El vicegobernador Antonio Marocco, convocó a los legisladores para las 10.30. El intendente Miguel Atta Gerala, detenido en su domicilio desde la semana pasada, se encuentra acusado por el saqueo de rieles y material ferroviario en el ramal C-25.
El Senado de la Provincia de Salta convocó para este martes 19 de noviembre a una sesión especial con el objetivo de tratar la intervención del Municipio de Coronel Juan Solá (Estación Morillo). La convocatoria fue formalizada a través de la resolución presidencial N° 12/2024, firmada por el vicegobernador Antonio Marocco, quien destacó la urgencia de la situación.
La sesión se llevará a cabo a las 10.30 y tiene como propósito tratar la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que propone la intervención del municipio de Morillo, a raíz de la grave situación procesal de su actual intendente, Atta Miguel Gerala. El jefe comunal se encuentra detenido en su domicilio, acusado de estar involucrado en el robo de rieles y material ferroviario perteneciente al ramal C-25, un delito que afecta directamente al patrimonio del Estado nacional.
Según informaron fuentes del gobierno provincial, la decisión de intervenir el municipio fue tomada luego de evaluar las implicancias legales y políticas del caso, especialmente considerando la gravedad de las pruebas que vinculan a Gerala con el delito, así como la situación procesal de otros implicados, entre ellos su hijo, José Miguel Gerala, quien también estaría involucrado en los hechos delictivos.
A pesar de que inicialmente se había descartado la intervención, la complicación del panorama judicial y la permanencia de los funcionarios en el cargo, entre ellos el propio intendente, llevaron al gobernador Gustavo Sáenz a reconsiderar la medida. La intervención, que se concretará esta misma semana, se justifica por la necesidad de garantizar la continuidad del funcionamiento administrativo del municipio y, al mismo tiempo, facilitar el avance de la investigación judicial.
Fuentes cercanas al gobierno señalaron que el interventor será una persona de confianza del gobernador, vinculada al ámbito de las políticas con pueblos originarios, aunque aún no se ha confirmado su identidad.
Este será el cuarto municipio intervenido por el gobierno provincial desde 2020, en un contexto de creciente preocupación por la corrupción y el mal manejo de fondos públicos en varios distritos de la provincia.