Agrupaciones políticas y universitarias, centros vecinales, fundaciones y cooperativas, insisten en que la reforma de la Carta Orgánica Municipal no debe dejar de lado la incorporación del presupuesto participativo mediante el cual los vecinos de la cuidad decidirán sobre cómo usar el dinero público. (Aníbal Roldán)
Los primeros en plantear la necesidad de incorporar ese punto en las discusiones en torno a la reforma de la Carta Orgánica Municipal, fueron los integrantes del recientemente formado Partido Socialista para la Victoria de Salta. Lo hicieron en la reunión del jueves 4 de septiembre a la que fueron invitados por el municipio en el marco del diálogo por la reforma. No obstante, insisten en que los que llevan la voz cantante siguen concentrados en discusiones que involucran directamente a la clase política (creación del cargo de vice intendente, duración del cargo de concejales, limites a los mandatos de los intendentes, etc.) olvidando aquellas cuestiones que involucran una participación directa de los ciudadanos en la cosa pública.
En ese sentido, optaron por sacar una solicitada dirigida al intendente Miguel Isa en la que afirman acordar con la iniciativa de reformar la Carta Orgánica municipal, pero declarando su preocupación por el escaso tratamiento del tema del presupuesto participativo. Conviene recordar que esa es una modalidad que permite a los ciudadanos intervenir directamente en la definición sobre en qué gastar los recursos púbicos previamente destinados a tal fin. La modalidad nació a fines de los ochenta en la ciudad de brasileña de Porto Alegre, cuando el Partido de los Trabajadores (PT) que dirigía Lula asumió por primera vez el gobierno municipal e implementó el PP a contramano de la hegemonía neoliberal, como un modo de democratizar las decisiones de la nueva gestión a la que llamó Gobierno de Administración Popular. En nuestro país comenzó a desarrollarse tras la crisis del 2001-2002 con las primeras experiencias de Buenos Aires (interrumpida en el año 2006) y de la ciudad de Rosario, donde aún está vigente. Actualmente alrededor de 60 municipios distribuidos en 14 provincias lo aplican. La suma de la cantidad de población en cada una de las ciudades que lo aplican representa el 28% del total de población de nuestro país. La mayoría de ellas son ciudades grandes y/o capitales de provincia.
En ese marco, los que impulsan la incorporación del mecanismo en la nueva Carta Orgánica, pretende seguir haciendo ruido. Para ello nuclearon a distintos sectores tras una solicitada que se publicaría antes de llevarse adelante la Audiencia Pública sobre la reforma de la carta orgánica, el día jueves 2 de octubre. Sobre el contenido de la solicitada, informaron que exigirá que el mecanismo se incorpore con el objeto de que su implementación no dependa de la voluntad de un ejecutivo en particular y posibilite que ante futuros incumplimientos, las organizaciones de la sociedad civil puedan recurrir a la Justicia con el objeto de hacer cumplir con lo que la ley manda. Asimismo, enfatizaría el escrito, que un mecanismo como el mencionado favorece mayor participación ciudadana, es acorde a los tiempos que se viven, factible de realización, jurídicamente válido y geográficamente localizable en municipios del país.
Hasta ahora, los firmantes incluyen a partidos políticos chicos como el Socialismo para la Victoria, el Nuevo Encuentro Salta, el Movimiento Patria Grande Salta y agrupaciones universitarias como el “Frente Independiente”. A ellos se sumaron centros del Barrio Hernando de Lerma, Castañares, Villa 20 de Junio; Primera Junta; San Francisco Solano y algunas fundaciones y cooperativas que poseen trabajo territorial.