina teoría sobre la ley penal más benigna en estos casos y declararían inconstitucional la interpretación auténtica de la flamante ley 27.362. No lo harán. Por el contrario, han pedido todos los expedientes en los que se haya solicitado la aplicación del 2×1 para sacarse la pesadilla de encima lo antes posible, para que la esposa de un juez deje de llorar y los hijos de otro de maldecirlo.
Nubes de incienso
Ni el bellísimo botafumeiro de la catedral de Santiago de Compostela relleno de carbón e incienso bastaría para lanzar el humo que disimule el compromiso de la Iglesia Católica Apostólica Romana con el fallo repudiado. Y no por falta de voluntad de esconder la mano que lanzó la piedra. Todos quieren salvarse y señalar en otra dirección. Los infaltables voceros oficiosos, políticos, eclesiásticos y periodísticos, pretenden que el Papa está enojado con los obispos y hasta se llega a sugerir que José María Arancedo y Mario Poli lo traicionaron, al impulsar el proceso de reconciliación invocando sus palabras e informando que le habían comunicado las actuaciones. Su colaborador personal Víctor Manuel Fernández, el obispo Tucho que conduce la PUCA, dijo en un reportaje que Bergoglio “siempre insiste en que en los delitos de lesa humanidad hay que aplicar la ley sin atenuantes”, que “la palabra reconciliación está muy cargada de preconceptos, e incluso de la idea de impunidad” y que en muchos casos no hay arrepentimiento ni reconocimiento de “la falta” cometida, expresión notablemente benévola. Lástima que no ofrezca alguna cita que demuestre esa presunta posición, como es habitual en los documentos eclesiásticos, o que el propio inquilino de Santa Marta no se pronuncie. Del otro lado, el actual presidente de la Iglesia argentina, José María Arancedo, hizo saber que no está dispuesto a cargar con el costo de la operación fallida, cuando en su realización estaba involucrado el representante de Bergoglio en la Argentina, el nuncio Emil Paul Tscherrig. Arancedo recibió en Santa Fe a familiares de detenidos desaparecidos para que se sepa que considera “desacertado” el fallo, con el que se declara en desacuerdo. “Es la Corte la que ha decidido. No tenemos nada que ver”. Les dijo que para la Iglesia Católica “la palabra reconciliación no significa impunidad” sino justicia y que la reparación a las víctimas “es cumplir la condena”. Le echó la culpa a “un despliegue mediático”, mientras sus operadores de prensa explican que sólo repitieron lo que decían sus fuentes en el episcopado. ¿Pues entonces quien lo tiene? Para el arzobispo de La Plata Héctor Aguer, el fallo de la Corte se ajustó a derecho y su aclaración legislativa “una reacción espasmódica e inválida”. El flamante obispo castrense, Santiago Olivera, designado por Bergoglio con acuerdo de Macrì, dijo que su institución reconoció “que actuó mal durante la dictadura”, en el jubileo del año 2000. Notable autoindulgencia. A participar en aquella teatralización celebrada en Córdoba, cuando Bergoglio ya era arzobispo de Buenos Aires y uno de los vicepresidentes de la Iglesia argentina, fue invitado el jefe del Ejército de entonces, Ricardo Brinzoni, pero ninguna víctima del terrorismo de Estado. Brinzoni había planteado interrumpir los juicios por la verdad y reemplazarlos por una mesa de la reconciliación para llegar a la Memoria Completa, un método y una expresión que le fueron sugeridos por Bergoglio, según le confesó el militar a nuestra compañera Nora Veiras. Igual que ahora, la operación fue acompañada por una decisión judicial: la Cámara de Casación Penal (Gustavo Hornos, Amelia Berraz, Ana María Capolupo) intentaron detener los juicios por la verdad, al prohibir que declararan como testigos miembros de las Fuerzas Armadas. La decisión, abundante en citas del Sistema Interamericano de Protecciòn de los Derechos Humanos, llevó letra del ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra.
La “Confesión de los pecados contra los derechos humanos”, que se leyó en la liturgia de la reconciliación en Córdoba puso en un mismo plano “la violencia guerrillera y la represión ilegítima” y sólo admitió que los obispos “hemos sido indulgentes con posturas totalitarias, lesionando libertades democráticas que brotan de la dignidad humana”, por lo cual suplicaron a Dios “que acepte nuestro arrepentimiento y sane las heridas de nuestro Pueblo”. Los obispos pidieron perdón a Dios, no a las víctimas, por los actos de otros, no los propios (“por los silencios responsables y por la participación efectiva de muchos de tus hijos”…) en una variedad de hechos como el atropello a las libertades, la tortura, la delación, la persecución política y la intransigencia ideológica, “en las luchas y las guerras y la muerte absurda que ensangrentaron nuestro país”. El enviado papal Rosalío Castillo Lara, equiparó justicia con venganza, como se repite en el fallo del 2×1.
En 2010, cuando Bergoglio ya había sido el cardenal más votado después de Joseph Ratzinger en el concilio que eligió al sucesor del papa Wojtyla, el episcopado que presidía tramitó ante el gobierno nacional una nueva amnistía para todos los detenidos por crímenes de lesa humanidad. Por azar fui testigo del momento preciso en que ocurrió. Al concluir la misa del Bicentenario el entonces secretario de Culto, Guillermo Oliveri me invitó a acompañarlo a dependencias internas de la Basílica de Luján, para saludar al arzobispo Agustín Radrizzani, a quien conocí cuando era auxiliar del admirado obispo de Neuqúen Jaime de Nevares, uno de los más persistentes denunciantes del terrorismo de Estado. Todavía con la mitra en la cabeza, Agustín nos estrechó la mano y en mi presencia le entregó una carpeta a Oliveri. Contenía un fajo de cartas mimeografiadas, con decenas de firmas al pie cada una, cuyo texto se reproduce en esta página. En síntesis, afirman estar presos por haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o de seguridad o haber ocupado funciones públicas durante “nuestra desgraciada guerra interior en los años 70” y piden una amnistía, que llaman “acto recíproco de olvido”. Entre las firmas se leen las de los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Benito Bignone, los generales Santiago Omar Riveros y Héctor Cabanillas, el comisario Miguel Etchecolatz y el sacerdote Christian von Wernich, el Turco Julián y El Nabo Barreiro, un ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, varios miembros del grupo de tareas de la ESMA, los procesados por la masacre de Margarita Belén y otro centenar de ex militares, marinos, policías, penitenciarios y agentes civiles de Inteligencia. Junto con las cartas, Radrizzani también entregó a Oliveri la hoja manuscrita que puede leerse en esta página. Como no iban acompañadas por una nota formal, el gobierno decidió devolver la carpeta sin respuesta. Pero alcancé a sacar una copia de esos documentos históricos que no permiten que los obispos y su papa argentino finjan demencia sobre su rol en la enésima operación fallida en pro de la impunidad.
Amén.
Fuente: Página 12
