En el caso de las turistas francesas, había sido condenado a perpetua por el Tribunal de Impugnación, medida que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora la Sala IV del Tribunal de Impugnación dictó el sebreseimiento basado en el principio del plazo razonable.
El Tribunal resolvió sobreseer a Santos Clemente Vera, acusado por el doble homicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en 2011 en la Quebrada de San Lorenzo.
A partir de este fallo, Vera vuelve al estado en que había quedado tras el fallo del primer Tribunal que lo absolvió por la duda razonable.
La decisión, adoptada tras más de 13 años de dilaciones procesales, se fundamentó en la extinción de la acción penal por vulneración del plazo razonable consagrado por la Constitución Nacional y tratados internacionales.
El fallo destaca que el prolongado tiempo transcurrido desde la apertura de la causa afectó derechos fundamentales como la seguridad jurídica, el debido proceso y la garantía de una resolución en tiempo razonable, tal como lo establecen el artículo 18 de la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Este sobreseimiento significa otra bofetada al polémico Tribunal de Impugnación que condenó a Santos Clemente Vera a Prisión Perpetua, cuya actuación fue duramente cuestionada también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Un proceso judicial extenso
Vera pasó más de diez años en prisión entre 2011-2014 y 2016-2023 sin que su situación procesal obtuviera una definición firme. El tribunal subrayó que, si bien el caso presentó una alta complejidad debido a la cantidad de acusados, pruebas periciales y testimonios, estas circunstancias no justifican las demoras excesivas.
Asimismo, se destacó que la conducta de Santos Clemente Vera durante el juicio no fue dilatoria y que su defensa actuó dentro de los derechos procesales, lo que refuerza la idea de que el sistema judicial falló al no garantizar un proceso en tiempo oportuno.
Este fallo cierra uno de los casos más resonantes de los últimos años en Salta, pero deja una fuerte crítica al sistema judicial por las demoras que afectaron los derechos de los involucrados y la garantía del debido proceso.