El Supremo Tribunal Federal brasileño anuló todas las causas contra Luiz Inácio Lula da Silva. Recuperó los derechos políticos que perdió debido a las condenas del Lava Jato. Está en condiciones de enfrentar a Jair Bolsonaro en los comicios del año próximo.
El juez Luiz Edson Fachin dejó sin efecto las condenas viciadas de intenciones políticas y carentes de pruebas consistentes. Las causas del Lava Jato, por las que el expresidente debió purgar 580 días en una celda solitaria del cuarto piso de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, desde abril de 2018 hasta marzo de 2019 no correspondían a la sala 13 del juzgado federal de primera instancia de Curitiba.
A partir de esa decisión las causas serán tramitadas en la justicia federal de Brasilia.
El abogado defensor del líder del Partido del Trabajo, Cristiano Zanin Martins, dijo que Recibieron con serenidad la decisión del Juez Fachin, que acogió el habeas corpus que presentaron en noviembre de 2020.
La apelación, por parte de la Procuraduría General de la República, a la decisión judicial no está descartada. Tampoco la elevación al Plenario del Supremo, por voluntad de Jair Bolsonaro.
El Supremo está compuesto por once miembros, divididos en dos alas: lavajatistas y antilavajatistas. Es decir, simpatizantes y adversarios de la lawfare.
Fachin, está considerado juez lavajatista, por eso sorprendió con esta decisión, inspirada en motivos más políticos que judiciales.
Con la recuperación de sus derechos, el jefe del PT logró la más importante victoria después de cinco años de encarnizada batalla contra el Lawfare. Siempre aseguró ser inocente y renunció a cualquier invitación para dejar el país o asilarse en alguna embajada.
Un sondeo publicado el domingo en el diario O Estado muestra que a pesar de su encarcelamiento y haber sido silenciado por parte de las empresas periodísticas dominantes, Lula se ubica en torno al 50%, contra el 38% de Bolsonaro, con vistas a las presidenciales de 2022.
La titular del PT, Gleisi Hoffmann, sostuvo que «la anulación de las condenas responde a un pedido de justicia de la sociedad brasileña y la comunidad internacional, de la lucha de nuestra militancia y los que creyeron en la inocencia de Lula, a pesar de las barbaridades cometidas por Moro».
Como era de esperarse, el presidente Bolsonaro acusó al juez Fachin de mantener «fuertes vínculos con el PT» y retomó parte de su discurso proselitista de 2018, al asegurar que el «pueblo» no querrá volver a tener un gobierno de izquierda. En su momento, ese discurso fue exitoso, porque ponía del otro lado de la balanza a un gobernante presuntamente corrupto, pero con el paso del tiempo cambió, cuando el pueblo vivió y vive en carne propia las peripecias de un gobierno militar/cívico.
El sector militar ya empezó a salir a la prensa a decir que el retorno del PT al ruedo no sería bueno para el país, aunque sin poner la cara.
Tampoco el mercado se alegró con el regreso del ex primer mandatario. Eso se pudo ver en la baja del 3,9% de la Bolsa de Valores de San Pablo y la suba del 1,6% del dólar.
La causa del Lava Jato surgió en 2014 por una coalición de fuerzas del campo conservador unidas para acabar con el ciclo de gobiernos del PT.
Fue el multimedio Globo, el que, por maniobras del Juez Moro, intoxicó el ambiente político y el ánimo de la gente hasta desembocar en el golpe que derrocó a Dilma Rousseff en mayo de 2016. Ese fue el primer paso. El objetivo principal era impedir la candidatura y el posible tercer mandato de Lula, en 2018, para cual crearon un proceso con base en pruebas inconsistentes, testimonios de arrepentidos que fueron coaccionados y maniobras articuladas con los procuradores de Curitiba. Todo esto quedó al descubierto en julio de 2019, cuando el sitio The Intercept comenzó a publicar las transcripciones y los audios de las conversaciones de Moro con el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol.
No quedan dudas de que cada movimiento apuntó a que el político permaneciera en prisión y quedara fuera de la carrera hacia el Planalto. Bolsonaro fue electo gracias a una operación que fue la continuidad del golpe de 2016. Moro cobró un buen precio por su papel en el «Grupo de Tareas de Curitiba», nombrado por Bolsonaro como ministro de Justicia y Seguridad.