ALEJANDRO SARAVIA
Hay discursos que, sin necesidad de levantar la voz ni señalar directamente a los responsables, tienen la virtud de poner a una sociedad frente a sus propias contradicciones. Las palabras del papa León XIV en el Palacio Libertad y, posteriormente, en la Universidad Católica Argentina, pertenecen a esa categoría. No fueron solamente intervenciones pastorales. Contuvieron una reflexión económica, social e institucional que, leída en clave argentina, adquieren la dimensión de un reproche.
Una frase pronunciada en el Palacio Libertad merece una atención especial: «Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños».
No es una observación menor. Es una pregunta que interpela a toda la dirigencia argentina y que va mucho más allá de las dificultades coyunturales de una economía. ¿Cómo puede explicarse que un país con semejante dotación de recursos naturales, una población con alto nivel de formación y una tradición universitaria reconocida internacionalmente, extremos a los cuales se refirió León XIV, no consiga ofrecer a sus nuevas generaciones un horizonte de realización?
La Argentina tiene tierras productivas, energía, minerales estratégicos, reservas de agua, capacidad científica, universidades, profesionales y trabajadores calificados. Sin embargo, una parte de sus jóvenes encuentra que el futuro está en otra parte. No emigran necesariamente porque les falte formación, iniciativa o voluntad de trabajo. Muchas veces se marchan precisamente porque tienen esas capacidades y no encuentran aquí las condiciones para desarrollarlas.
El interrogante papal tiene, por eso, una profundidad que conviene no eludir: el problema argentino no es solamente cuánto produce, cuánto exporta o cuánto consigue acumular. También es qué hace con sus recursos humanos, qué oportunidades construye y cómo distribuye los frutos de su riqueza.
En la Universidad Católica, ante empresarios, sindicalistas, trabajadores y académicos, León XIV completó aquella reflexión con una definición que constituye el eje de la doctrina social de la Iglesia: «La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía», conceptos que había anticipado en el Palacio Libertad.
El Pontífice cuestionó una concepción que reduce el trabajo a su rendimiento económico, advirtió sobre las consecuencias del desempleo y reclamó políticas públicas estables orientadas al pleno empleo y la inclusión social. También recordó que el destino de los bienes no puede separarse de la responsabilidad hacia las generaciones futuras.
No se trata de una discusión religiosa. Es una cuestión de filosofía política y de organización económica. ¿Cuál es la finalidad última de la economía? ¿El equilibrio de las cuentas, la rentabilidad del capital y la acumulación de riqueza, o la creación de condiciones para que las personas puedan vivir dignamente y desarrollar sus capacidades?
La pregunta adquiere particular actualidad frente a un debate argentino que suele quedar atrapado entre dos extremos: quienes identifican cualquier intervención estatal con una distorsión del mercado y quienes suponen que la sola presencia del Estado garantiza justicia social. Ninguna de esas simplificaciones resuelve el problema. Lo que está en discusión es la calidad de las instituciones, la orientación de las políticas públicas y la capacidad de construir un proyecto de desarrollo sostenible.
Hay, además, una contradicción que merece ser examinada. Mientras el país dispone de recursos naturales que despiertan el interés de inversores de todo el mundo, no consigue articular una estrategia que convierta esa riqueza en empleo calificado, investigación, innovación y oportunidades para sus habitantes. La explotación de los recursos no puede constituir un objetivo en sí mismo: debe traducirse en desarrollo humano.
El Papa no presentó un programa de gobierno ni pretendió intervenir en la controversia política argentina. Pero sus palabras dejaron planteada una cuestión que ningún gobierno puede esquivar: el éxito de una economía no debería medirse solamente por sus indicadores macroeconómicos, sino también por la posibilidad que ofrece a sus ciudadanos de construir aquí su proyecto de vida.
La emigración de los jóvenes no es simplemente una decisión individual ni un fenómeno demográfico. Cuando adquiere dimensiones persistentes, expresa una falla colectiva. Cada joven que se marcha representa una inversión educativa, un talento y una expectativa que la sociedad no consigue retener.
Tal vez allí resida el verdadero sentido del reproche de León XIV. Un país no fracasa por carecer de riquezas, sino cuando, teniéndolas, no logra convertirlas en oportunidades para su gente. Y una nación que obliga a sus jóvenes a buscar afuera el futuro que no encuentra adentro debería preguntarse, seriamente, qué está haciendo con su presente.
La dirigencia política, entendiendo dentro de ella a la estatal en general, obviamente también a los integrantes del sistema judicial, así como a la económica, la empresarial, la sindical, debería hacerse cargo de ese reproche que no abarca sólo a los que ahora están, sino también a los que estuvieron y, valga la licencia, a los que estarán. Acá, responsables somos todos, pero, claro, algunos mucho, muchísimo, más que otros.